México desciende 37 lugares en ranking de competitividad minera
Resumen:
México tuvo un desplome histórico en el indicador de competitividad minera del Instituto Fraser, con su peor posición y su caída más pronunciada, reflejando los cambios a la Ley Minera en 2023.
Transcripción:
México tuvo un desplome histórico en el indicador de competitividad minera del Instituto Fraser, con su peor posición y su caída más pronunciada, reflejando los cambios a la Ley Minera en 2023.
En el Índice de Atractivo para la Inversión en la industria minera que realiza este Instituto, con sede en Canadá, México cayó de la posición 37 en 2022 a la 74 en 2023, perdiendo 37 lugares.
En una conferencia de prensa, Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), cuestionó una encuesta difundida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que México fue el tercero entre los miembros de ese foro en tener los mayores niveles de confianza en el gobierno federal, más de 50% "moderadamente alta o alta".
"Sin embargo, nuestra realidad en las estadísticas del Instituto Fraser nos muestra que estamos en los últimos lugares de confianza para invertir. Esta disparidad de información es la que tenemos que ver: ¿cuál es el origen?, ¿cuál es la realidad cuando tenemos que homologar la información que existe y crear certidumbre? Si no tenemos certidumbre, no vamos a lograr confianza en las inversiones", agregó Gutiérrez.
La nueva Ley Minera restringe la actividad de los particulares en materia de exploración minera, que ahora será controlada por el Estado a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM).
La nueva legislación permite únicamente que particulares puedan proporcionar información a la Secretaría de Economía sobre existencia de minerales o sustancias en un lote no asignado o concesionado, para que ésta determine la conveniencia de ordenar la exploración al SGM, y éste pueda celebrar un convenio de colaboración con los particulares para realizar la exploración.
También cambia el esquema de la obtención de concesiones mineras, ya que se otorgarán sólo para explotación mediante concursos públicos (licitaciones) que realice la Secretaría de Economía.
Por otra parte, la duración de la concesión para explotación de minas disminuye de 50 a 30 años. Puede haber una prórroga por otros 25 años más. Es decir, serán concesiones de 55 años como máximo.
Otro cambio relevante es que se elimina el carácter preferente de las actividades mineras sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de los terrenos y, por lo tanto, se retira la posibilidad de expropiar terrenos para actividades mineras.
También se incorporó la obligación de la Contraprestación a pueblos y comunidades indígenas. Esto significa que se entregará 5% de la utilidad neta como monto mínimo que se cubrirá a las comunidades.
Hacia adelante, el gobierno federal planea más restricciones. Una iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador propone prohibir el otorgamiento de concesiones mineras a cielo abierto en México.
"Hemos manifestado en los foros correspondientes la gran afectación que esto tendría para más de 60% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional", comentó Karen Flores, directora general de la Camimex.
Inversión, por planeación previa
La inversión minera en México totalizó 4,960 millones de dólares en 2023, mayoritariamente en proyectos previamente planificados, representando una disminución de 5.8% interanual. Flores proyectó flujos de llegada de estas inversiones por alrededor de 5,000 millones de dólares para 2024.
Pero Flores añadió que se estiman más de 4,500 millones de dólares de inversiones sin ejecutar por proyectos detenidos debido a restricciones regulatorias, en parte como consecuencia de que 220 permisos ambientales no han sido liberados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El valor de la producción minero-metalúrgica de México fue de 261,610 millones de pesos en 2023, un descenso de 17.6% a tasa anual.
Al mismo tiempo, las aportaciones fiscales del sector sumaron 49,445 millones de pesos en 2023, lo que implica una disminución de 32.2% a tasa anual.
Para la Camimex, esta situación estuvo directamente relacionada con los bajos niveles de producción, los ingresos del sector y la falta de incentivos para su desarrollo.
En otro indicador relevante, la industria minero-metalúrgica registró una baja interanual de 0.1% en los empleos generados en 2023, a 416,875 puestos de trabajo. En términos de inclusión, la participación de mujeres fue de 17.9 por ciento.
Precios y demanda
Además de las cuestiones regulatorias, otros factores influyen en el desarrollo de este sector, como los precios internacionales de los minerales, el tipo de cambio, la demanda global, la estrategia de las empresas, el potencial geológico de México e, incluso, la suerte de encontrar recursos viables en el campo de la exploración, entre muchos otros.
En su informe anual, la Camimex expuso que la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las zonas en las que operan las empresas mineras sigue siendo una prioridad, ya que continúan ocurriendo eventos que ponen en riesgo la integridad de las personas y su patrimonio, impactando, además los costos de las operaciones y los niveles de inversión.
"Esto se refleja en el índice de atracción de inversión que anualmente publica el Fraser Institute, donde la seguridad se mantiene como una de las variables peor evaluadas en el país", dijo.
¿Qué cambió con la reforma minera del 2023?
Cambia el esquema de la obtención de concesiones mineras, ya que se otorgarán sólo para explotación mediante concursos públicos (licitaciones) que realice la Secretaría de Economía.
La duración de la concesión para explotación de minas disminuye de 50 a 30 años. Puede haber una prórroga por otros 25 años más. Es decir, serán concesiones de 55 años como máximo.
La nueva Ley Minera restringe la actividad de los particulares en materia de exploración minera, que ahora será controlada por el Estado a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Se elimina el carácter preferente de las actividades mineras sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de los terrenos.
Se incorporó la obligación de la Contraprestación a pueblos y comunidades indígenas. Esto significa que se entregará 5% de la utilidad neta como monto mínimo que se cubrirá a las comunidades.
En el Índice de Atractivo para la Inversión en la industria minera que realiza este Instituto, con sede en Canadá, México cayó de la posición 37 en 2022 a la 74 en 2023, perdiendo 37 lugares.
En una conferencia de prensa, Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), cuestionó una encuesta difundida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que México fue el tercero entre los miembros de ese foro en tener los mayores niveles de confianza en el gobierno federal, más de 50% "moderadamente alta o alta".
"Sin embargo, nuestra realidad en las estadísticas del Instituto Fraser nos muestra que estamos en los últimos lugares de confianza para invertir. Esta disparidad de información es la que tenemos que ver: ¿cuál es el origen?, ¿cuál es la realidad cuando tenemos que homologar la información que existe y crear certidumbre? Si no tenemos certidumbre, no vamos a lograr confianza en las inversiones", agregó Gutiérrez.
La nueva Ley Minera restringe la actividad de los particulares en materia de exploración minera, que ahora será controlada por el Estado a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM).
La nueva legislación permite únicamente que particulares puedan proporcionar información a la Secretaría de Economía sobre existencia de minerales o sustancias en un lote no asignado o concesionado, para que ésta determine la conveniencia de ordenar la exploración al SGM, y éste pueda celebrar un convenio de colaboración con los particulares para realizar la exploración.
También cambia el esquema de la obtención de concesiones mineras, ya que se otorgarán sólo para explotación mediante concursos públicos (licitaciones) que realice la Secretaría de Economía.
Por otra parte, la duración de la concesión para explotación de minas disminuye de 50 a 30 años. Puede haber una prórroga por otros 25 años más. Es decir, serán concesiones de 55 años como máximo.
Otro cambio relevante es que se elimina el carácter preferente de las actividades mineras sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de los terrenos y, por lo tanto, se retira la posibilidad de expropiar terrenos para actividades mineras.
También se incorporó la obligación de la Contraprestación a pueblos y comunidades indígenas. Esto significa que se entregará 5% de la utilidad neta como monto mínimo que se cubrirá a las comunidades.
Hacia adelante, el gobierno federal planea más restricciones. Una iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador propone prohibir el otorgamiento de concesiones mineras a cielo abierto en México.
"Hemos manifestado en los foros correspondientes la gran afectación que esto tendría para más de 60% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional", comentó Karen Flores, directora general de la Camimex.
Inversión, por planeación previa
La inversión minera en México totalizó 4,960 millones de dólares en 2023, mayoritariamente en proyectos previamente planificados, representando una disminución de 5.8% interanual. Flores proyectó flujos de llegada de estas inversiones por alrededor de 5,000 millones de dólares para 2024.
Pero Flores añadió que se estiman más de 4,500 millones de dólares de inversiones sin ejecutar por proyectos detenidos debido a restricciones regulatorias, en parte como consecuencia de que 220 permisos ambientales no han sido liberados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El valor de la producción minero-metalúrgica de México fue de 261,610 millones de pesos en 2023, un descenso de 17.6% a tasa anual.
Al mismo tiempo, las aportaciones fiscales del sector sumaron 49,445 millones de pesos en 2023, lo que implica una disminución de 32.2% a tasa anual.
Para la Camimex, esta situación estuvo directamente relacionada con los bajos niveles de producción, los ingresos del sector y la falta de incentivos para su desarrollo.
En otro indicador relevante, la industria minero-metalúrgica registró una baja interanual de 0.1% en los empleos generados en 2023, a 416,875 puestos de trabajo. En términos de inclusión, la participación de mujeres fue de 17.9 por ciento.
Precios y demanda
Además de las cuestiones regulatorias, otros factores influyen en el desarrollo de este sector, como los precios internacionales de los minerales, el tipo de cambio, la demanda global, la estrategia de las empresas, el potencial geológico de México e, incluso, la suerte de encontrar recursos viables en el campo de la exploración, entre muchos otros.
En su informe anual, la Camimex expuso que la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las zonas en las que operan las empresas mineras sigue siendo una prioridad, ya que continúan ocurriendo eventos que ponen en riesgo la integridad de las personas y su patrimonio, impactando, además los costos de las operaciones y los niveles de inversión.
"Esto se refleja en el índice de atracción de inversión que anualmente publica el Fraser Institute, donde la seguridad se mantiene como una de las variables peor evaluadas en el país", dijo.
¿Qué cambió con la reforma minera del 2023?
Cambia el esquema de la obtención de concesiones mineras, ya que se otorgarán sólo para explotación mediante concursos públicos (licitaciones) que realice la Secretaría de Economía.
La duración de la concesión para explotación de minas disminuye de 50 a 30 años. Puede haber una prórroga por otros 25 años más. Es decir, serán concesiones de 55 años como máximo.
La nueva Ley Minera restringe la actividad de los particulares en materia de exploración minera, que ahora será controlada por el Estado a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Se elimina el carácter preferente de las actividades mineras sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de los terrenos.
Se incorporó la obligación de la Contraprestación a pueblos y comunidades indígenas. Esto significa que se entregará 5% de la utilidad neta como monto mínimo que se cubrirá a las comunidades.