La disciplina judicial como garantía democrática
Resumen:
Los justiciables exigen un actuar recto, con profesionalismo, alejado de la dádiva.
Transcripción:
Los justiciables exigen un actuar recto, con profesionalismo, alejado de la dádiva.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tiene el reto de no ser un instrumento inquisitivo, pero tampoco de olvido. La sociedad demanda una institución que garantice el actuar honesto y responsable de todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación.
Los justiciables exigen un actuar recto en la función judicial, con profesionalismo y excelencia, alejado de la dádiva, amiguismo, complicidad, influyentismo, nepotismo, protagonismo, arrogancia e ignorancia, entre otros factores, donde el único eje sea dar a cada quien lo suyo.
No es posible sostener que en el Poder Judicial no hay quienes se hayan alejado de un correcto proceder; no son todos, hay personas honestas y trabajadoras.
Sin embargo, la percepción de la sociedad, que ha sido lacerada, indica que es necesario un mayor esfuerzo contra la corrupción en todos los niveles y en todas las formas posibles.
Es impostergable legitimar la función judicial, no sólo con sentencias de calidad dictadas de forma pronta y expedita —es una obligación inherente al cargo—, también debe garantizarse el actuar probo de quienes intervienen en el aparato judicial; eso es justicia social y se traduce en el fortalecimiento de la democracia como sistema de vida.
La función disciplinaria, soy un convencido de ello, siempre trae consigo la carga de demostrar que la acción de investigación debe partir de una presunción razonable de la comisión de una falta.
Debe velar porque en la substanciación se cumplan imparcialmente las garantías esenciales del procedimiento para ser válidamente oído y vencido en juicio.
Y debe, exhaustivamente, fundar y motivar una resolución que brinde seguridad y certeza jurídica en cada fallo que se emita.
Es mi convicción que la protección que el Estado debe brindar, a través del Tribunal de Disciplina Judicial, al pueblo de México, constituye una garantía democrática para lograr el anhelo de Morelos: "que todo aquél que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario"; ello, sin distinción de clases, de credos o de preferencias personales que no sea la correcta impartición de justicia.
De ese tamaño y dimensión es el reto que debemos asumir y afrontar en la reforma judicial mexicana.
Estoy cierto de que los trabajos del Tribunal de Disciplina demandan experiencia y conocimientos probados en la materia, pero también valor y muy firmes convicciones de compromiso con la función a ejercer, donde la huella de cada actuación será objeto de un amplio escrutinio público de la sociedad a quien se le debe servir con la máxima probidad y responsabilidad posible.
Son tiempos de cambio que hay que asumir con una visión crítica y constructiva para lograr consolidar un Estado constitucional democrático y de derecho.
"Es impostergable legitimar la función judicial, no sólo con sentencias de calidad, también con el actuar probo en el aparato judicial".
ENRIQUE SUMUANO
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tiene el reto de no ser un instrumento inquisitivo, pero tampoco de olvido. La sociedad demanda una institución que garantice el actuar honesto y responsable de todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación.
Los justiciables exigen un actuar recto en la función judicial, con profesionalismo y excelencia, alejado de la dádiva, amiguismo, complicidad, influyentismo, nepotismo, protagonismo, arrogancia e ignorancia, entre otros factores, donde el único eje sea dar a cada quien lo suyo.
No es posible sostener que en el Poder Judicial no hay quienes se hayan alejado de un correcto proceder; no son todos, hay personas honestas y trabajadoras.
Sin embargo, la percepción de la sociedad, que ha sido lacerada, indica que es necesario un mayor esfuerzo contra la corrupción en todos los niveles y en todas las formas posibles.
Es impostergable legitimar la función judicial, no sólo con sentencias de calidad dictadas de forma pronta y expedita —es una obligación inherente al cargo—, también debe garantizarse el actuar probo de quienes intervienen en el aparato judicial; eso es justicia social y se traduce en el fortalecimiento de la democracia como sistema de vida.
La función disciplinaria, soy un convencido de ello, siempre trae consigo la carga de demostrar que la acción de investigación debe partir de una presunción razonable de la comisión de una falta.
Debe velar porque en la substanciación se cumplan imparcialmente las garantías esenciales del procedimiento para ser válidamente oído y vencido en juicio.
Y debe, exhaustivamente, fundar y motivar una resolución que brinde seguridad y certeza jurídica en cada fallo que se emita.
Es mi convicción que la protección que el Estado debe brindar, a través del Tribunal de Disciplina Judicial, al pueblo de México, constituye una garantía democrática para lograr el anhelo de Morelos: "que todo aquél que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario"; ello, sin distinción de clases, de credos o de preferencias personales que no sea la correcta impartición de justicia.
De ese tamaño y dimensión es el reto que debemos asumir y afrontar en la reforma judicial mexicana.
Estoy cierto de que los trabajos del Tribunal de Disciplina demandan experiencia y conocimientos probados en la materia, pero también valor y muy firmes convicciones de compromiso con la función a ejercer, donde la huella de cada actuación será objeto de un amplio escrutinio público de la sociedad a quien se le debe servir con la máxima probidad y responsabilidad posible.
Son tiempos de cambio que hay que asumir con una visión crítica y constructiva para lograr consolidar un Estado constitucional democrático y de derecho.
"Es impostergable legitimar la función judicial, no sólo con sentencias de calidad, también con el actuar probo en el aparato judicial".
ENRIQUE SUMUANO