Frankenstein electoral
Resumen:
Como la participación electoral será muy baja, los movilizadores de votos definirán la elección judicial; ya sabemos qué partido tiene más recursos.
La reforma judicial deforma el sistema electoral mexicano. Para hacer posible la elección de personas ministras, magistradas y juzgadoras que representan demarcaciones judiciales, no electorales, la legislación secundaria que se presentó este lunes desarrolla reglas inviables, fantasiosas e, incluso, ridículas. Se trata de modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.
La reforma judicial deforma el sistema electoral mexicano. Para hacer posible la elección de personas ministras, magistradas y juzgadoras que representan demarcaciones judiciales, no electorales, la legislación secundaria que se presentó este lunes desarrolla reglas inviables, fantasiosas e, incluso, ridículas. Se trata de modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.
Transcripción:
Como la participación electoral será muy baja, los movilizadores de votos definirán la elección judicial; ya sabemos qué partido tiene más recursos.
La reforma judicial deforma el sistema electoral mexicano. Para hacer posible la elección de personas ministras, magistradas y juzgadoras que representan demarcaciones judiciales, no electorales, la legislación secundaria que se presentó este lunes desarrolla reglas inviables, fantasiosas e, incluso, ridículas. Se trata de modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.
Primero, se trata de una elección indirecta. Los verdaderos electores son, en primera instancia, los tres comités de evaluación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que reciben solicitudes de aspirantes y escogen a los "mejores" mediante mecanismos discrecionales y luego los mismos poderes avalan las listas.
Todos pueden inscribirse, pero son estas instancias las que definen quiénes aparecen en las boletas.
Cierto, los comités de evaluación pueden ser garantía de que solo los más competentes aparezcan en la boleta. Pe ro también, la cuña para que solo los "aceptables" compitan.
En segundo lugar, la legislación secundaria que se aprobará esta semana no aborda un asunto central: la demarcación geográfica para elegir a las personas juzgadoras. Este problema no existe para las candidaturas la Corte o al Tribunal Electoral federal, las cuales se eligen en el ámbito nacional, pero si para los magistrados de circuito y los jueces federales, quienes se distribuyen en circuitos judiciales que no guardan correspondencia con los 300 distritos electorales en los que se divide el país para las elecciones legislativas.
La legislación delega la atribución de definir quién elige quién al Instituto Nacional Electoral (INE) al órgano administrativo del Poder Judicial, pero el problema persiste: cómo se vincula la población de una vecindad, colonia o distrito con jueces cuya dirección judicial poco tiene que ver con ellos. Es decir, una jueza federal en materia de competencia económica, por ejemplo, será elegida en una región cuyos votantes raramente serán atendidos por esa persona.
Tercero, la nueva legislación fragmenta la responsabilidad de la organización electoral. El Senado es quien convoca, define qué cargos se eligen, establece fechas (claro, con base en la ley) y remite -una vez que los comités de evaluación definen- la lista de aspirantes al INE. Asimismo, el órgano administrativo judicial define las plazas vacantes que compiten. El INE es receptor del proceso de registro, pero no coordina esas labores.
Cuarto, las nuevas reglas de financiamiento trastocan hasta los huesos la lógica del financiamiento de las campañas electorales. Se introduce la figura del financiamiento personal: las erogaciones que hagan las candidaturas solo podrán provenir de sus bolsillos. Como la reforma constitucional prohíbe el financiamiento público y privado, pero a la vez establece que habrá campañas de 60 días, los redactores inventaron una nueva fuente de financiamiento: los gastos personales.
Es una manera de darle la vuelta al financiamiento privado. Y también de legitimar que quien más tiene. más puede. La lucha histórica de que el dinero no defina ganadores (vulnerada una y otra vez) se rompe con esta reforma, pues serán las candidaturas con dinero propio las que más oportunidades tendrán para difundir su plataforma. Sin una cuenta bancaria abundante, ;cómo pagar tus boletos de avión y alojamiento para hacer campaña electoral? Quinto, en la era digital las campañas serán de papel. La legislación prohíbe contratar publicidad en redes sociales y establece que la única propaganda válida será en papel. Eso es, podrás subir tus propuestas de campaña a tus cuentas personales de Facebook o Instagram o tus amigos podrán darte retuits, pero sin que nadie pague réplica alguna.
Nadie podrá pagar publicidad en radio o TV, ni tampoco espectaculares: solo papel mano mano. Para quien compita por un cargo nacional como ministro de la Corte, hacer una campaña se vuelve oneroso e imposible de llevar a cabo, Finalmente, como la participación electoral será muy baja -quizá menos del 10% de la lista de electores- quienes definirán una elección tan compleja serán los movilizadores de votos. Bastará con unos cuantos apoyos para ganar. Y ya sabemos cuál es el partido con mayores recursos para ese fin.
La reforma judicial deforma el sistema electoral mexicano. Para hacer posible la elección de personas ministras, magistradas y juzgadoras que representan demarcaciones judiciales, no electorales, la legislación secundaria que se presentó este lunes desarrolla reglas inviables, fantasiosas e, incluso, ridículas. Se trata de modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.
Primero, se trata de una elección indirecta. Los verdaderos electores son, en primera instancia, los tres comités de evaluación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que reciben solicitudes de aspirantes y escogen a los "mejores" mediante mecanismos discrecionales y luego los mismos poderes avalan las listas.
Todos pueden inscribirse, pero son estas instancias las que definen quiénes aparecen en las boletas.
Cierto, los comités de evaluación pueden ser garantía de que solo los más competentes aparezcan en la boleta. Pe ro también, la cuña para que solo los "aceptables" compitan.
En segundo lugar, la legislación secundaria que se aprobará esta semana no aborda un asunto central: la demarcación geográfica para elegir a las personas juzgadoras. Este problema no existe para las candidaturas la Corte o al Tribunal Electoral federal, las cuales se eligen en el ámbito nacional, pero si para los magistrados de circuito y los jueces federales, quienes se distribuyen en circuitos judiciales que no guardan correspondencia con los 300 distritos electorales en los que se divide el país para las elecciones legislativas.
La legislación delega la atribución de definir quién elige quién al Instituto Nacional Electoral (INE) al órgano administrativo del Poder Judicial, pero el problema persiste: cómo se vincula la población de una vecindad, colonia o distrito con jueces cuya dirección judicial poco tiene que ver con ellos. Es decir, una jueza federal en materia de competencia económica, por ejemplo, será elegida en una región cuyos votantes raramente serán atendidos por esa persona.
Tercero, la nueva legislación fragmenta la responsabilidad de la organización electoral. El Senado es quien convoca, define qué cargos se eligen, establece fechas (claro, con base en la ley) y remite -una vez que los comités de evaluación definen- la lista de aspirantes al INE. Asimismo, el órgano administrativo judicial define las plazas vacantes que compiten. El INE es receptor del proceso de registro, pero no coordina esas labores.
Cuarto, las nuevas reglas de financiamiento trastocan hasta los huesos la lógica del financiamiento de las campañas electorales. Se introduce la figura del financiamiento personal: las erogaciones que hagan las candidaturas solo podrán provenir de sus bolsillos. Como la reforma constitucional prohíbe el financiamiento público y privado, pero a la vez establece que habrá campañas de 60 días, los redactores inventaron una nueva fuente de financiamiento: los gastos personales.
Es una manera de darle la vuelta al financiamiento privado. Y también de legitimar que quien más tiene. más puede. La lucha histórica de que el dinero no defina ganadores (vulnerada una y otra vez) se rompe con esta reforma, pues serán las candidaturas con dinero propio las que más oportunidades tendrán para difundir su plataforma. Sin una cuenta bancaria abundante, ;cómo pagar tus boletos de avión y alojamiento para hacer campaña electoral? Quinto, en la era digital las campañas serán de papel. La legislación prohíbe contratar publicidad en redes sociales y establece que la única propaganda válida será en papel. Eso es, podrás subir tus propuestas de campaña a tus cuentas personales de Facebook o Instagram o tus amigos podrán darte retuits, pero sin que nadie pague réplica alguna.
Nadie podrá pagar publicidad en radio o TV, ni tampoco espectaculares: solo papel mano mano. Para quien compita por un cargo nacional como ministro de la Corte, hacer una campaña se vuelve oneroso e imposible de llevar a cabo, Finalmente, como la participación electoral será muy baja -quizá menos del 10% de la lista de electores- quienes definirán una elección tan compleja serán los movilizadores de votos. Bastará con unos cuantos apoyos para ganar. Y ya sabemos cuál es el partido con mayores recursos para ese fin.