Suben 25% multas a firmas en primeros 9 meses de AMLO
Resumen:
En siete meses iniciamos más del doble de las investigaciones que el año pasado.
El mayor monto de multas impuestas corresponde a Pemex, pues de siete empresas sancionadas suman mil 372.6 millones de pesos, prácticamente 96 por ciento del valor de todas las multas registradas por la SFP.
El mayor monto de multas impuestas corresponde a Pemex, pues de siete empresas sancionadas suman mil 372.6 millones de pesos, prácticamente 96 por ciento del valor de todas las multas registradas por la SFP.
Transcripción:
Entre enero y septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso multas a 131 empresas, que suman un monto total por mil 423 millones de pesos, lo que significa 25.4 por ciento más que lo reportado en igual periodo del año pasado y la cifra más alta para un lapso similar en el registro del Gobierno federal.
Esta cantidad considera los 543.5 millones de pesos que debe pagar la constructora brasileña Odebrecht por los actos de corrupción que se adjudican en procesos de contratación con Pemex, cifra que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También se encuentran consideradas empresas como Grupo Fármacos Especializados, Bio-Steril, Desarrollo de Infraestructura ICG, Grupo GAEP y Technip México.
“Todas estas empresas fueron sancionadas por irregularidades en sus contratos de obra pública. En siete meses iniciamos más del doble de las investigaciones que el año pasado. Nos ganamos la confianza ciudadana, pues se incrementó 40 por ciento las denuncias por hechos de corrupción”, aseguró Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública en un foro en conjunto con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Del total de empresas multadas por la Función Pública, 100 fueron inhabilitadas para participar en próximas licitaciones del gobierno, con plazos que van desde los 3 meses hasta los 3 años, dependiendo la falta cometida.
“Depende mucho el tipo de falta realizada por la empresa y la gravedad que causa la misma, en base a eso el gobierno puede tomar una determinación para dictar la multa y la inhabilitación (…) existen diversas leyes para determinar en cada contratación administrativa la multa”, explicó Miguel Ángel Mateo Simón, socio del despacho Hogan Lovells en México.
El mayor monto de multas impuestas corresponde a Pemex, pues de siete empresas sancionadas suman mil 372.6 millones de pesos, prácticamente 96 por ciento del valor de todas las multas registradas por la SFP.
Si es por número de empresas castigadas, el Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS) lidera la lista con 34 compañías, le sigue la SFP con 30, el Grupo Aeroportuario de la CDMX con 11 y la Secretaría de la Defensa Nacional con 9 firmas.
Aun con esta labor como parte del combate a la corrupción, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), destacó que se debe trabajar en leyes que permitan una mayor transparencia en los procesos de contratación pública para evitar casos de colusión o corrupción.
“Se debe garantizar la transparencia en los procesos, el que existan proceso cerrados para ser proveedor de servicio o el otorgar una concesión, al final del día se limita la competencia”, indicó.
Eréndira Sandoval destacó que también buscan impulsar a las empresas que muestran un compromiso importante con la transparencia.
“Lanzamos el Padrón de integridad empresarial, esta plataforma nos va a permitir reconocer a las empresas con comportamiento ético y que van más allá en su labor en contra del soborno”, dijo.
Propuesta de homologación
Actualmente existe una dispersión normativa para la sanción en contrataciones públicas, lo cual abre espacio a la corrupción de las empresas, ante ello la SFP considera viable la creación de una ley general en la materia.
“Es cierto, no hay una homogeneidad en materia de adquisiciones, se habla de la creación de una ley general en principios generales para todo, pues así el artículo 134 de los principios que deben regir los recursos públicos de manera general”, María Guadalupe Vargas, directora general de controversias y sanciones en contrataciones públicas de la SFP.
Miguel Ángel Mateo Simón, socio del despacho Hogan Lovells en México, comentó que algunas leyes que consideran en su contenido las sanciones por contratos públicos son la de obras y contrataciones, adquisiciones públicas, Pemex, CFE, la ley federal de responsabilidad pública, el código penal federal, entre otros.
“Estas revisiones ayudan a detectar actos de corrupción (…) esto debe funcionar como un disuasivo entre las compañías para evitar este tipo de exposición”, agregó.
Esta cantidad considera los 543.5 millones de pesos que debe pagar la constructora brasileña Odebrecht por los actos de corrupción que se adjudican en procesos de contratación con Pemex, cifra que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También se encuentran consideradas empresas como Grupo Fármacos Especializados, Bio-Steril, Desarrollo de Infraestructura ICG, Grupo GAEP y Technip México.
“Todas estas empresas fueron sancionadas por irregularidades en sus contratos de obra pública. En siete meses iniciamos más del doble de las investigaciones que el año pasado. Nos ganamos la confianza ciudadana, pues se incrementó 40 por ciento las denuncias por hechos de corrupción”, aseguró Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública en un foro en conjunto con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Del total de empresas multadas por la Función Pública, 100 fueron inhabilitadas para participar en próximas licitaciones del gobierno, con plazos que van desde los 3 meses hasta los 3 años, dependiendo la falta cometida.
“Depende mucho el tipo de falta realizada por la empresa y la gravedad que causa la misma, en base a eso el gobierno puede tomar una determinación para dictar la multa y la inhabilitación (…) existen diversas leyes para determinar en cada contratación administrativa la multa”, explicó Miguel Ángel Mateo Simón, socio del despacho Hogan Lovells en México.
El mayor monto de multas impuestas corresponde a Pemex, pues de siete empresas sancionadas suman mil 372.6 millones de pesos, prácticamente 96 por ciento del valor de todas las multas registradas por la SFP.
Si es por número de empresas castigadas, el Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS) lidera la lista con 34 compañías, le sigue la SFP con 30, el Grupo Aeroportuario de la CDMX con 11 y la Secretaría de la Defensa Nacional con 9 firmas.
Aun con esta labor como parte del combate a la corrupción, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), destacó que se debe trabajar en leyes que permitan una mayor transparencia en los procesos de contratación pública para evitar casos de colusión o corrupción.
“Se debe garantizar la transparencia en los procesos, el que existan proceso cerrados para ser proveedor de servicio o el otorgar una concesión, al final del día se limita la competencia”, indicó.
Eréndira Sandoval destacó que también buscan impulsar a las empresas que muestran un compromiso importante con la transparencia.
“Lanzamos el Padrón de integridad empresarial, esta plataforma nos va a permitir reconocer a las empresas con comportamiento ético y que van más allá en su labor en contra del soborno”, dijo.
Propuesta de homologación
Actualmente existe una dispersión normativa para la sanción en contrataciones públicas, lo cual abre espacio a la corrupción de las empresas, ante ello la SFP considera viable la creación de una ley general en la materia.
“Es cierto, no hay una homogeneidad en materia de adquisiciones, se habla de la creación de una ley general en principios generales para todo, pues así el artículo 134 de los principios que deben regir los recursos públicos de manera general”, María Guadalupe Vargas, directora general de controversias y sanciones en contrataciones públicas de la SFP.
Miguel Ángel Mateo Simón, socio del despacho Hogan Lovells en México, comentó que algunas leyes que consideran en su contenido las sanciones por contratos públicos son la de obras y contrataciones, adquisiciones públicas, Pemex, CFE, la ley federal de responsabilidad pública, el código penal federal, entre otros.
“Estas revisiones ayudan a detectar actos de corrupción (…) esto debe funcionar como un disuasivo entre las compañías para evitar este tipo de exposición”, agregó.