Un callejón sin salida, el Tribunal Electoral
Resumen:
El Senado en sintonía con el Poder Ejecutivo determinó no nombrar a los dos magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación faltantes, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió en tiempo y forma las ternas de candidatos y candidatas para que se procediera a la elección correspondiente. Hoy, sólo hay 5 magistrados en funciones, que son insuficientes para emitir la declaratoria de presidente electo, en el proceso de calificación del proceso del 2 de junio.
Transcripción:
El Senado en sintonía con el Poder Ejecutivo determinó no nombrar a los dos magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación faltantes, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió en tiempo y forma las ternas de candidatos y candidatas para que se procediera a la elección correspondiente. Hoy, sólo hay 5 magistrados en funciones, que son insuficientes para emitir la declaratoria de presidente electo, en el proceso de calificación del proceso del 2 de junio.
La ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es clara y establece, en el párrafo tercero, en el artículo 167, lo siguiente: En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o magistrada quien durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original.
En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad, si existen asuntos de urgente atención.
La lectura del texto no deja lugar a dudas y se requieren 6 magistrados para que la elección sea declarada válida, por lo que la falta de integración de la sala superior es un motivo no desdeñable para un conflicto post electoral, que ponga en riesgo la institucionalidad del país y la transmisión en condiciones de normalidad de la titularidad del Poder Ejecutivo.
Estas cuestiones de índole formal han sido la causa de intranquilidad política, tal como sucedió en 2006 con el bloqueo de la tribuna de la Cámara de Diputados, que pretendió impedir la toma de posesión como presidente de Felipe Calderón y se superó con su entrada subrepticia al presídium, por el salón banderas, para rendir la protesta que ordena la Constitución.
También hay que recordar que la declaratoria de presidente electo en ese año incluyó una ponderación explícita sobre la falta de equidad electoral que se produjo por una intervención indebida del presidente Fox y que, según quedó expresado, fue un elemento que, en el parecer de los magistrados, estuvo a punto de constituir un causal de invalidez de las elecciones. Esa circunstancia tenía más fuerza jurídica que los incidentes denunciados durante la jornada electoral.
Hoy, el Tribunal está metido en un callejón sin salida, ya que deberá justificar plenamente que actúa dentro del marco constitucional para evitar que la no integración de la sala superior con seis magistrados nombrados por el Senado y las constantes intervenciones presidenciales en favor de una candidata y en contra de otra. Las argumentaciones para convencer a los inconformes con el resultado de la elección que estas dos circunstancias no son una fuente de ilegitimidad de la elección de la próxima persona titular del poder ejecutivo deberán ser contundentes.
Lo dicho con anterioridad mueve la lucha por el poder a un plano distinto a la participación ciudadana en las urnas y esto cuestiona en su raíz a la democracia representativa y abona en beneficio de un autoritarismo promovido desde la cúspide, con la "negligencia" en el nombramiento de los magistrados y un supuesto ejercicio de la libertad de expresión del presidente fuera de lo ordenado por la Constitución y las leyes electorales.
El órgano jurisdiccional deberá resolver en un escenario de polarización y sólo se facilitará su función en la medida de que haya una ventaja amplia mayor al de cualquiera de las candidaturas, lo cual se antoja que puede ser una situación poco probable. Las encuestas están divididas en dos grupos y promediarlas no contribuye a una adecuada prospectiva del voto ciudadano.
La legitimidad de las elecciones tiene uno de sus elementos en la declaratoria de la validez de las mismas y este proceso, si no se corrige, está viciado o, por lo menos, expuesto a un alto riesgo de ser combatido con argumentos jurídico-políticos suficientes para generar incertidumbre entre un grupo significativo de votantes.
En ese sentido, hoy como nunca desde su creación, el Tribunal Electoral tendrá una visibilidad social superlativa y deberá explicar políticamente las circunstancias de su integración y la congruencia de la declaratoria de validez de la elección presidencial con sus propios criterios históricos en la nulidad de las elecciones para la gubernatura de Tabasco y Colima. Este órgano del Estado que sustituyó a los colegios electorales en este proceso pone al juicio de los ciudadanos y de la historia su razón de existir caminando en un aparente callejón sin salida.
La ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es clara y establece, en el párrafo tercero, en el artículo 167, lo siguiente: En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o magistrada quien durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original.
En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad, si existen asuntos de urgente atención.
La lectura del texto no deja lugar a dudas y se requieren 6 magistrados para que la elección sea declarada válida, por lo que la falta de integración de la sala superior es un motivo no desdeñable para un conflicto post electoral, que ponga en riesgo la institucionalidad del país y la transmisión en condiciones de normalidad de la titularidad del Poder Ejecutivo.
Estas cuestiones de índole formal han sido la causa de intranquilidad política, tal como sucedió en 2006 con el bloqueo de la tribuna de la Cámara de Diputados, que pretendió impedir la toma de posesión como presidente de Felipe Calderón y se superó con su entrada subrepticia al presídium, por el salón banderas, para rendir la protesta que ordena la Constitución.
También hay que recordar que la declaratoria de presidente electo en ese año incluyó una ponderación explícita sobre la falta de equidad electoral que se produjo por una intervención indebida del presidente Fox y que, según quedó expresado, fue un elemento que, en el parecer de los magistrados, estuvo a punto de constituir un causal de invalidez de las elecciones. Esa circunstancia tenía más fuerza jurídica que los incidentes denunciados durante la jornada electoral.
Hoy, el Tribunal está metido en un callejón sin salida, ya que deberá justificar plenamente que actúa dentro del marco constitucional para evitar que la no integración de la sala superior con seis magistrados nombrados por el Senado y las constantes intervenciones presidenciales en favor de una candidata y en contra de otra. Las argumentaciones para convencer a los inconformes con el resultado de la elección que estas dos circunstancias no son una fuente de ilegitimidad de la elección de la próxima persona titular del poder ejecutivo deberán ser contundentes.
Lo dicho con anterioridad mueve la lucha por el poder a un plano distinto a la participación ciudadana en las urnas y esto cuestiona en su raíz a la democracia representativa y abona en beneficio de un autoritarismo promovido desde la cúspide, con la "negligencia" en el nombramiento de los magistrados y un supuesto ejercicio de la libertad de expresión del presidente fuera de lo ordenado por la Constitución y las leyes electorales.
El órgano jurisdiccional deberá resolver en un escenario de polarización y sólo se facilitará su función en la medida de que haya una ventaja amplia mayor al de cualquiera de las candidaturas, lo cual se antoja que puede ser una situación poco probable. Las encuestas están divididas en dos grupos y promediarlas no contribuye a una adecuada prospectiva del voto ciudadano.
La legitimidad de las elecciones tiene uno de sus elementos en la declaratoria de la validez de las mismas y este proceso, si no se corrige, está viciado o, por lo menos, expuesto a un alto riesgo de ser combatido con argumentos jurídico-políticos suficientes para generar incertidumbre entre un grupo significativo de votantes.
En ese sentido, hoy como nunca desde su creación, el Tribunal Electoral tendrá una visibilidad social superlativa y deberá explicar políticamente las circunstancias de su integración y la congruencia de la declaratoria de validez de la elección presidencial con sus propios criterios históricos en la nulidad de las elecciones para la gubernatura de Tabasco y Colima. Este órgano del Estado que sustituyó a los colegios electorales en este proceso pone al juicio de los ciudadanos y de la historia su razón de existir caminando en un aparente callejón sin salida.