El camino bifurcado
Resumen:
Los cuatro comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordaron una mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para evitar la desaparición del Instituto, en una reunión el pasado 16 de octubre.
Transcripción:
Los cuatro comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordaron una mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para evitar la desaparición del Instituto, en una reunión el pasado 16 de octubre.
Pero, en paralelo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició su proceso de transformación en Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno. La nueva dependencia tendrá la facultad de asumir las funciones del órgano autónomo y estará a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el martes 15 de octubre en su conferencia matutina.
México enfrenta esta bifurcación con un nivel de opacidad de 90 mil 33 expedientes reservados, tanto por las entidades públicas como por los sindicatos y los partidos políticos.
En el Poder Ejecutivo, es justo la SFP la segunda dependencia con más asuntos velados, con mil 135, después de la del Trabajo, que tiene 16 mil 534.
Si se cumple el escenario de la fatalidad y luego el de renacimiento, la SFP deberá hacerse cargo de la liberación de asuntos que hasta ahora han tenido reservas de más de 10 años, como el diagnóstico de la guerra en contra del narcotráfico que entregó el expresidente Felipe Calderón al concluir su gobierno, el cierre de Luz y Fuerza del Centro, que dejó a miles de electricistas sin trabajo, o por qué Mario Aburto Martínez, el "asesino confeso" de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, no ha vuelto a ser presentado de manera oficial, según una búsqueda de Reporte Índigo en los índices de expedientes reservados de las entidades públicas.
En el Poder Ejecutivo, entre las veinte entidades con más reservas, están Prevención y Readaptación Social, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Procuraduría Federal del Consumidor, Pemex Exploración y Producción y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por su parte, el Legislativo tiene 935 asuntos con el candado de la reserva y el Judicial, 2 mil 116.
Los organismos autónomos acumularon 1,303 expedientes en los baúles de este recurso. Los sindicatos tienen 111 y los partidos políticos, 135.
No será lo único a lo que la SFP deba hacer frente. Como instancia central en el combate a la corrupción, tiene su propia carga de asuntos acumulados a través de los gobiernos.
Más de sanciones que implicaron multas se encuentran en sus archivos. Hasta ahora, la cantidad por las sanciones no cobradas desde 2001 es de más de 886 millones de pesos, según el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la misma dependencia.
Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la dependencia está obligada a cobrar multas a los infractores, y el Servicio de Administración Tributaria debe realizar su cobro.
Una deuda que quedó en el letargo y que a través de los gobiernos no ha sido cobrada es la amonestación para la Guardería ABC, donde en junio de 2009, un incendio le arrebató la vida a 49 niños y le causó heridas a otros 79, en una de las mayores tragedias de México.
Así funcionó la SFP
Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, transformada en Función Pública en 2003, la SFP ha sido la dependencia central en contra de la corrupción de la administración pública federal. En 2013, estuvo a punto de desaparecer para ser sustituida por una Comisión, pero el proyecto no fue aprobado por el Congreso.
En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con dos secretarios, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y Roberto Salcedo Aquino, la dependencia gastó en contrataciones públicas, en promedio por año, 394 millones 808 mil 278 pesos, según lo publicado en CompraNet.
Se trata de servicios cibernéticos, seguridad para los inmuebles, alimentos para el comedor institucional que incluyeron carne, pescado y pollo, así como frutas y verduras; servicios externos para auditoría de contrataciones públicas y cumplir metas de control presupuestal, así como servicios externos de limpieza con un contrato que se inició en mayo de 2021 y concluyó en marzo de 2023.
De más de 7 mil contrataciones publicadas en esa plataforma, de mayor a menor, cómo priorizó los gastos, tres de los 10 más grandes fueron firmados con vigencia hasta el último día de 2024; es decir, en las fechas en que se decidirá tanto su destino como el del INAI.
En la reunión del miércoles 16, los comisionados Adrián Alcalá Méndez, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y Norma Julieta del Río Venegas hablaron durante una hora y 45 minutos con la secretaria de Gobernación. Volvieron a proponer una serie de medidas de austeridad que implicarían un ahorro de 300 millones de pesos.
Ofrecieron, incluso, reducir al pleno hasta tres comisionados.
El comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, expresó: "Haber tenido esta reunión permitió instalar una mesa de diálogo permanente a través de la cual analizaremos cómo el INAI puede modernizarse y fortalecerse, atendiendo los principios de responsabilidad, ética, eficiencia y austeridad".
Pero del encuentro no se desprendió ningún compromiso para evitar la extinción.
Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, transformada en Función Pública en 2003, la SFP ha sido la dependencia central en contra de la corrupción de la administración pública federal.
La SFP deberá hacerse cargo de la liberación de asuntos que hasta ahora han tenido reservas de más de 10 años, como el diagnóstico de la guerra en contra del narcotráfico que entregó el expresidente Felipe Calderón al concluir su gobierno.
Así funcionó la SFP: vistos de mayor a menor, los contratos de la Función Pública, entre 2019 y 2024, fueron para software y limpieza de inmuebles. Ahora el Gobierno federal planea transformarla para que, además de sus tareas anticorrupción, asuma las de acceso a la información que ahora tiene el INAI.
Contrato: Adquisición de servidores, infraestructura para la nube para CompraNet, soluciones de seguridad, limpieza de inmuebles, vigilancia, limpieza de inmuebles, construcción de laboratorio fijo de verificación de calidad de obra pública, fotocopiado, impresión y digitalización de documentos, arrendamiento de equipo de cómputo personal.
Pero, en paralelo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició su proceso de transformación en Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno. La nueva dependencia tendrá la facultad de asumir las funciones del órgano autónomo y estará a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el martes 15 de octubre en su conferencia matutina.
México enfrenta esta bifurcación con un nivel de opacidad de 90 mil 33 expedientes reservados, tanto por las entidades públicas como por los sindicatos y los partidos políticos.
En el Poder Ejecutivo, es justo la SFP la segunda dependencia con más asuntos velados, con mil 135, después de la del Trabajo, que tiene 16 mil 534.
Si se cumple el escenario de la fatalidad y luego el de renacimiento, la SFP deberá hacerse cargo de la liberación de asuntos que hasta ahora han tenido reservas de más de 10 años, como el diagnóstico de la guerra en contra del narcotráfico que entregó el expresidente Felipe Calderón al concluir su gobierno, el cierre de Luz y Fuerza del Centro, que dejó a miles de electricistas sin trabajo, o por qué Mario Aburto Martínez, el "asesino confeso" de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, no ha vuelto a ser presentado de manera oficial, según una búsqueda de Reporte Índigo en los índices de expedientes reservados de las entidades públicas.
En el Poder Ejecutivo, entre las veinte entidades con más reservas, están Prevención y Readaptación Social, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Procuraduría Federal del Consumidor, Pemex Exploración y Producción y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por su parte, el Legislativo tiene 935 asuntos con el candado de la reserva y el Judicial, 2 mil 116.
Los organismos autónomos acumularon 1,303 expedientes en los baúles de este recurso. Los sindicatos tienen 111 y los partidos políticos, 135.
No será lo único a lo que la SFP deba hacer frente. Como instancia central en el combate a la corrupción, tiene su propia carga de asuntos acumulados a través de los gobiernos.
Más de sanciones que implicaron multas se encuentran en sus archivos. Hasta ahora, la cantidad por las sanciones no cobradas desde 2001 es de más de 886 millones de pesos, según el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la misma dependencia.
Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la dependencia está obligada a cobrar multas a los infractores, y el Servicio de Administración Tributaria debe realizar su cobro.
Una deuda que quedó en el letargo y que a través de los gobiernos no ha sido cobrada es la amonestación para la Guardería ABC, donde en junio de 2009, un incendio le arrebató la vida a 49 niños y le causó heridas a otros 79, en una de las mayores tragedias de México.
Así funcionó la SFP
Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, transformada en Función Pública en 2003, la SFP ha sido la dependencia central en contra de la corrupción de la administración pública federal. En 2013, estuvo a punto de desaparecer para ser sustituida por una Comisión, pero el proyecto no fue aprobado por el Congreso.
En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con dos secretarios, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y Roberto Salcedo Aquino, la dependencia gastó en contrataciones públicas, en promedio por año, 394 millones 808 mil 278 pesos, según lo publicado en CompraNet.
Se trata de servicios cibernéticos, seguridad para los inmuebles, alimentos para el comedor institucional que incluyeron carne, pescado y pollo, así como frutas y verduras; servicios externos para auditoría de contrataciones públicas y cumplir metas de control presupuestal, así como servicios externos de limpieza con un contrato que se inició en mayo de 2021 y concluyó en marzo de 2023.
De más de 7 mil contrataciones publicadas en esa plataforma, de mayor a menor, cómo priorizó los gastos, tres de los 10 más grandes fueron firmados con vigencia hasta el último día de 2024; es decir, en las fechas en que se decidirá tanto su destino como el del INAI.
En la reunión del miércoles 16, los comisionados Adrián Alcalá Méndez, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y Norma Julieta del Río Venegas hablaron durante una hora y 45 minutos con la secretaria de Gobernación. Volvieron a proponer una serie de medidas de austeridad que implicarían un ahorro de 300 millones de pesos.
Ofrecieron, incluso, reducir al pleno hasta tres comisionados.
El comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, expresó: "Haber tenido esta reunión permitió instalar una mesa de diálogo permanente a través de la cual analizaremos cómo el INAI puede modernizarse y fortalecerse, atendiendo los principios de responsabilidad, ética, eficiencia y austeridad".
Pero del encuentro no se desprendió ningún compromiso para evitar la extinción.
Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, transformada en Función Pública en 2003, la SFP ha sido la dependencia central en contra de la corrupción de la administración pública federal.
La SFP deberá hacerse cargo de la liberación de asuntos que hasta ahora han tenido reservas de más de 10 años, como el diagnóstico de la guerra en contra del narcotráfico que entregó el expresidente Felipe Calderón al concluir su gobierno.
Así funcionó la SFP: vistos de mayor a menor, los contratos de la Función Pública, entre 2019 y 2024, fueron para software y limpieza de inmuebles. Ahora el Gobierno federal planea transformarla para que, además de sus tareas anticorrupción, asuma las de acceso a la información que ahora tiene el INAI.
Contrato: Adquisición de servidores, infraestructura para la nube para CompraNet, soluciones de seguridad, limpieza de inmuebles, vigilancia, limpieza de inmuebles, construcción de laboratorio fijo de verificación de calidad de obra pública, fotocopiado, impresión y digitalización de documentos, arrendamiento de equipo de cómputo personal.