Desde El otro Lado // La apuesta de Sheinbaum
Resumen:
En el contexto económico actual, el respaldo sin matices de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum a las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador envía señales preocupantes a los inversionistas. Estas reformas, que se espera sean aprobadas este mes en comisiones de la Cámara de Diputados, no fomentan la confianza; por el contrario, generan incertidumbre y podrían alejar la inversión privada en un momento crítico para México.
Transcripción:
En el contexto económico actual, el respaldo sin matices de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum a las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador envía señales preocupantes a los inversionistas. Estas reformas, que se espera sean aprobadas este mes en comisiones de la Cámara de Diputados, no fomentan la confianza; por el contrario, generan incertidumbre y podrían alejar la inversión privada en un momento crítico para México.
El reporte de empleo en Estados Unidos de la semana pasada confirma que el riesgo de una recesión es real. El impacto de este escenario sobre el peso mexicano fue inmediato. La decisión del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés unos días antes ya lo había afectado, pero fue el informe en Estados Unidos lo que llevó al dólar por encima de los 19 pesos, su nivel más alto en más de un año.
Es cierto, como dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que una sacudida como la reciente sería más grave si "la economía mexicana estuviese débil, si no hubiera empleo o no se hubiera fortalecido el mercado interno". Sin embargo, la fortaleza de la economía mexicana depende, a su vez, de lo que ocurra en Estados Unidos y, aún más importante, de cómo se perciba a México, su economía y la dirección de su gobierno desde el otro lado de la frontera. Las evaluaciones de los inversionistas mexicanos son igualmente cruciales.
Ahí es donde las cosas empiezan a complicarse. Según la encuesta mensual del Banco de México, se anticipa que el PIB crecerá un 2 por ciento este año y 1.78 el próximo. Además, los márgenes de maniobra presupuestales con los que comenzará Sheinbaum no son ni de lejos los mismos que tuvo el presidente López Obrador. Los fondos de fideicomisos están agotados, el gasto público en su mayoría ya está comprometido, la deuda pública cerrará el sexenio en 48.6% del PIB y la consolidación fiscal necesariamente implicará recortes presupuestales.
En estas condiciones, la inversión privada, tanto nacional como extranjera, cobra una importancia redoblada como motor del crecimiento y el desarrollo económicos. La propia Sheinbaum ha reconocido esto y, de hecho, parece estar apostando mucho en el nearshoring, un tema que ha manejado desde la campaña con insistencia. El problema es que las señales que ha mandado no han sido las mejores.
Ya vimos cómo reaccionó el peso inmediatamente después de las elecciones ante la perspectiva de una supermayoría de Morena y sus aliados en el Congreso. Un gobierno sin contrapesos es, en sí mismo, motivo de preocupación para los inversionistas. A esto se suma el aval de la virtual presidenta electa al paquete de reformas constitucionales del presidente López Obrador, que avanza a toda velocidad en la Cámara de Diputados.
Varias de estas iniciativas impactarían las decisiones de inversión no solo en áreas clave como la electricidad y la minería, sino en todos los sectores económicos. Ese es el caso de la eliminación de órganos autónomos o la reforma al Poder Judicial. El impacto de estas reformas aún no se refleja plenamente en la confianza de los inversionistas, ya que prevalece cierto optimismo, sin mucho fundamento a mi parecer, de que en el camino serán matizadas y algunas incluso descarriladas.
Al final, lo que estas iniciativas buscan es reconstruir el Estado centralizado y omnipotente del pasado, lo que genera incertidumbre, pues deja a los inversionistas-- a la población en general- a merced de los deseos y caprichos de los gobernantes en turno. Hace unos días, Citlalli Hernández aceptó que el objetivo político de la reforma al Poder Judicial es "blindarnos ante un posible uso de este poder". Más claro, imposible.
Además, como ha escrito Luis de la Calle, la reforma al Poder Judicial, la propuesta de desaparecer órganos reguladores independientes y la discriminación de empresas privadas en el sector energético, potencialmente violan aspectos medulares o disposiciones específicas del T-MEC. Si son aprobadas, estas reformas generarán una gran incertidumbre para las inversiones y complicarán la revisión del tratado en 2026.
La aprobación sin matices de reformas constitucionales que centralizan el poder, eliminan contrapesos, comprometen la impartición de justicia y violan el T-MEC envía las peores señales para la inversión.
Su aval solo se explica si se coloca el poder por encima de la economía, como lo ha hecho el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato. Recordemos la imagen del presidente con el libro "¿Quién manda aquí?" a su lado cuando anunció la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Sin embargo, si la apuesta es por el nearshoring, la inversión y el crecimiento económico, como lo ha dicho la presidenta electa, esta es la ruta equivocada. No deja de sorprender que, a pesar de las condiciones económicas tan apretadas con las que va a iniciar su gobierno, todo indique que está dispuesta a tomar precisamente ese peligroso camino.
El reporte de empleo en Estados Unidos de la semana pasada confirma que el riesgo de una recesión es real. El impacto de este escenario sobre el peso mexicano fue inmediato. La decisión del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés unos días antes ya lo había afectado, pero fue el informe en Estados Unidos lo que llevó al dólar por encima de los 19 pesos, su nivel más alto en más de un año.
Es cierto, como dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que una sacudida como la reciente sería más grave si "la economía mexicana estuviese débil, si no hubiera empleo o no se hubiera fortalecido el mercado interno". Sin embargo, la fortaleza de la economía mexicana depende, a su vez, de lo que ocurra en Estados Unidos y, aún más importante, de cómo se perciba a México, su economía y la dirección de su gobierno desde el otro lado de la frontera. Las evaluaciones de los inversionistas mexicanos son igualmente cruciales.
Ahí es donde las cosas empiezan a complicarse. Según la encuesta mensual del Banco de México, se anticipa que el PIB crecerá un 2 por ciento este año y 1.78 el próximo. Además, los márgenes de maniobra presupuestales con los que comenzará Sheinbaum no son ni de lejos los mismos que tuvo el presidente López Obrador. Los fondos de fideicomisos están agotados, el gasto público en su mayoría ya está comprometido, la deuda pública cerrará el sexenio en 48.6% del PIB y la consolidación fiscal necesariamente implicará recortes presupuestales.
En estas condiciones, la inversión privada, tanto nacional como extranjera, cobra una importancia redoblada como motor del crecimiento y el desarrollo económicos. La propia Sheinbaum ha reconocido esto y, de hecho, parece estar apostando mucho en el nearshoring, un tema que ha manejado desde la campaña con insistencia. El problema es que las señales que ha mandado no han sido las mejores.
Ya vimos cómo reaccionó el peso inmediatamente después de las elecciones ante la perspectiva de una supermayoría de Morena y sus aliados en el Congreso. Un gobierno sin contrapesos es, en sí mismo, motivo de preocupación para los inversionistas. A esto se suma el aval de la virtual presidenta electa al paquete de reformas constitucionales del presidente López Obrador, que avanza a toda velocidad en la Cámara de Diputados.
Varias de estas iniciativas impactarían las decisiones de inversión no solo en áreas clave como la electricidad y la minería, sino en todos los sectores económicos. Ese es el caso de la eliminación de órganos autónomos o la reforma al Poder Judicial. El impacto de estas reformas aún no se refleja plenamente en la confianza de los inversionistas, ya que prevalece cierto optimismo, sin mucho fundamento a mi parecer, de que en el camino serán matizadas y algunas incluso descarriladas.
Al final, lo que estas iniciativas buscan es reconstruir el Estado centralizado y omnipotente del pasado, lo que genera incertidumbre, pues deja a los inversionistas-- a la población en general- a merced de los deseos y caprichos de los gobernantes en turno. Hace unos días, Citlalli Hernández aceptó que el objetivo político de la reforma al Poder Judicial es "blindarnos ante un posible uso de este poder". Más claro, imposible.
Además, como ha escrito Luis de la Calle, la reforma al Poder Judicial, la propuesta de desaparecer órganos reguladores independientes y la discriminación de empresas privadas en el sector energético, potencialmente violan aspectos medulares o disposiciones específicas del T-MEC. Si son aprobadas, estas reformas generarán una gran incertidumbre para las inversiones y complicarán la revisión del tratado en 2026.
La aprobación sin matices de reformas constitucionales que centralizan el poder, eliminan contrapesos, comprometen la impartición de justicia y violan el T-MEC envía las peores señales para la inversión.
Su aval solo se explica si se coloca el poder por encima de la economía, como lo ha hecho el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato. Recordemos la imagen del presidente con el libro "¿Quién manda aquí?" a su lado cuando anunció la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Sin embargo, si la apuesta es por el nearshoring, la inversión y el crecimiento económico, como lo ha dicho la presidenta electa, esta es la ruta equivocada. No deja de sorprender que, a pesar de las condiciones económicas tan apretadas con las que va a iniciar su gobierno, todo indique que está dispuesta a tomar precisamente ese peligroso camino.