¿Crisis en los tribunales electorales?
Resumen:
Ser persona juzgadora es una de las responsabilidades más nobles y satisfactorias que existen, y mucho más si la materia que se ejerce es la electoral.
Transcripción:
Ser persona juzgadora es una de las responsabilidades más nobles y satisfactorias que existen, y mucho más si la materia que se ejerce es la electoral.
En el campo del deber ser, cuando ocurre una vacante en algún organismo jurisdiccional, esta se cubre mediante el procedimiento constitucional o legal previamente establecido y dentro de los plazos que prevé la norma para no afectar los trabajos de la institución y, desde luego, no interrumpir la impartición de justicia.
¿Pero qué sucede cuando se presentan vacantes y estas no son cubiertas? Simplemente se altera la regularidad constitucional y se obliga a los tribunales a ingeniárselas dentro del marco jurídico a su alcance, para completar sus plenos con personas que hacen las veces de las magistraturas, sin serlo.
Es decir, ante la falta de dichos nombramientos, en la mayoría de los tribunales, federal y locales, los plenos se han completado o se completarán habilitando a magistraturas regionales, y a secretarias y secretarios de estudio y cuenta (según corresponda) para ejercer las funciones inherentes al cargo vacante, lo cual sin duda es válido, pero también genera conflictos jurídicos y políticos, pues siempre existe un grupo que quiere imponer a las y los suyos para obtener mayorías a veces no muy transparentes.
Al respecto, en días recientes, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, reiteró el llamado al Senado de la República para realizar los nombramientos faltantes de las magistraturas de su Sala Superior y de las salas regionales; sin embargo, la cámara alta dejó en la congeladora no únicamente éstos, sino los de muchos tribunales electorales de las entidades federativas.
Mónica Soto también sostuvo que el TEPJF está preparado en lo jurídico y en lo institucional con sus cinco magistradas y magistrados para recibir y resolver todos los medios de impugnación que se presenten, y advirtió que la falta de nombramientos en las magistraturas vacantes (dos magistraturas en la Sala Superior y una magistratura en cada una de las seis salas regionales), no le impedirá al máximo tribunal electoral ejercer sus funciones conforme al mandato constitucional.
Pero no solo el TEPJF resultó afectado, el Senado también soslayó que este año, además de la elección presidencial y del Congreso de la Unión, están en curso diversos procesos electorales locales, donde se renovarán: 9 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos, 24 juntas municipales, y alcaldías y concejalías; y si bien, como siempre, todos los tribunales sacarán la casta y resolverán en tiempo y forma la totalidad de las impugnaciones, ello ocurrirá en las peores circunstancias de su historia, pues además de las vacantes no cubiertas, los tribunales locales carecen de recursos económicos suficientes para operar con dignidad, a grado tal que a algunos de ellos apenas les alcanza para cubrir la nómina y, eso, a medias.
En el caso del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, además de la falta de recursos que lo han obligado a congelar plazas y buscar mecanismos de máximo ahorro presupuestal, en la actualidad opera con dos de cinco magistrados y, a finales de este año, lo hará únicamente con uno, con lo cual dejará de ser un órgano colegiado para volverse un órgano unipersonal. Esto sin duda, no es responsabilidad de los actuales magistrados, quienes han desarrollado un trabajo profesional, sino de la falta de acuerdos entre los partidos políticos.
En estas circunstancias, el tribunal capitalino resolverá a lo largo de 2024 aproximadamente 900 expedientes, de los cuales, un poco más de 300 corresponderán a controversias derivadas del proceso electoral, ello con el personal de dos de las cinco ponencias activas, lo que representa un enorme reto del cual, sin duda, saldrá avante la institución.
Esperemos que, en la próxima Legislatura del Senado, con nuevas coordinaciones de los grupos parlamentarios y con la conducción de la Junta de Coordinación Política por Adán Augusto López Hernández, se logren los acuerdos suficientes para realizar los casi 50nombramientos pendientes de todos los tribunales, ya sin la polarización y opacos intereses que propiciaron la actual falta de consensos.
Finalmente, aun cuando el senador Ricardo Monreal confió en la posibilidad de que pudiera convocarse a un periodo extraordinario después de junio de este año, ello es muy poco probable, por lo tanto, lo más seguro es que el tema se vuelva a discutir a finales de este año, ya con baraja nueva, emitiéndose la convocatoria para renovar las magistraturas que culminarán su periodo en diciembre de 2024, para posteriormente designar el paquete en el periodo febrero-abril de 2025. Desde este medio le daremos puntual seguimiento a todo el proceso.
Plancha de quite: "Es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido". Simón Bolívar.
En el campo del deber ser, cuando ocurre una vacante en algún organismo jurisdiccional, esta se cubre mediante el procedimiento constitucional o legal previamente establecido y dentro de los plazos que prevé la norma para no afectar los trabajos de la institución y, desde luego, no interrumpir la impartición de justicia.
¿Pero qué sucede cuando se presentan vacantes y estas no son cubiertas? Simplemente se altera la regularidad constitucional y se obliga a los tribunales a ingeniárselas dentro del marco jurídico a su alcance, para completar sus plenos con personas que hacen las veces de las magistraturas, sin serlo.
Es decir, ante la falta de dichos nombramientos, en la mayoría de los tribunales, federal y locales, los plenos se han completado o se completarán habilitando a magistraturas regionales, y a secretarias y secretarios de estudio y cuenta (según corresponda) para ejercer las funciones inherentes al cargo vacante, lo cual sin duda es válido, pero también genera conflictos jurídicos y políticos, pues siempre existe un grupo que quiere imponer a las y los suyos para obtener mayorías a veces no muy transparentes.
Al respecto, en días recientes, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, reiteró el llamado al Senado de la República para realizar los nombramientos faltantes de las magistraturas de su Sala Superior y de las salas regionales; sin embargo, la cámara alta dejó en la congeladora no únicamente éstos, sino los de muchos tribunales electorales de las entidades federativas.
Mónica Soto también sostuvo que el TEPJF está preparado en lo jurídico y en lo institucional con sus cinco magistradas y magistrados para recibir y resolver todos los medios de impugnación que se presenten, y advirtió que la falta de nombramientos en las magistraturas vacantes (dos magistraturas en la Sala Superior y una magistratura en cada una de las seis salas regionales), no le impedirá al máximo tribunal electoral ejercer sus funciones conforme al mandato constitucional.
Pero no solo el TEPJF resultó afectado, el Senado también soslayó que este año, además de la elección presidencial y del Congreso de la Unión, están en curso diversos procesos electorales locales, donde se renovarán: 9 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos, 24 juntas municipales, y alcaldías y concejalías; y si bien, como siempre, todos los tribunales sacarán la casta y resolverán en tiempo y forma la totalidad de las impugnaciones, ello ocurrirá en las peores circunstancias de su historia, pues además de las vacantes no cubiertas, los tribunales locales carecen de recursos económicos suficientes para operar con dignidad, a grado tal que a algunos de ellos apenas les alcanza para cubrir la nómina y, eso, a medias.
En el caso del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, además de la falta de recursos que lo han obligado a congelar plazas y buscar mecanismos de máximo ahorro presupuestal, en la actualidad opera con dos de cinco magistrados y, a finales de este año, lo hará únicamente con uno, con lo cual dejará de ser un órgano colegiado para volverse un órgano unipersonal. Esto sin duda, no es responsabilidad de los actuales magistrados, quienes han desarrollado un trabajo profesional, sino de la falta de acuerdos entre los partidos políticos.
En estas circunstancias, el tribunal capitalino resolverá a lo largo de 2024 aproximadamente 900 expedientes, de los cuales, un poco más de 300 corresponderán a controversias derivadas del proceso electoral, ello con el personal de dos de las cinco ponencias activas, lo que representa un enorme reto del cual, sin duda, saldrá avante la institución.
Esperemos que, en la próxima Legislatura del Senado, con nuevas coordinaciones de los grupos parlamentarios y con la conducción de la Junta de Coordinación Política por Adán Augusto López Hernández, se logren los acuerdos suficientes para realizar los casi 50nombramientos pendientes de todos los tribunales, ya sin la polarización y opacos intereses que propiciaron la actual falta de consensos.
Finalmente, aun cuando el senador Ricardo Monreal confió en la posibilidad de que pudiera convocarse a un periodo extraordinario después de junio de este año, ello es muy poco probable, por lo tanto, lo más seguro es que el tema se vuelva a discutir a finales de este año, ya con baraja nueva, emitiéndose la convocatoria para renovar las magistraturas que culminarán su periodo en diciembre de 2024, para posteriormente designar el paquete en el periodo febrero-abril de 2025. Desde este medio le daremos puntual seguimiento a todo el proceso.
Plancha de quite: "Es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido". Simón Bolívar.