Batean demanda contra las armerías
Resumen:
Un juez de distrito de Boston desestimó ayer la demanda presentada por México contra seis de los ocho fabricantes de armas de Estados Unidos a los que reclama 10 mil millones de dólares por considerarlos en parte responsables de la violencia criminal en el país.
Transcripción:
Un juez de distrito de Boston desestimó ayer la demanda presentada por México contra seis de los ocho fabricantes de armas de Estados Unidos a los que reclama 10 mil millones de dólares por considerarlos en parte responsables de la violencia criminal en el país.
Sin embargo, dicho fallo "no afecta" el litigio contra Smith & Wesson e Interstate Arms, "ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas", respondió la Secretaría de Relaciones Exteriores, que puntualizó que ya están analizando la posibilidad de apelar o demandar en otras cortes de ese país.
En la resolución de 28 páginas del juez Dennis Saylor, se establece que la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno mexicano contra las armerías en 2021 "no tiene jurisdicción" sobre las seis empresas bajo la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés).
El caso queda desestimado para Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Century International Arms, Colt's Manufacturing Company, Glock y Sturm & Ruger.
Para el juez, la pregunta principal en este caso era si la demanda contra estos fabricantes surgía "de sus transacciones comerciales en Massachusetts", concluyendo que la conexión con el estado "es, en el mejor de los casos, muy tenue".
En el fallo, detalló que ninguna de estas armerías se ha establecido en Massachusetts y que no tienen responsabilidad sobre el uso de sus productos dentro o fuera de Estados Unidos.
El juez argumentó que México carece de pruebas suficientes para establecer jurisdicción respecto a la responsabilidad de vender armas de forma ilegal y "responsabilizar a estas empresas por actos ilícitos cometidos por quienes las usan para propósitos personales". Tras este revés, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que "al tratarse de una estrategia de litigio amplia", se están valorando los pasos a seguir.
"Es importante destacar que la demanda de México en Boston continúa en contra de Smith & Wesson e Interstate Arms", señaló la canciller Alicia Bárcena, quien además puntualizó que "esta decisión no afecta la demanda contra ambas firmas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis".
"Las acciones contra estas seis empresas continúan. México está analizando, entre otras medidas, si presenta una apelación o demanda en otras cortes estadounidenses", respondió.
México demandó en agosto de 2021 a siete fabricantes, como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, así como al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio "negligente e ilícito" alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
El litigio de México fue reactivado a principios de este año por la Corte de Apelaciones de Boston, después de que un juez desestimó el caso.
El gobierno mexicano argumentó entonces que las empresas sabían que las armas se venden a traficantes que las introducen de contrabando al país y, a pesar de ello, decidieron sacar provecho de ese mercado.
En 2022, la administración de Andrés Manuel López Obrador interpuso otra demanda, que está en curso, en una corte federal de Arizona, enfocada en los vendedores de armas.
Según la cancillería, el 70 por ciento de las armas ilegales que llegan al país proceden de Estados Unidos.
Además, México enfrenta desde hace tiempo un problema con los rifles semiautomáticos de uso civil permitidos en territorio estadounidense, los cuales se introducen de contrabando aquí, donde solo se permiten armas de fuego de bajo calibre.
Sin embargo, dicho fallo "no afecta" el litigio contra Smith & Wesson e Interstate Arms, "ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas", respondió la Secretaría de Relaciones Exteriores, que puntualizó que ya están analizando la posibilidad de apelar o demandar en otras cortes de ese país.
En la resolución de 28 páginas del juez Dennis Saylor, se establece que la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno mexicano contra las armerías en 2021 "no tiene jurisdicción" sobre las seis empresas bajo la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés).
El caso queda desestimado para Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Century International Arms, Colt's Manufacturing Company, Glock y Sturm & Ruger.
Para el juez, la pregunta principal en este caso era si la demanda contra estos fabricantes surgía "de sus transacciones comerciales en Massachusetts", concluyendo que la conexión con el estado "es, en el mejor de los casos, muy tenue".
En el fallo, detalló que ninguna de estas armerías se ha establecido en Massachusetts y que no tienen responsabilidad sobre el uso de sus productos dentro o fuera de Estados Unidos.
El juez argumentó que México carece de pruebas suficientes para establecer jurisdicción respecto a la responsabilidad de vender armas de forma ilegal y "responsabilizar a estas empresas por actos ilícitos cometidos por quienes las usan para propósitos personales". Tras este revés, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que "al tratarse de una estrategia de litigio amplia", se están valorando los pasos a seguir.
"Es importante destacar que la demanda de México en Boston continúa en contra de Smith & Wesson e Interstate Arms", señaló la canciller Alicia Bárcena, quien además puntualizó que "esta decisión no afecta la demanda contra ambas firmas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis".
"Las acciones contra estas seis empresas continúan. México está analizando, entre otras medidas, si presenta una apelación o demanda en otras cortes estadounidenses", respondió.
México demandó en agosto de 2021 a siete fabricantes, como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, así como al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio "negligente e ilícito" alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
El litigio de México fue reactivado a principios de este año por la Corte de Apelaciones de Boston, después de que un juez desestimó el caso.
El gobierno mexicano argumentó entonces que las empresas sabían que las armas se venden a traficantes que las introducen de contrabando al país y, a pesar de ello, decidieron sacar provecho de ese mercado.
En 2022, la administración de Andrés Manuel López Obrador interpuso otra demanda, que está en curso, en una corte federal de Arizona, enfocada en los vendedores de armas.
Según la cancillería, el 70 por ciento de las armas ilegales que llegan al país proceden de Estados Unidos.
Además, México enfrenta desde hace tiempo un problema con los rifles semiautomáticos de uso civil permitidos en territorio estadounidense, los cuales se introducen de contrabando aquí, donde solo se permiten armas de fuego de bajo calibre.