El viacrucis por justicia para Samara
Resumen:
Cuando Claudia entró al comedor y miró a su hermana sentada a la mesa no entendió lo que pasaba, sintió algo extraño al verla; le tomó un instante ver el charco de sangre debajo de ella.
Transcripción:
Cuando Claudia entró al comedor y miró a su hermana sentada a la mesa no entendió lo que pasaba, sintió algo extraño al verla; le tomó un instante ver el charco de sangre debajo de ella.
Aunque la Policía Municipal y la Fiscalía estatal dijeron que era un suicidio, la realidad es que el cuerpo de Samara era la mayor evidencia de que su muerte, asegura la familia, fue un feminicidio.
Samara fue hallada el 15 de julio alrededor de las 6:30 horas por Claudia, su hermana menor. La recuerda sentada en una silla, aún tenía comida en la boca y un plato enfrente, sobre la mesa.
Cuando la encontró tenía dos heridas importantes en el cuello, de uno y dos centímetros, causadas por un instrumento con filo, de acuerdo con la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense (Semefo).
A Samara, a sus 29 años, le cortaron la yugular.
Baja California es uno de los estados del país más violentos con las mujeres. De enero a mayo de este año han sido asesinadas 123, lo cual coloca a la entidad en el segundo lugar nacional con más mujeres víctimas de homicidio. Tijuana por sí misma concentra más de la mitad de estos crímenes.
El primer reporte al número de emergencias indicaba que Samara se había autolesionado.
Claudia, quien la encontró aún con vida, llamó de inmediato al 911, pidió auxilio a su familia y preguntó qué hacer. Con las manos fuera de control, se contuvo y colocó un trapo en las heridas. Intentaba salvarla al tiempo que se le escapaba la vida.
Samara finalmente murió.
Para cuando llegó la policía municipal, los oficiales se comentaron: “fue suicidio”.
La misma conclusión se consignó en los expedientes judiciales; en la página del reporte entregado por el personal del área de Procesamientos de la Fiscalía General del Estado (FGE) advertían, de nuevo, que la joven se había quitado la vida.
Nadie se tomó la molestia de rastrear la evidencia a unos cuantos metros del cuerpo de la joven, en el mismo comedor: unos guantes y un cuchillo, también un cable y finalmente un video.
La lucha por reclasificar el crimen
Claudia, con apoyo de su abogada, entregó la información a personal del Ministerio Público a cargo del caso; junto con las pruebas llevaron un escrito en el que solicitaron que se cambiara el estatus en la carpeta de suicidio a homicidio.
“Tengo el corazón roto, destrozado, prácticamente murió en mis brazos. ¿Cómo supera alguien algo así? Durante unos días estuve en shock y me tiré a llorar, pero al ver lo que han hecho con la investigación sólo me quedó tranquilizarme para empezar a componer esto, porque el responsable no puede quedarse sin castigo”, dice Claudia Salas en entrevista con EL UNIVERSAL.
Señala que ni la abogada ni la familia han tenido acceso a la carpeta de investigación, sólo les dieron acceso para tomar algunas fotografías. Además, los agentes de la Agencia de Investigación Estatal (AIE) de la Fiscalía han tardado más de una semana en visitar la casa donde ocurrió el hecho.
“Si hubiera pruebas o evidencia, seguro ya no están. Cuando llegaron a procesar la escena ni siquiera revisaron bien el lugar, sólo se hablaron entre ellos y ya, no hubo más”, recuerda Claudia.
El Código Penal de Baja California establece que toda muerte violenta de mujeres se debe investigar como feminicidio. Sin excepción.
“Toda muerte violenta de mujeres será investigada como feminicidio, incluida aquella que en principio pareciera haber sido causada por motivos criminales, suicidio y accidentes, sin perjuicio de la reclasificación jurídica que posteriormente pueda darse con motivo de los hallazgos o resultados de la investigación, debiendo investigarse con perspectiva de género...”, dice el artículo en su inciso VIII.
Lo anterior se debe a una reforma aprobada por el Congreso de Baja California que homologa criterios con leyes nacionales para integrar la perspectiva de género en la procuración de justicia, porque clasificar como suicidios los feminicidios no es nuevo.
Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana, al igual que Claudia emprendió una odisea en los laberintos de las instituciones de justicia para que el asesinato de su hija se investigara como feminicidio. Su lucha y logros se convirtieron en ejemplo para las nuevas fiscalías sobre cómo deben investigarse los homicidios de mujeres.
En el caso de Samara la Fiscalía recientemente cambió el incidente de suicidio a homicidio simple. Para su familia esto no es suficiente, pues consideran que hay evidencia suficiente para considerar el caso como feminicidio, e incluso porque así lo marca la ley.
Aunque la Policía Municipal y la Fiscalía estatal dijeron que era un suicidio, la realidad es que el cuerpo de Samara era la mayor evidencia de que su muerte, asegura la familia, fue un feminicidio.
Samara fue hallada el 15 de julio alrededor de las 6:30 horas por Claudia, su hermana menor. La recuerda sentada en una silla, aún tenía comida en la boca y un plato enfrente, sobre la mesa.
Cuando la encontró tenía dos heridas importantes en el cuello, de uno y dos centímetros, causadas por un instrumento con filo, de acuerdo con la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense (Semefo).
A Samara, a sus 29 años, le cortaron la yugular.
Baja California es uno de los estados del país más violentos con las mujeres. De enero a mayo de este año han sido asesinadas 123, lo cual coloca a la entidad en el segundo lugar nacional con más mujeres víctimas de homicidio. Tijuana por sí misma concentra más de la mitad de estos crímenes.
El primer reporte al número de emergencias indicaba que Samara se había autolesionado.
Claudia, quien la encontró aún con vida, llamó de inmediato al 911, pidió auxilio a su familia y preguntó qué hacer. Con las manos fuera de control, se contuvo y colocó un trapo en las heridas. Intentaba salvarla al tiempo que se le escapaba la vida.
Samara finalmente murió.
Para cuando llegó la policía municipal, los oficiales se comentaron: “fue suicidio”.
La misma conclusión se consignó en los expedientes judiciales; en la página del reporte entregado por el personal del área de Procesamientos de la Fiscalía General del Estado (FGE) advertían, de nuevo, que la joven se había quitado la vida.
Nadie se tomó la molestia de rastrear la evidencia a unos cuantos metros del cuerpo de la joven, en el mismo comedor: unos guantes y un cuchillo, también un cable y finalmente un video.
La lucha por reclasificar el crimen
Claudia, con apoyo de su abogada, entregó la información a personal del Ministerio Público a cargo del caso; junto con las pruebas llevaron un escrito en el que solicitaron que se cambiara el estatus en la carpeta de suicidio a homicidio.
“Tengo el corazón roto, destrozado, prácticamente murió en mis brazos. ¿Cómo supera alguien algo así? Durante unos días estuve en shock y me tiré a llorar, pero al ver lo que han hecho con la investigación sólo me quedó tranquilizarme para empezar a componer esto, porque el responsable no puede quedarse sin castigo”, dice Claudia Salas en entrevista con EL UNIVERSAL.
Señala que ni la abogada ni la familia han tenido acceso a la carpeta de investigación, sólo les dieron acceso para tomar algunas fotografías. Además, los agentes de la Agencia de Investigación Estatal (AIE) de la Fiscalía han tardado más de una semana en visitar la casa donde ocurrió el hecho.
“Si hubiera pruebas o evidencia, seguro ya no están. Cuando llegaron a procesar la escena ni siquiera revisaron bien el lugar, sólo se hablaron entre ellos y ya, no hubo más”, recuerda Claudia.
El Código Penal de Baja California establece que toda muerte violenta de mujeres se debe investigar como feminicidio. Sin excepción.
“Toda muerte violenta de mujeres será investigada como feminicidio, incluida aquella que en principio pareciera haber sido causada por motivos criminales, suicidio y accidentes, sin perjuicio de la reclasificación jurídica que posteriormente pueda darse con motivo de los hallazgos o resultados de la investigación, debiendo investigarse con perspectiva de género...”, dice el artículo en su inciso VIII.
Lo anterior se debe a una reforma aprobada por el Congreso de Baja California que homologa criterios con leyes nacionales para integrar la perspectiva de género en la procuración de justicia, porque clasificar como suicidios los feminicidios no es nuevo.
Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana, al igual que Claudia emprendió una odisea en los laberintos de las instituciones de justicia para que el asesinato de su hija se investigara como feminicidio. Su lucha y logros se convirtieron en ejemplo para las nuevas fiscalías sobre cómo deben investigarse los homicidios de mujeres.
En el caso de Samara la Fiscalía recientemente cambió el incidente de suicidio a homicidio simple. Para su familia esto no es suficiente, pues consideran que hay evidencia suficiente para considerar el caso como feminicidio, e incluso porque así lo marca la ley.