Número Cero // El juego del halcón y la paloma en la reforma judicial
Resumen:
La controvertida reforma judicial se dirime en la lógica del juego del halcón y la paloma, donde están metidos los Poderes de la República. La colisión del gobierno de Sheinbaum y de la 4T con la Corte conduce a una crisis institucional en una carrera cada vez más peligrosa, en la que nadie quiere aflojar el paso para solucionar un conflicto en el que cada parte interesada pretende burlar al otro para aumentar el costo de ceder.
Transcripción:
La controvertida reforma judicial se dirime en la lógica del juego del halcón y la paloma, donde están metidos los Poderes de la República. La colisión del gobierno de Sheinbaum y de la 4T con la Corte conduce a una crisis institucional en una carrera cada vez más peligrosa, en la que nadie quiere aflojar el paso para solucionar un conflicto en el que cada parte interesada pretende burlar al otro para aumentar el costo de ceder.
El choque deja cada día nuevos agravios de un prolongado enfrentamiento de suspensiones y desacatos judiciales al que no se le ve final. Para unos, porque, sencillamente, la reforma “no cabe en nuestra República”, al decir del ministro González Alcántara, encargado del proyecto de la Corte para debatir su constitucionalidad. Frente al cerco del oficialismo, que se mantiene en el irreductible de que los ministros quieren cambiar la Constitución e imponer su voluntad al pueblo, aunque a su vez desconozca sus fallos para defenderla. De ese tamaño las tensiones que atisban una crisis constitucional, mientras el Congreso echa fuego a la lumbre con la aprobación de una ley para hacerla inimpugnable y no evadir los bloqueos de amparos y controversias del gobierno anterior.
Hasta ahora, nadie se desvía de la ruta de colisión por la soberbia de creer que se debilitarán si ceden o de parecer cobardes o “gallinas”, como también se conoce ese modelo de conflicto en la teoría de juegos. Al contrario, cada vez se enmaraña más en maniobras de alto riesgo con la renuncia de la mayoría de la Corte, aunque no sin antes intentar dar una penúltima estocada que sumergiría al país en una crisis institucional si, como pretende, invalida parcialmente la reforma.
Pero la dimisión de su presidenta Norma Piña y otros siete de los 11 ministros de la Corte no significa conformarse o abandonar el juego, sino seguir en el conflicto y tratar de burlar la reforma; que el Senado mantiene en vilo y descalifica como argucia para asegurar una liquidación millonaria. No obstante que a otros que renunciaron para irse al gobierno, como Arturo Zaldívar, le respetaron la pensión más alta.
La Corte votará el próximo martes un dictamen que propone aceptar sólo la elección de ministros de la Corte y del TEPJF, pero suspender la más amplia y compleja de magistrados y jueces del proyecto de López Obrador, que fue aprobado por la aplanadora de Morena en el Congreso y publicada por Sheinbaum el pasado 15 de septiembre. Si la propuesta trató de ser una salida política a una crisis constitucional, no logró desviar la trayectoria de colisión explosiva, sobre todo porque los lesionados serán los ciudadanos por el estado de indefensión y desamparo que dejará el juego de la paloma y el halcón.
Al contrario, la Corte puede abrir un nuevo capítulo de la carrera si trata de tirar la reforma y dejar al gobierno en desacato por incumplir su fallo y, con ello, agotar las instancias nacionales para trasladar el conflicto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dar la pelea final y ofrendar el sacrificio de sus renuncias como víctimas de una competencia irracional del “todo o nada” del maximalismo político. A menos que Sheinbaum se salga de esa lógica y acepte una negociación de ese tipo para evitar el desacato, aunque enfrentaría fuertes presiones internas y de considerar que dejaría vivo un potencial peligro para su gobierno.
Por el momento, la competencia no tiene visos de concluir y mucho menos de que sea con final feliz. Principalmente porque la disputa de los poderes dejará una profunda inquietud sobre la garantía de que sea la Constitución la que controle al poder político y no a la inversa; así como un fuerte debilitamiento del Judicial y de la función del control de convencionalidad de la Corte con la descalificación de poder contramayoritario que se impone a la voluntad popular.
El recelo al autoritarismo por el sometimiento del Poder Judicial es un argumento importante para desviar la ruta, aunque la 4T considere que las transformaciones nunca son tersas y trate de evitar los obstáculos que tuvo el gobierno anterior. Pero contrario a la racionalidad del modelo de juegos, de llegar a la colisión, todos los poderes perderán fuerza y legitimidad, aunque sus actores conserven el orgullo de llegar al final de la carrera sin apartarse del camino.
El choque deja cada día nuevos agravios de un prolongado enfrentamiento de suspensiones y desacatos judiciales al que no se le ve final. Para unos, porque, sencillamente, la reforma “no cabe en nuestra República”, al decir del ministro González Alcántara, encargado del proyecto de la Corte para debatir su constitucionalidad. Frente al cerco del oficialismo, que se mantiene en el irreductible de que los ministros quieren cambiar la Constitución e imponer su voluntad al pueblo, aunque a su vez desconozca sus fallos para defenderla. De ese tamaño las tensiones que atisban una crisis constitucional, mientras el Congreso echa fuego a la lumbre con la aprobación de una ley para hacerla inimpugnable y no evadir los bloqueos de amparos y controversias del gobierno anterior.
Hasta ahora, nadie se desvía de la ruta de colisión por la soberbia de creer que se debilitarán si ceden o de parecer cobardes o “gallinas”, como también se conoce ese modelo de conflicto en la teoría de juegos. Al contrario, cada vez se enmaraña más en maniobras de alto riesgo con la renuncia de la mayoría de la Corte, aunque no sin antes intentar dar una penúltima estocada que sumergiría al país en una crisis institucional si, como pretende, invalida parcialmente la reforma.
Pero la dimisión de su presidenta Norma Piña y otros siete de los 11 ministros de la Corte no significa conformarse o abandonar el juego, sino seguir en el conflicto y tratar de burlar la reforma; que el Senado mantiene en vilo y descalifica como argucia para asegurar una liquidación millonaria. No obstante que a otros que renunciaron para irse al gobierno, como Arturo Zaldívar, le respetaron la pensión más alta.
La Corte votará el próximo martes un dictamen que propone aceptar sólo la elección de ministros de la Corte y del TEPJF, pero suspender la más amplia y compleja de magistrados y jueces del proyecto de López Obrador, que fue aprobado por la aplanadora de Morena en el Congreso y publicada por Sheinbaum el pasado 15 de septiembre. Si la propuesta trató de ser una salida política a una crisis constitucional, no logró desviar la trayectoria de colisión explosiva, sobre todo porque los lesionados serán los ciudadanos por el estado de indefensión y desamparo que dejará el juego de la paloma y el halcón.
Al contrario, la Corte puede abrir un nuevo capítulo de la carrera si trata de tirar la reforma y dejar al gobierno en desacato por incumplir su fallo y, con ello, agotar las instancias nacionales para trasladar el conflicto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dar la pelea final y ofrendar el sacrificio de sus renuncias como víctimas de una competencia irracional del “todo o nada” del maximalismo político. A menos que Sheinbaum se salga de esa lógica y acepte una negociación de ese tipo para evitar el desacato, aunque enfrentaría fuertes presiones internas y de considerar que dejaría vivo un potencial peligro para su gobierno.
Por el momento, la competencia no tiene visos de concluir y mucho menos de que sea con final feliz. Principalmente porque la disputa de los poderes dejará una profunda inquietud sobre la garantía de que sea la Constitución la que controle al poder político y no a la inversa; así como un fuerte debilitamiento del Judicial y de la función del control de convencionalidad de la Corte con la descalificación de poder contramayoritario que se impone a la voluntad popular.
El recelo al autoritarismo por el sometimiento del Poder Judicial es un argumento importante para desviar la ruta, aunque la 4T considere que las transformaciones nunca son tersas y trate de evitar los obstáculos que tuvo el gobierno anterior. Pero contrario a la racionalidad del modelo de juegos, de llegar a la colisión, todos los poderes perderán fuerza y legitimidad, aunque sus actores conserven el orgullo de llegar al final de la carrera sin apartarse del camino.