Templo Mayor
Resumen:
Es inédita en México esta situación en la que la Suprema Corte debate sobre sus facultades para decidir si una reforma legislativa es inconstitucional.
Transcripción:
Es inédita en México esta situación en la que la Suprema Corte debate sobre sus facultades para decidir si una reforma legislativa es inconstitucional.
El asunto se parece a una discusión hace 14 años en Colombia. Fue en 2010 cuando la Corte Constitucional de Colombia frenó el intento del entonces presidente Álvaro Uribe de reelegirse por segunda vez, mediante una reforma a modo para convocar a un referendo que le abriera la puerta a un tercer periodo presidencial. El debate llevó a la Corte colombiana a rechazar la intentona por vicios de forma y fondo en la reforma.
Aquí en México hay juristas que dicen que la SCJN no puede enmendarle la plana en un tema de fondo a otro poder, en este caso al Legislativo. Pero hay ministros y abogados que sostienen que la reforma judicial trastoca de manera profunda la institucionalidad y el equilibrio de poderes en nuestro país. Y que esa sería razón suficiente para que la Corte revisara su procedencia.
El asunto se enreda con el desacato tanto del Ejecutivo como del Legislativo y el INE a las resoluciones judiciales que piden frenar los efectos de la reforma. En otros países, una situación como esta podría ser calificada como una crisis constitucional.
En México parece algo normal en los tiempos de la 4T.
Tal y como se veía venir, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma a la Ley de Turismo que, en pocas palabras, obliga a los particulares a que, si quieren rentar sus viviendas al estilo Airbnb, se registren... ¡como hoteles! En sentido estricto, la nueva ley no impide las llamadas rentas de corta estancia, pero al mismo tiempo establece que, primero, es necesario registrarse en un padrón de anfitriones. Y para que los alojamientos sigan siendo considerados viviendas y no hoteles, sólo se pueden rentar la mitad del año. De lo contrario, al siguiente año no tendrán permiso.
En resumen: el gobierno de Martí Batres estableció limitaciones al uso y usufructo de la propiedad privada.
¡Qué tal!
Está complicado entender que una de las mayores apuestas en cuanto a infraestructura sean las nuevas líneas de tren, cuando las actuales no tienen garantizado el libre tránsito. Cosa de ver que ya cumplió 10 días el bloqueo de la vía que corre de Veracruz a la CDMX y las principales afectaciones, evidentemente, son para las empresas que no ven llegar sus insumos, productos y mercancías. Esto le pega lo mismo a la industria automotriz que a la de plásticos (con sus múltiples derivaciones) o a la construcción, por mencionar algunas.
El problema se origina en que pobladores de Chapulco, en Puebla, tienen bloqueado el paso del tren para presionar a las autoridades en sus distintas demandas. Pero nadie les resuelve y, según la Concamin, a la IP el bloqueo le cuesta unos 70 millones de pesos diarios.
¿Para qué se quieren trenes si no los van a dejar circular? Es pregunta sobre rieles.
El asunto se parece a una discusión hace 14 años en Colombia. Fue en 2010 cuando la Corte Constitucional de Colombia frenó el intento del entonces presidente Álvaro Uribe de reelegirse por segunda vez, mediante una reforma a modo para convocar a un referendo que le abriera la puerta a un tercer periodo presidencial. El debate llevó a la Corte colombiana a rechazar la intentona por vicios de forma y fondo en la reforma.
Aquí en México hay juristas que dicen que la SCJN no puede enmendarle la plana en un tema de fondo a otro poder, en este caso al Legislativo. Pero hay ministros y abogados que sostienen que la reforma judicial trastoca de manera profunda la institucionalidad y el equilibrio de poderes en nuestro país. Y que esa sería razón suficiente para que la Corte revisara su procedencia.
El asunto se enreda con el desacato tanto del Ejecutivo como del Legislativo y el INE a las resoluciones judiciales que piden frenar los efectos de la reforma. En otros países, una situación como esta podría ser calificada como una crisis constitucional.
En México parece algo normal en los tiempos de la 4T.
Tal y como se veía venir, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma a la Ley de Turismo que, en pocas palabras, obliga a los particulares a que, si quieren rentar sus viviendas al estilo Airbnb, se registren... ¡como hoteles! En sentido estricto, la nueva ley no impide las llamadas rentas de corta estancia, pero al mismo tiempo establece que, primero, es necesario registrarse en un padrón de anfitriones. Y para que los alojamientos sigan siendo considerados viviendas y no hoteles, sólo se pueden rentar la mitad del año. De lo contrario, al siguiente año no tendrán permiso.
En resumen: el gobierno de Martí Batres estableció limitaciones al uso y usufructo de la propiedad privada.
¡Qué tal!
Está complicado entender que una de las mayores apuestas en cuanto a infraestructura sean las nuevas líneas de tren, cuando las actuales no tienen garantizado el libre tránsito. Cosa de ver que ya cumplió 10 días el bloqueo de la vía que corre de Veracruz a la CDMX y las principales afectaciones, evidentemente, son para las empresas que no ven llegar sus insumos, productos y mercancías. Esto le pega lo mismo a la industria automotriz que a la de plásticos (con sus múltiples derivaciones) o a la construcción, por mencionar algunas.
El problema se origina en que pobladores de Chapulco, en Puebla, tienen bloqueado el paso del tren para presionar a las autoridades en sus distintas demandas. Pero nadie les resuelve y, según la Concamin, a la IP el bloqueo le cuesta unos 70 millones de pesos diarios.
¿Para qué se quieren trenes si no los van a dejar circular? Es pregunta sobre rieles.