Imco: opacidad, presente en 68% de las compras públicas en 2023
Resumen:
Imco: opacidad, presente en 68% de las compras públicas en 2023
Transcripción:
Imco: opacidad, presente en 68% de las compras públicas en 2023
El monto total de las adquisiciones fue por $668,044 millones.
En 323,581 mdp gastados no se pudo conocer cuál fue el esquema de la compra
Las compras públicas a nivel federal continúan con riesgos significativos en temas de corrupción y falta de eficiencia, según lo mostrado por el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2024, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Según el análisis, en el 2023, el monto total de las compras públicas que realizaron las instituciones de la Administración Pública Federal ascendió a un monto total de 668,044 millones 4,191 pesos de los cuales, el 48%, es decir 323,581 millones 111,574 se colocó en la categoría de "Otros" o "Sin información".
La organización explicó que no se puede conocer cuál fue el tipo de procedimiento de 13,172 contrataciones llevadas a cabo en dicho lapso.
"Esto se debe a un cambio en el sistema de Compranet, que resultó en la existencia de dos bases de datos que no están homologadas.
En una de las dos bases de datos utilizadas de 2023, no era obligatorio elegir la opción de tipo de procedimiento, lo que explica que esta información no estuvo disponible para el análisis", detalló.
Por otro lado, 136,240 millones 474,174 pesos correspondiente a 130,032 procedimientos se realizaron por adjudicación directa.
"De este conjunto, procedimientos que sumaron 43.9 millones de pesos no fueron justificados", precisó el trabajo.
También se mencionó que 6,533 procedimientos se realizaron mediante una invitación restringida, equivalente a un monto de 14,679 millones 913,265 pesos. Mientras tanto, licitaciones públicas registraro una suma de 193,542 millones 505,178 pesos, otorgados en 17,160 procedimientos registrados en Compranet.
En total el análisis del IMCO registró un total de 166,897 procedimientos en el 2023.
Otra precisión que se realizó en el trabajo fue el hecho de que, durante el año pasado, 29% de las licitaciones públicas realizadas por las instituciones públicas federales no se ajustaron a las disposiciones de ley referentes a los plazos en las diferentes etapas de la licitación pública.
"La existencia de plazos cortos implica posibles escenarios de desventaja para los proveedores que no necesariamente cuentan con experiencia en la participación de procesos de contratación pública, dado que se reduce el tiempo para preparar y presentar la propuesta", indicó el texto.
De igual manera, el análisis de la organización mostró que el año pasado las instituciones de la Administración Pública Federal firmaron contratos por un valor total de 3,096 millones de pesos con empresas de reciente creación, es decir, aquellas con menos de 12 meses de existencia antes de la firma del contrato. Sin embargo, esta cantidad fue 10.8% menor que los 3,474 millones de pesos entregados a este tipo de empresas en 2022.
Por otro lado, "dentro de los riesgos de cumplimiento, destaca la contratación con proveedores que han sido sancionados o que recientemente se constituyeron como empresa. En 2023, las instituciones públicas federales firmaron contratos por 2,506 millones con empresas sancionadas.
Estas empresas están incluidas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, lo que indica que han sido inhabilitadas y sancionadas por alguna falta en su gestión como proveedores de bienes y servicios", precisó la organización en el documento mencionado.
Riesgo de corrupción El Índice 2024 identificó al Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Diconsa como las instituciones con mayor riesgo de corrupción en el apartado de gasto muy alto. Fidena lidera con un puntaje de 81 en el índice, seguido por Fonatur (61) y Diconsa (57).
Fonatur, responsable de proyectos clave como el Tren Maya, destinó 5,197 millones de pesos en adjudicaciones directas justificadas bajo el artículo 42 de la Ley de Obra Pública. Esta práctica, aunque legal, limita la competencia y la transparencia.
"La institución con mayor puntaje en este rango de gasto (alto) fue Pronósticos para la Asistencia Pública, un organismo que recauda fondos mediante apuestas para apoyar la asistencia pública, con un puntaje de 53", se detalló.
En el apartado de gasto medio, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, con una calificación de 100, no sólo lidera la categoría, sino el listado global. "Su puntaje se explica por la publicación tardía de contratos, el elevado nivel de adjudicaciones directas y la alta concentración de mercado, factores que limitan la competitividad", se explicó.
Para las instituciones que tuvieron un gasto bajo, la que mayor porcentaje de riesgo de corrupción obtuvo fue Seguros de Crédito a la Vivienda SHF S.A. de C.V., con 86, lo que también la colocó en el segundo lugar global.
"A partir del análisis de bases de datos públicas, principalmente de la plataforma Compranet, el IMCO calcula un puntaje para cada institución de la Administración Pública Federal (APF) que va de 0 a 100 (a mayor puntaje, más riesgo de corrupción)", indicó la organización.
El monto total de las adquisiciones fue por $668,044 millones.
En 323,581 mdp gastados no se pudo conocer cuál fue el esquema de la compra
Las compras públicas a nivel federal continúan con riesgos significativos en temas de corrupción y falta de eficiencia, según lo mostrado por el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2024, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Según el análisis, en el 2023, el monto total de las compras públicas que realizaron las instituciones de la Administración Pública Federal ascendió a un monto total de 668,044 millones 4,191 pesos de los cuales, el 48%, es decir 323,581 millones 111,574 se colocó en la categoría de "Otros" o "Sin información".
La organización explicó que no se puede conocer cuál fue el tipo de procedimiento de 13,172 contrataciones llevadas a cabo en dicho lapso.
"Esto se debe a un cambio en el sistema de Compranet, que resultó en la existencia de dos bases de datos que no están homologadas.
En una de las dos bases de datos utilizadas de 2023, no era obligatorio elegir la opción de tipo de procedimiento, lo que explica que esta información no estuvo disponible para el análisis", detalló.
Por otro lado, 136,240 millones 474,174 pesos correspondiente a 130,032 procedimientos se realizaron por adjudicación directa.
"De este conjunto, procedimientos que sumaron 43.9 millones de pesos no fueron justificados", precisó el trabajo.
También se mencionó que 6,533 procedimientos se realizaron mediante una invitación restringida, equivalente a un monto de 14,679 millones 913,265 pesos. Mientras tanto, licitaciones públicas registraro una suma de 193,542 millones 505,178 pesos, otorgados en 17,160 procedimientos registrados en Compranet.
En total el análisis del IMCO registró un total de 166,897 procedimientos en el 2023.
Otra precisión que se realizó en el trabajo fue el hecho de que, durante el año pasado, 29% de las licitaciones públicas realizadas por las instituciones públicas federales no se ajustaron a las disposiciones de ley referentes a los plazos en las diferentes etapas de la licitación pública.
"La existencia de plazos cortos implica posibles escenarios de desventaja para los proveedores que no necesariamente cuentan con experiencia en la participación de procesos de contratación pública, dado que se reduce el tiempo para preparar y presentar la propuesta", indicó el texto.
De igual manera, el análisis de la organización mostró que el año pasado las instituciones de la Administración Pública Federal firmaron contratos por un valor total de 3,096 millones de pesos con empresas de reciente creación, es decir, aquellas con menos de 12 meses de existencia antes de la firma del contrato. Sin embargo, esta cantidad fue 10.8% menor que los 3,474 millones de pesos entregados a este tipo de empresas en 2022.
Por otro lado, "dentro de los riesgos de cumplimiento, destaca la contratación con proveedores que han sido sancionados o que recientemente se constituyeron como empresa. En 2023, las instituciones públicas federales firmaron contratos por 2,506 millones con empresas sancionadas.
Estas empresas están incluidas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, lo que indica que han sido inhabilitadas y sancionadas por alguna falta en su gestión como proveedores de bienes y servicios", precisó la organización en el documento mencionado.
Riesgo de corrupción El Índice 2024 identificó al Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Diconsa como las instituciones con mayor riesgo de corrupción en el apartado de gasto muy alto. Fidena lidera con un puntaje de 81 en el índice, seguido por Fonatur (61) y Diconsa (57).
Fonatur, responsable de proyectos clave como el Tren Maya, destinó 5,197 millones de pesos en adjudicaciones directas justificadas bajo el artículo 42 de la Ley de Obra Pública. Esta práctica, aunque legal, limita la competencia y la transparencia.
"La institución con mayor puntaje en este rango de gasto (alto) fue Pronósticos para la Asistencia Pública, un organismo que recauda fondos mediante apuestas para apoyar la asistencia pública, con un puntaje de 53", se detalló.
En el apartado de gasto medio, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, con una calificación de 100, no sólo lidera la categoría, sino el listado global. "Su puntaje se explica por la publicación tardía de contratos, el elevado nivel de adjudicaciones directas y la alta concentración de mercado, factores que limitan la competitividad", se explicó.
Para las instituciones que tuvieron un gasto bajo, la que mayor porcentaje de riesgo de corrupción obtuvo fue Seguros de Crédito a la Vivienda SHF S.A. de C.V., con 86, lo que también la colocó en el segundo lugar global.
"A partir del análisis de bases de datos públicas, principalmente de la plataforma Compranet, el IMCO calcula un puntaje para cada institución de la Administración Pública Federal (APF) que va de 0 a 100 (a mayor puntaje, más riesgo de corrupción)", indicó la organización.