El palo y la zanahoria
Resumen:
En la CDMX se acaba de dar uno de los episodios más vergonzosos para las autoridades electorales.
La autonomía no se da por decreto. Para que exista requiere más que su reconocimiento legal, necesita ejercerse, y ello depende de la voluntad de quienes integran las instituciones que tienen ese carácter. Frente a un régimen autoritario que pretende imponer su hegemonía en todos los ámbitos, no es sencillo, porque las expectativas de desarrollo profesional pasan por la decisión exclusiva del grupo en el poder y el riesgo de represalias por apartarse de la línea que éste les trace es palpable.
La autonomía no se da por decreto. Para que exista requiere más que su reconocimiento legal, necesita ejercerse, y ello depende de la voluntad de quienes integran las instituciones que tienen ese carácter. Frente a un régimen autoritario que pretende imponer su hegemonía en todos los ámbitos, no es sencillo, porque las expectativas de desarrollo profesional pasan por la decisión exclusiva del grupo en el poder y el riesgo de represalias por apartarse de la línea que éste les trace es palpable.
Transcripción:
En la CDMX se acaba de dar uno de los episodios más vergonzosos para las autoridades electorales.
La autonomía no se da por decreto. Para que exista requiere más que su reconocimiento legal, necesita ejercerse, y ello depende de la voluntad de quienes integran las instituciones que tienen ese carácter. Frente a un régimen autoritario que pretende imponer su hegemonía en todos los ámbitos, no es sencillo, porque las expectativas de desarrollo profesional pasan por la decisión exclusiva del grupo en el poder y el riesgo de represalias por apartarse de la línea que éste les trace es palpable.
Si el acoso a la ministra presidenta Norma Piña por defender la independencia judicial ha llegado al punto de perfilar su destitución con una reforma que, para someter a ese poder, generaría tremendo caos e incertidumbre, poniendo en riesgo la llegada de inversiones e, incluso, la revisión del T-MEC en 2026, imagínense el mensaje para los demás servidores públicos. No necesitan siquiera escuchar insinuaciones para ver sobre sus cabezas la espada de Damocles, aunque no es extraña la amenaza explícita. La soberbia de los nuevos empoderados muestra desprecio por las formas y por cualquier vestigio de pudor.
En la CDMX se acaba de dar uno de los episodios más vergonzosos para las autoridades electorales. No extraña que la coalición oficialista busque hacer trampa para sobrerreprentarse, en eso estamos, pero ahí ni siquiera se debate una interpretación constitucional y tanto el IECM como el TECDMX avalaron el más grotesco y burdo fraude a la ley. Después de la elección y antes de instalarse el Congreso, siete diputados plurinominales de Morena decidieron cambiar de partido entre sus aliados coaligados para que entren sus compañeros de lista en detrimento de los partidos opositores. La diferencia en las urnas entre estos y el oficialismo fue de un punto, pero después del chanchullo pasa a 30 en la composición parlamentaria. Por oponerse al atraco, diputados morenistas exigieron la destitución de la consejera Carolina del Ángel y amagaron con juicio político. El mal ejemplo ya cundió en los estados de Hidalgo y Sinaloa, donde repitieron la misma desvergonzada maniobra, y no está claro que, en las mermadas Salas Regionales o en la Sala Superior, corrijan tales abusos.
No es cualquier cosa que Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, haya proyectado la integración de la Cámara de Diputados en la conferencia mañanera del Presidente. A diferencia de los ciudadanos que tienen permitido todo lo que no está prohibido, los servidores públicos sólo pueden hacer lo que la ley les faculta explícitamente y aquí hay una clara usurpación de funciones. Además de la reminiscencia del viejo régimen, donde esa dependencia controlaba los procesos electorales, es imposible no ver la presión que eso conlleva a quienes tienen la responsabilidad de resolver las asignaciones de representación proporcional. La próxima presidenta de Morena habla como tal desde su cargo en el gabinete para dictarle a instituciones autónomas lo que deben hacer. Reaparece la triada que creíamos superada: Estado-gobierno-partido.
Si la democracia mexicana perece, será porque sus instituciones le fallaron. No es fácil para los integrantes del INE y del TEPJF, en la decisión más importante que tomarán durante su encargo, resistir a las presiones de un régimen que se jacta del uso arbitrario de su mayoría y no duda en echar mano de instancias estatales para premiar y castigar.
La experiencia dice que la obediencia es apreciada, a tal grado que ni los pésimos resultados o los mayores escándalos de corrupción lograron remover funcionarios leales por más malos e impresentables que sean: Ignacio Ovalle, Manuel Bartlett, Hugo López-Gatell, Ana Gabriela Guevara, por mencionar sólo algunos, siguen en altos puestos de gobierno.
Se acerca la hora de la verdad y los presagios no son buenos. El Tribunal Electoral decidió calificar la elección presidencial sin desahogar infinidad de recursos contra la intervención del Presidente y, en algunos casos, declarándolos prescritos porque las instancias previas tardaron en resolver. Los argumentos contra la sobrerrepresentación triplicada son sólidos, lo que falta es que la independencia se imponga a la obediencia, a pesar del palo y la zanahoria.
La autonomía no se da por decreto. Para que exista requiere más que su reconocimiento legal, necesita ejercerse, y ello depende de la voluntad de quienes integran las instituciones que tienen ese carácter. Frente a un régimen autoritario que pretende imponer su hegemonía en todos los ámbitos, no es sencillo, porque las expectativas de desarrollo profesional pasan por la decisión exclusiva del grupo en el poder y el riesgo de represalias por apartarse de la línea que éste les trace es palpable.
Si el acoso a la ministra presidenta Norma Piña por defender la independencia judicial ha llegado al punto de perfilar su destitución con una reforma que, para someter a ese poder, generaría tremendo caos e incertidumbre, poniendo en riesgo la llegada de inversiones e, incluso, la revisión del T-MEC en 2026, imagínense el mensaje para los demás servidores públicos. No necesitan siquiera escuchar insinuaciones para ver sobre sus cabezas la espada de Damocles, aunque no es extraña la amenaza explícita. La soberbia de los nuevos empoderados muestra desprecio por las formas y por cualquier vestigio de pudor.
En la CDMX se acaba de dar uno de los episodios más vergonzosos para las autoridades electorales. No extraña que la coalición oficialista busque hacer trampa para sobrerreprentarse, en eso estamos, pero ahí ni siquiera se debate una interpretación constitucional y tanto el IECM como el TECDMX avalaron el más grotesco y burdo fraude a la ley. Después de la elección y antes de instalarse el Congreso, siete diputados plurinominales de Morena decidieron cambiar de partido entre sus aliados coaligados para que entren sus compañeros de lista en detrimento de los partidos opositores. La diferencia en las urnas entre estos y el oficialismo fue de un punto, pero después del chanchullo pasa a 30 en la composición parlamentaria. Por oponerse al atraco, diputados morenistas exigieron la destitución de la consejera Carolina del Ángel y amagaron con juicio político. El mal ejemplo ya cundió en los estados de Hidalgo y Sinaloa, donde repitieron la misma desvergonzada maniobra, y no está claro que, en las mermadas Salas Regionales o en la Sala Superior, corrijan tales abusos.
No es cualquier cosa que Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, haya proyectado la integración de la Cámara de Diputados en la conferencia mañanera del Presidente. A diferencia de los ciudadanos que tienen permitido todo lo que no está prohibido, los servidores públicos sólo pueden hacer lo que la ley les faculta explícitamente y aquí hay una clara usurpación de funciones. Además de la reminiscencia del viejo régimen, donde esa dependencia controlaba los procesos electorales, es imposible no ver la presión que eso conlleva a quienes tienen la responsabilidad de resolver las asignaciones de representación proporcional. La próxima presidenta de Morena habla como tal desde su cargo en el gabinete para dictarle a instituciones autónomas lo que deben hacer. Reaparece la triada que creíamos superada: Estado-gobierno-partido.
Si la democracia mexicana perece, será porque sus instituciones le fallaron. No es fácil para los integrantes del INE y del TEPJF, en la decisión más importante que tomarán durante su encargo, resistir a las presiones de un régimen que se jacta del uso arbitrario de su mayoría y no duda en echar mano de instancias estatales para premiar y castigar.
La experiencia dice que la obediencia es apreciada, a tal grado que ni los pésimos resultados o los mayores escándalos de corrupción lograron remover funcionarios leales por más malos e impresentables que sean: Ignacio Ovalle, Manuel Bartlett, Hugo López-Gatell, Ana Gabriela Guevara, por mencionar sólo algunos, siguen en altos puestos de gobierno.
Se acerca la hora de la verdad y los presagios no son buenos. El Tribunal Electoral decidió calificar la elección presidencial sin desahogar infinidad de recursos contra la intervención del Presidente y, en algunos casos, declarándolos prescritos porque las instancias previas tardaron en resolver. Los argumentos contra la sobrerrepresentación triplicada son sólidos, lo que falta es que la independencia se imponga a la obediencia, a pesar del palo y la zanahoria.