Resumen:
Hace poco más de un año, tras escuchar mis argumentos sobre la asfixia presupuestal a los organismos constitucionales autónomos; la censura y persecución de quienes piensan distinto al presidente de la República y la sumisión de la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión --capaz de atentar contra el mismísimo pueblo al que han dejado sin servicios de salud--, un abogado afín al gobierno federal me atajó con una advertencia: "ustedes no entienden que la transición democrática ya concluyó y que estamos frente a un cambio de régimen".
Transcripción:
Hace poco más de un año, tras escuchar mis argumentos sobre la asfixia presupuestal a los organismos constitucionales autónomos; la censura y persecución de quienes piensan distinto al presidente de la República y la sumisión de la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión --capaz de atentar contra el mismísimo pueblo al que han dejado sin servicios de salud--, un abogado afín al gobierno federal me atajó con una advertencia: "ustedes no entienden que la transición democrática ya concluyó y que estamos frente a un cambio de régimen".
Desafortunadamente, tiene razón: así lo acreditan las maniobras que hoy realizan los partidos del oficialismo (Morena, PT y PVEM) para tener un mayor número de diputaciones de las que realmente les corresponden, en proporción a los votos en las urnas. Es un fraude.
La Constitución establece en el artículo 54 que ningún partido político podrá tener un porcentaje de sobre representación mayor al 8%, es decir, que la bancada legislativa integrada por la suma de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, no deberá exceder en porcentaje por más de 8 puntos de votación que tuvo el partido político o la alianza electoral.
En el 2018, por ejemplo, Morena tuvo un porcentaje de representación en la Cámara de Diputados del 50.4%, mientras que el porcentaje de votación nacional que obtuvo en la elección de diputaciones federales fue de 37.5%, es decir, tuvo una sobre representación del 13%, superior a la permitida por la ley; eso fue posible por la trampa que hicieron los diputados que llegaron al Congreso vía el PT y el PVEM, quienes renunciaron al partido que los postuló y se unieron a la bancada de Morena.
Esta distorsión fue limitada por los acuerdos que la autoridad electoral emitió en relación con la asignación del siglado por partido político en cada distrito electoral federal, es decir, si un diputado llegaba vía el PVEM, no podría cambiarse a otra bancada, hasta después de que se designara la composición de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.
Ante esa limitante, el oficialismo pone en marcha otras argucias para acceder a una sobre representación mayor a la permitida por la ley. Ahora lo intentan con la suma de sobre representaciones del PVEM, del PT y de Morena, pretendiendo tener así la mayoría calificada en la cámara baja. Según datos del propio gobierno, se trataría de una sobre representación del 20 por ciento.
De concretarse la proyección que hizo la Secretaría de Gobernación, el oficialismo tendría 372 diputados, equivalente al 74.4%, lo que contrasta con la votación real de legisladores de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que solo alcanzó el 54.6 por ciento.
Estas artimañas tienen el objetivo de construir mayorías calificadas y darle al oficialismo una representación que no obtuvieron en las urnas, además de abrir la posibilidad de encabezar los órganos de gobierno de los Congresos, limitando la participación de los partidos que constituyen minorías con una mayor cantidad de votos en las urnas.
Así hemos visto otras tretas como lo ocurrido en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, a través de la renuncia de 7 diputados electos que llegaron a la curul vía el Partido Verde o el Partido del Trabajo, y que pretenden integrarse a la bancada morenista con el único fin de que ese partido cuente con la mayoría necesaria para presidir los órganos de gobierno del Congreso Local.
O lo que está ocurriendo en el Estado de México, donde se pretende empoderar al Partido Verde (aliado incondicional de Morena), vía la asignación de diputaciones plurinominales, para que de manera artificial ocupe la segunda fuerza política en el Congreso mexiquense, con apenas el 8.8% de los votos, en detrimento del mandato de representación que las y los mexiquenses dieron al PRI en las urnas: el 17.2 por ciento de la votación válida emitida.
El PRI mexiquense es la segunda fuerza electoral en el Estado de México y estamos decididos a impugnar cualquier asignación que vaya contra la voluntad ciudadana. Si bien, cualquier derrota electoral impone un ejercicio de autocrítica, jamás puede suponer la renuncia a defender las causas y convicciones de millones de personas que nos eligieron para representarles y ser un auténtico contrapeso a los excesos del poder.
POR ANA LILIA HERRERA ANZALDO
DIPUTADA FEDERAL REELECTA @ANALILIAHERRERA
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