López Obrador vs. el poder judicial, una pugna de 30 años
Resumen:
El encono del expresidente Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no comenzó con la llegada de la ministra Norma Piña a la cabeza del Poder Judicial de la Federación, Se remonta a 30 años atrás, cuando el máximo tribunal del país frustró su propósito de sacar del gobierno de Tabasco a su eterno opositor, Roberto Madrazo.
Transcripción:
El encono del expresidente Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no comenzó con la llegada de la ministra Norma Piña a la cabeza del Poder Judicial de la Federación, Se remonta a 30 años atrás, cuando el máximo tribunal del país frustró su propósito de sacar del gobierno de Tabasco a su eterno opositor, Roberto Madrazo.
Pese a que la Corte también falló en favor de López Obrador en distintas ocasiones, la historia de desencuentros entre ambos es larga. Como presidente de la República, ante la imposibilidad de influir en las decisiones de la SCJN luego de la salida de su aliado, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, decidió arremeter contra el principal dique de control constitucional que ha tenido el país en los últimos 30 años ante los poderes Ejecutivo y Judicial.
Como herencia, deja en la incertidumbre el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) para los próximos años con la elección popular de jueces, magistrados y ministros, del Legislativo -en lo que se describió como un "Golpe de Estado Técnico"- y a partir del 1 de enero del siguiente año comenzó a funcionar la composición que ahora echó abajo López Obrador con su contrarreforma judicial.
En medio de la convulsión del país entre 1993 y 1994, con los magnicidios del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, y del líder priista José Francisco Ruiz Massieu, el levantamiento Zapatista y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, López Obrador busco gobernar Tabasco en momentos en que la entonces oposición del PAN y el PRD estaban en ascenso.
Lucha por la gubernatura
López Obrador, junto con Zedillo, estuvo a punto de impedirle la gubernatura a Madrazo. Tras la elección que le dio el triunfo al candidato del PRI, López Obrador dio a conocer pruebas sobre el financiamiento ilegal de 70 millones de dólares para la campaña de Madrazo por parte de Carlos Cabal Peniche, que al mismo tiempo benefició a Zedillo en su carrera rumbo a la Presidencia.
El entonces dirigente del PRD en Tabasco, Octavio Romero Oropeza, ahora director de Pemex y próximo director del Infonavit en el gobierno de Claudia Sheinbaum, intentó someter a Madrazo a juicio por delitos federales.
La acción no prosperó porque la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda, evitó querellarse para que la Procuraduría General de la República emprendiera la averiguación.
En diciembre de 1994 el entonces presidente Ernesto Zedillo emprendió una reforma constitucional para cambiar la estructura y funcionamiento del PJF. A la Corte se le otorgaron mayores controles sobre la acción del Ejecutivo federal y el Legislativo, ampliando las atribuciones del pleno de ministros para resolver controversias constitucionales (conflictos entre poderes y entidades con la Federación) y se estableció la facultad para investigar casos en los que pudiera haber graves violaciones a los derechos humanos.
Zedillo aprovechó el receso vacacional de diciembre de ese año para dejar inoperante al tercer Poder, con el apoyo
Octavio Gómez más votos tuviera en automático la mayoría de los La SCJN le dio la razón porque la ley impugnada era contraria al artículo 54 constitucional que buscaba evitar la sobrerrepresentación, argumento que ahora la oposición intentó, sin éxito hacer valer.
Ante el escándalo que rodeaba el triunfo de Madrazo en Tabasco, Zedillo intentó intervenir, y, como parte de una estrategia para calmar a la oposición que reclamaba el fraude electoral denunciado por López Obrador, le pidió a Madrazo renunciar a su gubernatura.
Madrazo no se opuso ante la decisión de Zedillo, pero los grupos políticos que lo apoyaban en Tabasco le aconsejaron no hacer caso y pelear judicialmente.
"Madrazo llevó su defensa hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interpuso la primera controversia constitucional de un estado contra el Ejecutivo federal, después de una reforma judicial del propio Zedillo. La Corte le dio la razón", relata el periodista Jorge Carrasco en el texto "Roberto Madrazo. Las familias y el poder", publicado en 2006 en el libro Los suspirantes: los precandidatos de carne y hueso.
Para abril del año 1995 Zedillo no tuvo más opción que reconocer a Madrazo como gobernador de Tabasco, dejando a López Obrador que el partido que ganara más distritos y tuviera como el primer perjudicado por una resolución de la SCJN en una controversia constitucional.
El 15 de septiembre último Zedillo aseguró que con la reconversión del PJF hecha por López Obrador de la mano del Legislativo, la SCJN quedará como una entidad dócil, sujeta a "un gobierno absolutamente poderoso para combatir cualquier disidencia", por lo que calificó En el fallo de la Corte, elaborado por la ministra la reforma como una "felonía histórica" y una "atrocidad".
En 1998, como presidente del PRD, López Obrador hizo uso de la acción de inconstitucionalidad para impugnar una ley electoral emititación de los partidos dominantes.
Aunque parecía que la relación entre López Obrador y la Corte estaba en un terreno neutral, en el sexenio de Vicente Fox el panorama volvió a cambiar.
En 2001, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador publicó un decreto con el que intentó evitar la implementación del horario de verano en la capital del país luego de que el presidente Fox estableció cuatro zonas de usos horarios en los que estaba incluido el entonces Distrito Federal.
La SCJN declaró inconstitucionales ambos actos, el de Fox y el de López Obrador, y señaló que sólo el Congreso de la Unión tenía facultades para adoptar un sistema general de pesas y medidas que incluye el sistema de medición de tiempo. La Cámara de Diputados creó la Ley del Sistema Horario en México que estableció el horario de verano, pero en este sexenio fue eliminado en todo el país a propuesta del presidente López Obrador.
El Encino y el desafuero Dos años después, el jefe de Gobierno capitalino fue acusado de invadir El Encino, un terreno privado ubicado en Santa Fe, para construir una calle que daría continuidad a las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.
El predio había sido expropiado en el año 2000 por la entonces jefa de Gobierno interina, Rosario Robles, lo que derivó en un litigio con la empresa Promotora Internacional Santa Fe y que en el año 2005 causó el desafuero de López Obrador.
La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal acudió a la Corte mediante una controversia constitucional en la que los ministros declararon que el jefe de Gobierno del DF no podía recibir el mismo trato que el resto de los gobernantes de las entidades federativas y, por tanto, no correspondía a la Legislatura local tener la última palabra sobre el proceso de desafuero.
Con esta resolución, la Cámara de Diputados consumó el desafuero de López Obrador en el año 2005, por lo que la PGR solicitó una orden de presentación en su contra, misma que fue rechazada por el juez Décimo Segundo de Distrito en la capital del país.
Para el 4 de mayo de ese año, luego de la renuncia del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, y de una masiva movilización social contra el desafuero, Fox anunció que el caso sería revisado nuevamente y la PGR desistió de la intención de continuar con el proceso penal contra López Obrador.
Sin embargo, la SCJN resolvió que el gobierno capitalino debía indemnizar con 95 millones de pesos a la empresa porque la expropiación se dio fuera del marco constitucional y era imposible devolverle el terreno.
Este año, 2024, la Corte utilizó el criterio con el que avaló el desafuero de López Obrador al enfatizar en la distinción entre gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
De este modo, la SCJN evitó que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fuera desaforado debido a que el Congreso estatal no avaló la decisión de la Cámara de Diputados. El propósito de Morena era impedir la participación política del panista.
En 2016 López Obrador, entonces dirigente nacional de Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Constitución que transformó al DF en Ciudad de México (CDMX).
El ministro Javier Laynez Potisek desechó la demanda por improcedente. Esa decisión fue confirmada a propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al considerar que, de acuerdo con el artículo 105 constitucional los partidos políticos no pueden presentar este tipo de impugnaciones, además de que la acción de inconstitucionalidad no era la vía para impugnar una reforma constitucional.
La Corte renovó su presidencia en enero de 2019, un mes después de la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República, y quedó al frente del PJF el hoy ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Desde el inicio de su gestión, el expresidente arremetió contra los jueces, magistrados y ministros de la Corte, a quienes amenazó con reformar al Poder Judicial para bajarles los sueldos; los acusó públicamente de corruptos, nepotistas y de responder a intereses económicos en lugar de impartir justicia.
PODER JUDICIAL
Las acusaciones del presidente provocaron diversas manifestaciones pacíficas por parte de jueces y magistrados que, ante el silencio de Zaldívar, exigieron al mandatario federal dejar de denostarlos durante sus conferencias matutinas.
Zaldívar asumió el papel de intermediario entre el PJF y el Ejecutivo federal, pero el mandatario pudo intervenir en los asuntos que eran de interés para el gobierno federal, según reconoció el propio López Obrador en su conferencia matutina del 21 de febrero pasado.
El presidente decidió reducir los sueldos de toda la administración pública federal para que nadie pudiera ganar más que él, como establece la Constitución, mediante la Ley Federal de Remuneraciones, cuya entrada en vigor fue frenada por la Corte.
Eso causó que el exmandatario federal cuestionara públicamente a los ministros sobre sus altos sueldos, lo que fue respondido desde la propia Corte, con Zaldívar al frente, con el argumento de la prohibición constitucional de reducir los salarios de los jueces, magistrados y ministros en activo.
Posteriormente, al analizar las impugnaciones a la Ley Federal de Remuneraciones, la SCJN estableció otro candado que protegió los salarios de todos los servidores públicos.
En mayo de 2019 los ministros señalaron que, para establecer el tope salarial con base en el sueldo del Ejecutivo federal, el Poder Legislativo tiene que hacer un tabulador para precisar qué conceptos comprende el salario del presidente y, a partir de ahí, hacer el cálculo para todos los demás servidores públicos. A la fecha, el Congreso de la Unión no ha cumplido.
En 2020, López Obrador impulsó una consulta pública para enjuiciar a los expresidentes mexicanos por los posibles delitos que hubieran cometido durante sus administraciones.
El proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar, quien consideró que la consulta era inconstitucionalidad porque presunción de inocencia de los expresidenZaldívar. Frustrada ampliación del mandato tes, aunque el resultado de la misma no fuera de aplicación obligatoria para las autoridades.
Suprema Corte de Justicia de la Nación la ciudadanía no puede decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos por servidores públicos, pues esto es una facultad exclusiva del Ministerio Público.
En una votación de seis a cinco el pleno de ministros declaró constitucional la consulta planteada por el presidente, pero modificó la redacción de la pregunta para evitar la vulneración de derechos humanos, tanto de las víctimas como de los exfuncionarios que pudieran estar implicados y evitar, asimismo, quitarle al Ministerio Público la facultad exclusiva que tiene de servidores públicos.
Durante la sesión destacó la participación de Zaldívar, quien consideró que la consulta no violaba la pre"Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión".
La resolución no logró que el morenista desistiera de intentar reformar al Poder Judicial para reducir los sueldos de los juzgadores.
Ante ello, Zaldívar planteó su propia iniciativa de reforma judicial que se redujo a eliminar los Tribunales Unitarios y crear los Tribunales Colegiados de Apelación y simplificó el proceso de emisión de jurisprudencias.
La propuesta fue avalada por López Obrador, quien la hizo suya, la presentó a inicios del año 2021 y fue aprobada por el Congreso de la Unión casi de inmediato.
En un intento de madruguete en el Congreso, de último minuto se agregó un artículo transitorio que establecía la ampliación del mandato de Zaldívar al frente del PJF hasta diciembre de 2024, dos años más de su periodo constitucional, bajo el argumento de que serviría para consolidar su reforma. El entonces presidente López Obrador respaldó esta idea.
En agosto de 2021, la Corte declaró inconstitucional la ampliación de mandato conocida como "Ley Zaldívar". Los desencuentros entre el máximo tribunal y el presidente ya eran una constante.
El exmandatario impulsó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para dar marcha atrás a la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Dicha modificación otorgó preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y estableció más límites para que las empresas privadas generadoras de energía pudieran competir en el sector.
Diversas empresas extranjeras se ampararon y consiguieron suspensiones con efectos generales que prohibían la aplicación de las nuevas reglas. La oposición también acudió a la Corte y en febrero de este año la declaró inconstitucional.
Control en la SCJN
A mediados de 2022, Zaldívar se preparaba para concluir su presidencia en la Corte y volver a ser un ministro más en el pleno.
López Obrador públicamente apoyó las intenciones de la ministra Yasmin Esquivel Mossa para suceder a Zaldívar. El escándalo por el denunciado plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Esquivel la eliminó de la competencia y al final fue Norma Piña quien resultó ganadora en la votación.
Proceso informó (edición semanal 2410) que la elección de Piña como nueva presidenta de la Corte colocó, una vez más, a López Obrador como perdedor ante el máximo tribunal, pues dejó de tener el control que ejercía mediante el ahora ministro en retiro.
A partir de ese momento, la Corte emitió más resoluciones que desagradaron al presidente y la confrontación con Piña fue abierta.
En febrero de 2023, durante la ceremonia de aniversario de la Constitución de 1917, la ministra Piña no se levantó para recibir y aplaudir a López Obrador, pues ningún protocolo lo establece así; sin embargo, sí se levantó para rendir honores a la Bandera Nacional.
Esto ha sido percibido como la primera gran muestra de la ruptura entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
Poco después de ese desencuentro público, en abril de 2023, ocho de los 11 ministros declararon inconstitucional el decreto emitido por el titular del Ejecutivo PODER JUDICIAL federal para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Zaldívar, Esquivel y la ministra Loretta Ortiz Ahlf votaron contra el proyecto. El expresidente de la Corte argumentó que otorgar el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena no implicaba militarizar a la corporación, además de que el jefe máximo de las Fuerzas Armadas es un civil: el presidente de la República, por lo que no existía la inconstitucionalidad.
Luego, en junio de ese año la Corte invalidó por violaciones al procedimiento legislativo el llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por López Obrador.
Dicha reforma modificaba las reglas que se aplicarían en los comicios del 2 de junio de este año, pero sin estudiar si esto era o no legal, los ministros declararon inconstitucionalidad, por lo que el López Obrador llamó a los votantes a aplicar el Plan C en las urnas, es decir, votar todo Morena para garantizar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en los Congresos estatales y, de esa manera, hacer reformas sin oposición.
En agosto siguiente, la SCJN invalidó el decreto presidencial de López Obrador con el que clasificó de interés público y seguridad nacional las obras prioritarias de su administración como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, entre otros.
Este decreto, que entró en vigor en noviembre de 2021, mantenía como reservada toda la información relacionada con dichas obras, por lo que los ministros señalaron que al ser tan amplios sus efectos y ambiguos, obstaculizaba e inhibía el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras prioritarias.
A finales de 2023 Zaldívar renunció a la Corte y se sumó al equipo de la entonces candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.
La renuncia permitió al entonces presidente designar de manera directa a la ministra Lenia Batres, quien, junto con Esquivel Mossa Ortiz Ahlf, se ha dedicado a defender la reforma judicial.
El 15 de septiembre, como era su deseo, López Obrador promulgó y publicó la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Debido a la premura con la cual fue avalada, ni la Corte ni el resto del PJF tienen claro cómo seguirán funcionando de cara a la elección extraordinaria de 2025, cuando la ciudadanía deberá votar por los nuevos jueces, magistrados y ministros.
Pese a que la Corte también falló en favor de López Obrador en distintas ocasiones, la historia de desencuentros entre ambos es larga. Como presidente de la República, ante la imposibilidad de influir en las decisiones de la SCJN luego de la salida de su aliado, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, decidió arremeter contra el principal dique de control constitucional que ha tenido el país en los últimos 30 años ante los poderes Ejecutivo y Judicial.
Como herencia, deja en la incertidumbre el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) para los próximos años con la elección popular de jueces, magistrados y ministros, del Legislativo -en lo que se describió como un "Golpe de Estado Técnico"- y a partir del 1 de enero del siguiente año comenzó a funcionar la composición que ahora echó abajo López Obrador con su contrarreforma judicial.
En medio de la convulsión del país entre 1993 y 1994, con los magnicidios del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, y del líder priista José Francisco Ruiz Massieu, el levantamiento Zapatista y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, López Obrador busco gobernar Tabasco en momentos en que la entonces oposición del PAN y el PRD estaban en ascenso.
Lucha por la gubernatura
López Obrador, junto con Zedillo, estuvo a punto de impedirle la gubernatura a Madrazo. Tras la elección que le dio el triunfo al candidato del PRI, López Obrador dio a conocer pruebas sobre el financiamiento ilegal de 70 millones de dólares para la campaña de Madrazo por parte de Carlos Cabal Peniche, que al mismo tiempo benefició a Zedillo en su carrera rumbo a la Presidencia.
El entonces dirigente del PRD en Tabasco, Octavio Romero Oropeza, ahora director de Pemex y próximo director del Infonavit en el gobierno de Claudia Sheinbaum, intentó someter a Madrazo a juicio por delitos federales.
La acción no prosperó porque la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda, evitó querellarse para que la Procuraduría General de la República emprendiera la averiguación.
En diciembre de 1994 el entonces presidente Ernesto Zedillo emprendió una reforma constitucional para cambiar la estructura y funcionamiento del PJF. A la Corte se le otorgaron mayores controles sobre la acción del Ejecutivo federal y el Legislativo, ampliando las atribuciones del pleno de ministros para resolver controversias constitucionales (conflictos entre poderes y entidades con la Federación) y se estableció la facultad para investigar casos en los que pudiera haber graves violaciones a los derechos humanos.
Zedillo aprovechó el receso vacacional de diciembre de ese año para dejar inoperante al tercer Poder, con el apoyo
Octavio Gómez más votos tuviera en automático la mayoría de los La SCJN le dio la razón porque la ley impugnada era contraria al artículo 54 constitucional que buscaba evitar la sobrerrepresentación, argumento que ahora la oposición intentó, sin éxito hacer valer.
Ante el escándalo que rodeaba el triunfo de Madrazo en Tabasco, Zedillo intentó intervenir, y, como parte de una estrategia para calmar a la oposición que reclamaba el fraude electoral denunciado por López Obrador, le pidió a Madrazo renunciar a su gubernatura.
Madrazo no se opuso ante la decisión de Zedillo, pero los grupos políticos que lo apoyaban en Tabasco le aconsejaron no hacer caso y pelear judicialmente.
"Madrazo llevó su defensa hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interpuso la primera controversia constitucional de un estado contra el Ejecutivo federal, después de una reforma judicial del propio Zedillo. La Corte le dio la razón", relata el periodista Jorge Carrasco en el texto "Roberto Madrazo. Las familias y el poder", publicado en 2006 en el libro Los suspirantes: los precandidatos de carne y hueso.
Para abril del año 1995 Zedillo no tuvo más opción que reconocer a Madrazo como gobernador de Tabasco, dejando a López Obrador que el partido que ganara más distritos y tuviera como el primer perjudicado por una resolución de la SCJN en una controversia constitucional.
El 15 de septiembre último Zedillo aseguró que con la reconversión del PJF hecha por López Obrador de la mano del Legislativo, la SCJN quedará como una entidad dócil, sujeta a "un gobierno absolutamente poderoso para combatir cualquier disidencia", por lo que calificó En el fallo de la Corte, elaborado por la ministra la reforma como una "felonía histórica" y una "atrocidad".
En 1998, como presidente del PRD, López Obrador hizo uso de la acción de inconstitucionalidad para impugnar una ley electoral emititación de los partidos dominantes.
Aunque parecía que la relación entre López Obrador y la Corte estaba en un terreno neutral, en el sexenio de Vicente Fox el panorama volvió a cambiar.
En 2001, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador publicó un decreto con el que intentó evitar la implementación del horario de verano en la capital del país luego de que el presidente Fox estableció cuatro zonas de usos horarios en los que estaba incluido el entonces Distrito Federal.
La SCJN declaró inconstitucionales ambos actos, el de Fox y el de López Obrador, y señaló que sólo el Congreso de la Unión tenía facultades para adoptar un sistema general de pesas y medidas que incluye el sistema de medición de tiempo. La Cámara de Diputados creó la Ley del Sistema Horario en México que estableció el horario de verano, pero en este sexenio fue eliminado en todo el país a propuesta del presidente López Obrador.
El Encino y el desafuero Dos años después, el jefe de Gobierno capitalino fue acusado de invadir El Encino, un terreno privado ubicado en Santa Fe, para construir una calle que daría continuidad a las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.
El predio había sido expropiado en el año 2000 por la entonces jefa de Gobierno interina, Rosario Robles, lo que derivó en un litigio con la empresa Promotora Internacional Santa Fe y que en el año 2005 causó el desafuero de López Obrador.
La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal acudió a la Corte mediante una controversia constitucional en la que los ministros declararon que el jefe de Gobierno del DF no podía recibir el mismo trato que el resto de los gobernantes de las entidades federativas y, por tanto, no correspondía a la Legislatura local tener la última palabra sobre el proceso de desafuero.
Con esta resolución, la Cámara de Diputados consumó el desafuero de López Obrador en el año 2005, por lo que la PGR solicitó una orden de presentación en su contra, misma que fue rechazada por el juez Décimo Segundo de Distrito en la capital del país.
Para el 4 de mayo de ese año, luego de la renuncia del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, y de una masiva movilización social contra el desafuero, Fox anunció que el caso sería revisado nuevamente y la PGR desistió de la intención de continuar con el proceso penal contra López Obrador.
Sin embargo, la SCJN resolvió que el gobierno capitalino debía indemnizar con 95 millones de pesos a la empresa porque la expropiación se dio fuera del marco constitucional y era imposible devolverle el terreno.
Este año, 2024, la Corte utilizó el criterio con el que avaló el desafuero de López Obrador al enfatizar en la distinción entre gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
De este modo, la SCJN evitó que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fuera desaforado debido a que el Congreso estatal no avaló la decisión de la Cámara de Diputados. El propósito de Morena era impedir la participación política del panista.
En 2016 López Obrador, entonces dirigente nacional de Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Constitución que transformó al DF en Ciudad de México (CDMX).
El ministro Javier Laynez Potisek desechó la demanda por improcedente. Esa decisión fue confirmada a propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al considerar que, de acuerdo con el artículo 105 constitucional los partidos políticos no pueden presentar este tipo de impugnaciones, además de que la acción de inconstitucionalidad no era la vía para impugnar una reforma constitucional.
La Corte renovó su presidencia en enero de 2019, un mes después de la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República, y quedó al frente del PJF el hoy ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Desde el inicio de su gestión, el expresidente arremetió contra los jueces, magistrados y ministros de la Corte, a quienes amenazó con reformar al Poder Judicial para bajarles los sueldos; los acusó públicamente de corruptos, nepotistas y de responder a intereses económicos en lugar de impartir justicia.
PODER JUDICIAL
Las acusaciones del presidente provocaron diversas manifestaciones pacíficas por parte de jueces y magistrados que, ante el silencio de Zaldívar, exigieron al mandatario federal dejar de denostarlos durante sus conferencias matutinas.
Zaldívar asumió el papel de intermediario entre el PJF y el Ejecutivo federal, pero el mandatario pudo intervenir en los asuntos que eran de interés para el gobierno federal, según reconoció el propio López Obrador en su conferencia matutina del 21 de febrero pasado.
El presidente decidió reducir los sueldos de toda la administración pública federal para que nadie pudiera ganar más que él, como establece la Constitución, mediante la Ley Federal de Remuneraciones, cuya entrada en vigor fue frenada por la Corte.
Eso causó que el exmandatario federal cuestionara públicamente a los ministros sobre sus altos sueldos, lo que fue respondido desde la propia Corte, con Zaldívar al frente, con el argumento de la prohibición constitucional de reducir los salarios de los jueces, magistrados y ministros en activo.
Posteriormente, al analizar las impugnaciones a la Ley Federal de Remuneraciones, la SCJN estableció otro candado que protegió los salarios de todos los servidores públicos.
En mayo de 2019 los ministros señalaron que, para establecer el tope salarial con base en el sueldo del Ejecutivo federal, el Poder Legislativo tiene que hacer un tabulador para precisar qué conceptos comprende el salario del presidente y, a partir de ahí, hacer el cálculo para todos los demás servidores públicos. A la fecha, el Congreso de la Unión no ha cumplido.
En 2020, López Obrador impulsó una consulta pública para enjuiciar a los expresidentes mexicanos por los posibles delitos que hubieran cometido durante sus administraciones.
El proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar, quien consideró que la consulta era inconstitucionalidad porque presunción de inocencia de los expresidenZaldívar. Frustrada ampliación del mandato tes, aunque el resultado de la misma no fuera de aplicación obligatoria para las autoridades.
Suprema Corte de Justicia de la Nación la ciudadanía no puede decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos por servidores públicos, pues esto es una facultad exclusiva del Ministerio Público.
En una votación de seis a cinco el pleno de ministros declaró constitucional la consulta planteada por el presidente, pero modificó la redacción de la pregunta para evitar la vulneración de derechos humanos, tanto de las víctimas como de los exfuncionarios que pudieran estar implicados y evitar, asimismo, quitarle al Ministerio Público la facultad exclusiva que tiene de servidores públicos.
Durante la sesión destacó la participación de Zaldívar, quien consideró que la consulta no violaba la pre"Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión".
La resolución no logró que el morenista desistiera de intentar reformar al Poder Judicial para reducir los sueldos de los juzgadores.
Ante ello, Zaldívar planteó su propia iniciativa de reforma judicial que se redujo a eliminar los Tribunales Unitarios y crear los Tribunales Colegiados de Apelación y simplificó el proceso de emisión de jurisprudencias.
La propuesta fue avalada por López Obrador, quien la hizo suya, la presentó a inicios del año 2021 y fue aprobada por el Congreso de la Unión casi de inmediato.
En un intento de madruguete en el Congreso, de último minuto se agregó un artículo transitorio que establecía la ampliación del mandato de Zaldívar al frente del PJF hasta diciembre de 2024, dos años más de su periodo constitucional, bajo el argumento de que serviría para consolidar su reforma. El entonces presidente López Obrador respaldó esta idea.
En agosto de 2021, la Corte declaró inconstitucional la ampliación de mandato conocida como "Ley Zaldívar". Los desencuentros entre el máximo tribunal y el presidente ya eran una constante.
El exmandatario impulsó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para dar marcha atrás a la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Dicha modificación otorgó preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y estableció más límites para que las empresas privadas generadoras de energía pudieran competir en el sector.
Diversas empresas extranjeras se ampararon y consiguieron suspensiones con efectos generales que prohibían la aplicación de las nuevas reglas. La oposición también acudió a la Corte y en febrero de este año la declaró inconstitucional.
Control en la SCJN
A mediados de 2022, Zaldívar se preparaba para concluir su presidencia en la Corte y volver a ser un ministro más en el pleno.
López Obrador públicamente apoyó las intenciones de la ministra Yasmin Esquivel Mossa para suceder a Zaldívar. El escándalo por el denunciado plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Esquivel la eliminó de la competencia y al final fue Norma Piña quien resultó ganadora en la votación.
Proceso informó (edición semanal 2410) que la elección de Piña como nueva presidenta de la Corte colocó, una vez más, a López Obrador como perdedor ante el máximo tribunal, pues dejó de tener el control que ejercía mediante el ahora ministro en retiro.
A partir de ese momento, la Corte emitió más resoluciones que desagradaron al presidente y la confrontación con Piña fue abierta.
En febrero de 2023, durante la ceremonia de aniversario de la Constitución de 1917, la ministra Piña no se levantó para recibir y aplaudir a López Obrador, pues ningún protocolo lo establece así; sin embargo, sí se levantó para rendir honores a la Bandera Nacional.
Esto ha sido percibido como la primera gran muestra de la ruptura entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
Poco después de ese desencuentro público, en abril de 2023, ocho de los 11 ministros declararon inconstitucional el decreto emitido por el titular del Ejecutivo PODER JUDICIAL federal para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Zaldívar, Esquivel y la ministra Loretta Ortiz Ahlf votaron contra el proyecto. El expresidente de la Corte argumentó que otorgar el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena no implicaba militarizar a la corporación, además de que el jefe máximo de las Fuerzas Armadas es un civil: el presidente de la República, por lo que no existía la inconstitucionalidad.
Luego, en junio de ese año la Corte invalidó por violaciones al procedimiento legislativo el llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por López Obrador.
Dicha reforma modificaba las reglas que se aplicarían en los comicios del 2 de junio de este año, pero sin estudiar si esto era o no legal, los ministros declararon inconstitucionalidad, por lo que el López Obrador llamó a los votantes a aplicar el Plan C en las urnas, es decir, votar todo Morena para garantizar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en los Congresos estatales y, de esa manera, hacer reformas sin oposición.
En agosto siguiente, la SCJN invalidó el decreto presidencial de López Obrador con el que clasificó de interés público y seguridad nacional las obras prioritarias de su administración como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, entre otros.
Este decreto, que entró en vigor en noviembre de 2021, mantenía como reservada toda la información relacionada con dichas obras, por lo que los ministros señalaron que al ser tan amplios sus efectos y ambiguos, obstaculizaba e inhibía el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras prioritarias.
A finales de 2023 Zaldívar renunció a la Corte y se sumó al equipo de la entonces candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.
La renuncia permitió al entonces presidente designar de manera directa a la ministra Lenia Batres, quien, junto con Esquivel Mossa Ortiz Ahlf, se ha dedicado a defender la reforma judicial.
El 15 de septiembre, como era su deseo, López Obrador promulgó y publicó la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Debido a la premura con la cual fue avalada, ni la Corte ni el resto del PJF tienen claro cómo seguirán funcionando de cara a la elección extraordinaria de 2025, cuando la ciudadanía deberá votar por los nuevos jueces, magistrados y ministros.