Código de Ingresos // Histórica opacidad de la asistencia pública
Resumen:
na amable vecina, ex trabajadora de Nacional Monte de Piedad, agradeció a esta reportera haber desarrollado el tema de la supuesta quiebra de la institución. Dijo que era ya necesario revelar al público, de a pie, sobre las cuentas “claras” que este negocio para la Asistencia Pública reporta ante las autoridades fiscales y que muy lejos están de los números rojos que desde hace más de una década han querido hacer creer que tienen.
Transcripción:
GUADA LUPE ROMERO
id CÓDIGO DE INGRESOS
na amable vecina, ex trabajadora de Nacional Monte de Piedad, agradeció a esta reportera haber desarrollado el tema de la supuesta quiebra de la institución. Dijo que era ya necesario revelar al público, de a pie, sobre las cuentas “claras” que este negocio para la Asistencia Pública reporta ante las autoridades fiscales y que muy lejos están de los números rojos que desde hace más de una década han querido hacer creer que tienen.
En lo reporiado recientemente ante la Hacienda Pública se puede constatar que muchos de los trabajadores sindicalizados, que son 2 mil 410 incluidos jubilados, reciben el sueldo de un poco más del salario mínimo que es de 335 pesos al día. Y además en su mayoría son de reciente ingreso, pues como es el caso de mi vecina, fueron forzados entre 2012 y 2014 a renunciar para ser recontratados sin el goce de muchas de las prestaciones que hacían del Monte de Piedad uno de los mejores lugares para trabajar.
Muy bondadosa mi vecina que, a la fecha, le preocupa más que la esencia de la institución se está perdiendo, que antes se ayudaba a más gente con préstamos y programas de apoyo, asistenciales, pero ahora ya nadie sabe a dónde se va el dinero, a quién ayudan. Y es que la opacidad nubla los 1 mil 980 millones de pesos que reportaron como ganancias en 2021, su más reciente declaración pública ante el SAT.
Podemos sumar a esta problemática la desaparición, ordenada, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que la ciudadanía y nosotros los informadores apenas estábamos madurando su uso. Era un libro abierto de lo que debe ser transparente por obligación y derecho: el Gobierno electo democráticamente.
Ya el Inai se encuentra impedido dar cuentas y transparentar los recursos que ponemos en manos de la administración pública, y así está porque una de las “corcholatas” el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo ordenó: “no sale nada, no sale ninguna información que se solicite”. Así lo compartió la comisionada del Inai Norma Julieta del Río.
Qué nos sorprende si los grandes presupuestos de las “grandes obras” sexenales también, por orden, están ya bajo resguardo de secrecía por considerarse de “seguridad nacional”. Por lo que también qué nos extraña que las “cajas chicas” de este país, de su clase política, también estén “bajo la lápida” de la protección de datos.
Cuánto se gana en la Lotería Nacional, dónde además ya se suman las cuentas de Pronósticos Deportivos y las Rifas de Presidencia, juegos y sorteos regidos por Gobernación a los que los mexicanos solemos recurrir con mayor frecuencia en tiempos de crisis económica, cuando no hay trabajo y los precios de los básicos están por las nubes. ¿Realmente son para la Asistencia Pública? ¿Por qué los mexicanos desconocemos peso a peso dónde están esos recursos?
Ahora sí, ¿quién podrá defendernos? Si no podemos conocer de los recursos lejos estamos de poder proteger o mantener seguros nuestros datos personales, el daño colateral ante la desaparición del Inai que se ordenó y ya se ejecuta. Y mi vecina preocupada porque el Nacional Monte de Piedad ya no ayuda como antes a escuelas y hospitales.
La instalación, suministro y edificación del Sistema de Catenaria en el Tramo 4 del Tren Maya se encuentra en riesgo, o al menos es la lectura que se puede dar al conflicto desatado en IMA Especialistas en Electrificación Ferroviaria (Imacef), compañía subcontratada por Construcciones y Trituraciones, de ICA, para realizar las labores correspondientes, a cambio de 3 mil 600 millones de pesos.
Y es que la jugosa cantidad parece haber despertado el interés malsano de Elizabeth Escamilla Gerónimo, dueña minoritaria de Imacef, que desde los primeros meses de 2022 se habría aliado con personajes como la encargada de la Notaría 44, Liliana Gutiérrez Robles y el apoderado legal de Inver-Planning, Emiliano Vargas, para quitar de en medio al propietario del 70% del capital, Eric Pipiorski, así como a los especialistas designados por los miembros de la empresa para representarla.
En el entramado ya figuran señalamientos por simular asambleas y lograr inscribirlas en la Secretaría de Economía, de Raquel Buenrostro, así como desalojos que caerían en la ilegalidad. ¿Ya intervendrá el primer círculo del presidente López Obrador? Recordemos que se trata de una obra insignia.
Olupitaromero
id CÓDIGO DE INGRESOS
na amable vecina, ex trabajadora de Nacional Monte de Piedad, agradeció a esta reportera haber desarrollado el tema de la supuesta quiebra de la institución. Dijo que era ya necesario revelar al público, de a pie, sobre las cuentas “claras” que este negocio para la Asistencia Pública reporta ante las autoridades fiscales y que muy lejos están de los números rojos que desde hace más de una década han querido hacer creer que tienen.
En lo reporiado recientemente ante la Hacienda Pública se puede constatar que muchos de los trabajadores sindicalizados, que son 2 mil 410 incluidos jubilados, reciben el sueldo de un poco más del salario mínimo que es de 335 pesos al día. Y además en su mayoría son de reciente ingreso, pues como es el caso de mi vecina, fueron forzados entre 2012 y 2014 a renunciar para ser recontratados sin el goce de muchas de las prestaciones que hacían del Monte de Piedad uno de los mejores lugares para trabajar.
Muy bondadosa mi vecina que, a la fecha, le preocupa más que la esencia de la institución se está perdiendo, que antes se ayudaba a más gente con préstamos y programas de apoyo, asistenciales, pero ahora ya nadie sabe a dónde se va el dinero, a quién ayudan. Y es que la opacidad nubla los 1 mil 980 millones de pesos que reportaron como ganancias en 2021, su más reciente declaración pública ante el SAT.
Podemos sumar a esta problemática la desaparición, ordenada, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que la ciudadanía y nosotros los informadores apenas estábamos madurando su uso. Era un libro abierto de lo que debe ser transparente por obligación y derecho: el Gobierno electo democráticamente.
Ya el Inai se encuentra impedido dar cuentas y transparentar los recursos que ponemos en manos de la administración pública, y así está porque una de las “corcholatas” el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo ordenó: “no sale nada, no sale ninguna información que se solicite”. Así lo compartió la comisionada del Inai Norma Julieta del Río.
Qué nos sorprende si los grandes presupuestos de las “grandes obras” sexenales también, por orden, están ya bajo resguardo de secrecía por considerarse de “seguridad nacional”. Por lo que también qué nos extraña que las “cajas chicas” de este país, de su clase política, también estén “bajo la lápida” de la protección de datos.
Cuánto se gana en la Lotería Nacional, dónde además ya se suman las cuentas de Pronósticos Deportivos y las Rifas de Presidencia, juegos y sorteos regidos por Gobernación a los que los mexicanos solemos recurrir con mayor frecuencia en tiempos de crisis económica, cuando no hay trabajo y los precios de los básicos están por las nubes. ¿Realmente son para la Asistencia Pública? ¿Por qué los mexicanos desconocemos peso a peso dónde están esos recursos?
Ahora sí, ¿quién podrá defendernos? Si no podemos conocer de los recursos lejos estamos de poder proteger o mantener seguros nuestros datos personales, el daño colateral ante la desaparición del Inai que se ordenó y ya se ejecuta. Y mi vecina preocupada porque el Nacional Monte de Piedad ya no ayuda como antes a escuelas y hospitales.
La instalación, suministro y edificación del Sistema de Catenaria en el Tramo 4 del Tren Maya se encuentra en riesgo, o al menos es la lectura que se puede dar al conflicto desatado en IMA Especialistas en Electrificación Ferroviaria (Imacef), compañía subcontratada por Construcciones y Trituraciones, de ICA, para realizar las labores correspondientes, a cambio de 3 mil 600 millones de pesos.
Y es que la jugosa cantidad parece haber despertado el interés malsano de Elizabeth Escamilla Gerónimo, dueña minoritaria de Imacef, que desde los primeros meses de 2022 se habría aliado con personajes como la encargada de la Notaría 44, Liliana Gutiérrez Robles y el apoderado legal de Inver-Planning, Emiliano Vargas, para quitar de en medio al propietario del 70% del capital, Eric Pipiorski, así como a los especialistas designados por los miembros de la empresa para representarla.
En el entramado ya figuran señalamientos por simular asambleas y lograr inscribirlas en la Secretaría de Economía, de Raquel Buenrostro, así como desalojos que caerían en la ilegalidad. ¿Ya intervendrá el primer círculo del presidente López Obrador? Recordemos que se trata de una obra insignia.
Olupitaromero