Amenaza reforma a la carrera judicial
Resumen:
La reforma judicial constitucional que impulsa la 4T afecta derechos previstos en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federal (PJF), expedida en 2021 como parte de la reforma impulsada por Arturo Zaldívar.
Transcripción:
La reforma judicial constitucional que impulsa la 4T afecta derechos previstos en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federal (PJF), expedida en 2021 como parte de la reforma impulsada por Arturo Zaldívar.
Esa ley aplica para 15 categorías de personal, desde oficial judicial hasta Magistrado de Circuito, que constituyen la inmensa mayoría de los trabajadores del PJF, pues sólo algunos miles son sindicalizados ellos no se verán afectados en derechos constitucionales, como vacaciones, descansos, antigüedad y otros que tiene cualquier burócrata.
Además, la reforma de Morena afecta el acceso a los dos puestos superiores de la carrera judicial: Juez de Distrito y Magistrado de Circuito, pues estos quedarían sujetos al voto popular, no a concursos como ha ocurrido desde 1995.
La categoría más alta la que podría aspirar, por medio de concursos, una persona que está haciendo carrera en el PJF sería la de secretario proyectista en un Tribunal Colegiado, dado que las cinco categorías superiores a esa, pero inferiores a Juez de Distrito, corresponden a puestos en el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, que son designados por los Magistrados y Ministros.
Esta incertidumbre sobre el derecho de acceder a las categorías superiores de la carrera, se suma a la pretensión de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, incluidos los que pagan pensiones complementarias a Jueces, Magistrados y Personal de mando.
Juan Jesús Garza Onofre, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, dijo que la iniciativa de reforma judicial no sólo viola un derecho para acceder al cargo de Juez y Magistrado mediante concursos, sino que impacta el proyecto de vida de los impartidores de justicia.
"Es una violación de derechos porque implica una afrenta a todos los procedimientos y procesos que esas personas tuvieron que solventar para poder alcanzar su puestoy la estabilidad laboral que al día de hov exige la ley vigente", advirtió.
"Por puesto que también viola directamente las cuestiones éticas, en el sentido de que estas personas se prepararon y además, tienen un plan de vida que de la noche a la mañana va a tener que modificarse" El especialista también comentó que existe un ambiente de incertidumbre, por el hecho de que eventualmente se violen los derechos laborales de los juzgadores que vayan ser despedidos no tengan una defensa en esa nueva circunstancia.
"Por ese impasse que se va a ir generando entre las nuevas personas que lleguen o aquellas que van dejar el cargo, pues lo cierto es que mucho de lo que está pasando en este momento es que esas personas están renunciando o están pidiendo la jubilación anticipada" aseguró.
Por su parte, César Astudillo, también integrante del IIJ de la UNAM, consideró que la aprobación de la iniciativa de reforma acoplará las leyes a un nuevo modelo judicial.
"La ley se va tener que acoplar a este nuevo modelo de integración, con lo cual la Ley va ser compatible con lo que diga el texto constitucional" apuntó.
El especialista consideró que el aspecto en el que puede haber una afectación es el relativo a los derechos laborales de los impartidores de justicia, porque la iniciativa presidencial no contempla un presupuesto para la desincorporación de los actuales Jueces y Magistrados.
"Puede haber vulneraciones que son de carácter laboral. porque lo que sí no está previsto es de qué manera se van pagar las indemnizaciones a todos aquellos Jueces, Magistrados, que sean cesados" expuso.
Esa ley aplica para 15 categorías de personal, desde oficial judicial hasta Magistrado de Circuito, que constituyen la inmensa mayoría de los trabajadores del PJF, pues sólo algunos miles son sindicalizados ellos no se verán afectados en derechos constitucionales, como vacaciones, descansos, antigüedad y otros que tiene cualquier burócrata.
Además, la reforma de Morena afecta el acceso a los dos puestos superiores de la carrera judicial: Juez de Distrito y Magistrado de Circuito, pues estos quedarían sujetos al voto popular, no a concursos como ha ocurrido desde 1995.
La categoría más alta la que podría aspirar, por medio de concursos, una persona que está haciendo carrera en el PJF sería la de secretario proyectista en un Tribunal Colegiado, dado que las cinco categorías superiores a esa, pero inferiores a Juez de Distrito, corresponden a puestos en el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, que son designados por los Magistrados y Ministros.
Esta incertidumbre sobre el derecho de acceder a las categorías superiores de la carrera, se suma a la pretensión de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, incluidos los que pagan pensiones complementarias a Jueces, Magistrados y Personal de mando.
Juan Jesús Garza Onofre, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, dijo que la iniciativa de reforma judicial no sólo viola un derecho para acceder al cargo de Juez y Magistrado mediante concursos, sino que impacta el proyecto de vida de los impartidores de justicia.
"Es una violación de derechos porque implica una afrenta a todos los procedimientos y procesos que esas personas tuvieron que solventar para poder alcanzar su puestoy la estabilidad laboral que al día de hov exige la ley vigente", advirtió.
"Por puesto que también viola directamente las cuestiones éticas, en el sentido de que estas personas se prepararon y además, tienen un plan de vida que de la noche a la mañana va a tener que modificarse" El especialista también comentó que existe un ambiente de incertidumbre, por el hecho de que eventualmente se violen los derechos laborales de los juzgadores que vayan ser despedidos no tengan una defensa en esa nueva circunstancia.
"Por ese impasse que se va a ir generando entre las nuevas personas que lleguen o aquellas que van dejar el cargo, pues lo cierto es que mucho de lo que está pasando en este momento es que esas personas están renunciando o están pidiendo la jubilación anticipada" aseguró.
Por su parte, César Astudillo, también integrante del IIJ de la UNAM, consideró que la aprobación de la iniciativa de reforma acoplará las leyes a un nuevo modelo judicial.
"La ley se va tener que acoplar a este nuevo modelo de integración, con lo cual la Ley va ser compatible con lo que diga el texto constitucional" apuntó.
El especialista consideró que el aspecto en el que puede haber una afectación es el relativo a los derechos laborales de los impartidores de justicia, porque la iniciativa presidencial no contempla un presupuesto para la desincorporación de los actuales Jueces y Magistrados.
"Puede haber vulneraciones que son de carácter laboral. porque lo que sí no está previsto es de qué manera se van pagar las indemnizaciones a todos aquellos Jueces, Magistrados, que sean cesados" expuso.