Litigios postelectorales: otra faceta de la judicialización de la política en México
Resumen:
En México, el derecho y la política están más entrelazados que nunca. Seguramente no es bueno ni para la política ni para el derecho. Cada vez más los tribunales electorales mexicanos se convierten en un foro para una segunda ronda de pugna política después del cierre de las urnas.
Transcripción:
En México, el derecho y la política están más entrelazados que nunca. Seguramente no es bueno ni para la política ni para el derecho. Cada vez más los tribunales electorales mexicanos se convierten en un foro para una segunda ronda de pugna política después del cierre de las urnas.
La reforma judicial ha monopolizado el centro de atención en medios. La idea de elegir jueces en todos los niveles del poder judicial ha provocado indignación en gran parte de la academia y la sociedad civil. Pero el caso de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc revela otro lado de la judicialización de la política. Revelar cuánta injerencia tiene el derecho electoral y los tribunales en la determinación de los resultados políticos.
El 31 de agosto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló los resultados de las elecciones a la alcaldía Cuauhtémoc con el argumento de que la candidata ganadora, Alessandra Rojo de la Vega, cometió "violencia política de género" contra su oponente, Catalina Monreal. Hay amplio fundamento jurídico y precedentes que autorizan a los tribunales a sancionar a los candidatos que cometen actos de violencia de género contra adversarios políticos. En casos extremos, las sanciones pueden incluir la anulación de resultados electorales.
Más allá de cuestiones jurídicas, la pregunta original en el caso Cuauhtémoc es fáctica. ¿La candidata del PRI, Alessandra Rojo de la Vega, realmente cometió violencia de género contra su oponente? Rojo de la Vega acusó públicamente a Monreal de beneficiarse de sus lazos familiares, dado que su padre es Ricardo Monreal, destacado político que anteriormente se desempeñó como líder de la mayoría en el Senado, gobernador de Zacatecas y alcalde de Cuauhtémoc. En esencia, Rojo de la Vega acusó a su adversaria de 38 años de haber conseguido una posición pública prominente gracias a la influencia política de su padre. Algunos podrían haber etiquetado esta línea de ataque como nepotismo. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México lo calificó de violencia de género.
No es obvio cómo se decide una pregunta tan espinosa. ¿Los dichos de Rojo de la Vega fueron violentos? ¿Si lo fueron, se trataba específicamente de violencia "de género"? ¿Fue la violencia lo suficientemente grave como para socavar los resultados de las elecciones?
Los criterios de tribunales electorales federales son relevantes en este momento, ya que la justicia electoral federal tiene jurisdicción de apelación sobre el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ya la Sala Regional Ciudad de México revocó la sentencia del Tribunal Electoral local, aunque queda una instancia en Sala Superior, la cual seguramente aprovechará el equipo jurídico de Monreal. Un caso reciente en Sala Superior parece estrictamente análogo. En el caso SUP-REP-812/2024, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral resolvió que se había producido violencia de género contra la candidata (hoy senadora) Cecilia Guadiana Mandujano, quien había sido criticada en la prensa por la influencia política de su familia. Varios artículos periodísticos de opinión afirmaron que el padre de la candidata al Senado de 29 años, el exsenador Armando Guadiana Tijerina, le estaba "heredando" el escaño a su hija. La sentencia de Sala Superior argumentó que estos artículos de opinión constituyeron violencia de género porque relegaron a la candidata a una mera sombra de sus familiares masculinos. Como tal, alude la sentencia, minimizan los méritos propios de la candidata, lo cuál implicaría que una mujer solo puede alcanzar prominencia política como "apéndice" de los hombres.
Se podría estar en desacuerdo con los límites tan severos a la libertad de expresión que impone la ley electoral mexicana, pero una preocupación más inmediata es la crisis de legitimidad que enfrentan los tribunales cuando se les pone a cargo de disciplinar expresiones discursivas tan inherentemente controversiales. Reglas bien intencionadas como la prohibición de la "violencia política de género" tienen el efecto secundario adverso de convertir a los tribunales en actores activos en las elecciones, no solo en árbitros pasivos. En un hipotético mundo en que se regulara menos la expresión política, serían los electores quienes decidirían si tal o cual manifestación es apropiada dentro de una contienda política. En el sistema actual, los tribunales tienen que pronunciarse sobre cuestiones posiblemente sustanciales como críticas en que se combinan alegaciones de nepotismo con insinuaciones sexistas.
Es una mala posición para un tribunal, ya que sin importar cómo sentencie, hará infeliz a una parte significativa de la población. Este es especialmente el caso cuando se pronuncian sobre asuntos de expresión política que no tienen una respuesta obvia e inequívoca. En los dos casos discutidos anteriormente, algunas personas verán preguntas legítimas sobre el posible nepotismo en la política. Otros verán insinuaciones inapropiadas de que las mujeres solo pueden ocupar puestos de poder a instancias de los hombres. Ambas son parcialmente ciertas. Es probable que la lectura preferida de la situación dependa más de las preferencias ideológicas y partidarias que de los hechos del caso. De hecho, incluso los tribunales han estado divididos. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México hubo un empate de dos-dos en el colegiado de cuatro jueces, que se decidió mediante una regla de procedimiento que le da más peso al "voto de calidad" del magistrado presidente en casos de empate. En el caso Guadiana Mandujano, dos de cinco magistrados votaron en contra de la sentencia, emitiendo voto particular. La reciente sentencia de la Sala Regional revocó la sentencia del tribunal local por unanimidad, pero todavía hay que esperar cómo resuelve Sala Superior en el recurso de reconsideración.
Hoy en México las elecciones se disputan dos veces, una vez en las urnas y una segunda vez en los tribunales. Reglas como la prohibición de violencia de género, las cuotas de paridad de género y los escaños legislativos reservados para grupos minoritarios como las candidaturas LGBTQ+, indígenas y para personas con discapacidad ponen a tribunales electorales al centro de las elecciones. Idealmente, los tribunales habitarían el margen, solo activando sus poderes sancionadores en casos extraordinarios. Ha habido una cantidad sorprendente de litigios con respecto a si las personas son "realmente" mujeres indígenas, LGBTQ+ y transgénero. A diferencia de la regulación del habla, las preguntas sobre identidad LGBTQ, de género e indígena sí tienen una respuesta objetiva, pero el fraude ha sido desenfrenado y la verdad de estos asuntos es difícil de verificar para los tribunales. La persona realmente tiene o no una identidad LGBTQ+, pero si miente ¿cómo lo va a verificar un tribunal? La ley electoral permite que tribunales invaliden elecciones con base en este tipo de consideraciones. Inevitablemente, los candidatos y partidos de todo el espectro político utilizan el derecho como una herramienta más en sus aspiraciones electorales.
Los tribunales electorales mexicanos no tienen salida fácil. Volviendo a la Ciudad de México, la Sala Superior podrá decepcionar a la mayoría del electorado que votó por Rojo de la Vega y sentirá que su preferencia política está siendo suprimida por un tecnicismo. Alternativamente, puede decepcionar al 42 % de los votantes que optó por Monreal y que sentirán que el tribunal no aplica la prohibición de la violencia de género. ¡Es un perder-perder! Pierden los tribunales su legitimidad. Pierde el proceso democrático su integridad. Pierden los votantes.
* Bruno Anaya (@brunoanaya) es investigador interdisciplinario en materia de política, derecho y filosofía. Es doctor en retórica por la Universidad de California, Berkeley. Especialista en filosofía política, su investigación aborda las matices teóricas de la evolución del sistema jurídico mexicano. Contacto: banayaor@gmail.com.
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La reforma judicial ha monopolizado el centro de atención en medios. La idea de elegir jueces en todos los niveles del poder judicial ha provocado indignación en gran parte de la academia y la sociedad civil. Pero el caso de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc revela otro lado de la judicialización de la política. Revelar cuánta injerencia tiene el derecho electoral y los tribunales en la determinación de los resultados políticos.
El 31 de agosto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló los resultados de las elecciones a la alcaldía Cuauhtémoc con el argumento de que la candidata ganadora, Alessandra Rojo de la Vega, cometió "violencia política de género" contra su oponente, Catalina Monreal. Hay amplio fundamento jurídico y precedentes que autorizan a los tribunales a sancionar a los candidatos que cometen actos de violencia de género contra adversarios políticos. En casos extremos, las sanciones pueden incluir la anulación de resultados electorales.
Más allá de cuestiones jurídicas, la pregunta original en el caso Cuauhtémoc es fáctica. ¿La candidata del PRI, Alessandra Rojo de la Vega, realmente cometió violencia de género contra su oponente? Rojo de la Vega acusó públicamente a Monreal de beneficiarse de sus lazos familiares, dado que su padre es Ricardo Monreal, destacado político que anteriormente se desempeñó como líder de la mayoría en el Senado, gobernador de Zacatecas y alcalde de Cuauhtémoc. En esencia, Rojo de la Vega acusó a su adversaria de 38 años de haber conseguido una posición pública prominente gracias a la influencia política de su padre. Algunos podrían haber etiquetado esta línea de ataque como nepotismo. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México lo calificó de violencia de género.
No es obvio cómo se decide una pregunta tan espinosa. ¿Los dichos de Rojo de la Vega fueron violentos? ¿Si lo fueron, se trataba específicamente de violencia "de género"? ¿Fue la violencia lo suficientemente grave como para socavar los resultados de las elecciones?
Los criterios de tribunales electorales federales son relevantes en este momento, ya que la justicia electoral federal tiene jurisdicción de apelación sobre el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ya la Sala Regional Ciudad de México revocó la sentencia del Tribunal Electoral local, aunque queda una instancia en Sala Superior, la cual seguramente aprovechará el equipo jurídico de Monreal. Un caso reciente en Sala Superior parece estrictamente análogo. En el caso SUP-REP-812/2024, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral resolvió que se había producido violencia de género contra la candidata (hoy senadora) Cecilia Guadiana Mandujano, quien había sido criticada en la prensa por la influencia política de su familia. Varios artículos periodísticos de opinión afirmaron que el padre de la candidata al Senado de 29 años, el exsenador Armando Guadiana Tijerina, le estaba "heredando" el escaño a su hija. La sentencia de Sala Superior argumentó que estos artículos de opinión constituyeron violencia de género porque relegaron a la candidata a una mera sombra de sus familiares masculinos. Como tal, alude la sentencia, minimizan los méritos propios de la candidata, lo cuál implicaría que una mujer solo puede alcanzar prominencia política como "apéndice" de los hombres.
Se podría estar en desacuerdo con los límites tan severos a la libertad de expresión que impone la ley electoral mexicana, pero una preocupación más inmediata es la crisis de legitimidad que enfrentan los tribunales cuando se les pone a cargo de disciplinar expresiones discursivas tan inherentemente controversiales. Reglas bien intencionadas como la prohibición de la "violencia política de género" tienen el efecto secundario adverso de convertir a los tribunales en actores activos en las elecciones, no solo en árbitros pasivos. En un hipotético mundo en que se regulara menos la expresión política, serían los electores quienes decidirían si tal o cual manifestación es apropiada dentro de una contienda política. En el sistema actual, los tribunales tienen que pronunciarse sobre cuestiones posiblemente sustanciales como críticas en que se combinan alegaciones de nepotismo con insinuaciones sexistas.
Es una mala posición para un tribunal, ya que sin importar cómo sentencie, hará infeliz a una parte significativa de la población. Este es especialmente el caso cuando se pronuncian sobre asuntos de expresión política que no tienen una respuesta obvia e inequívoca. En los dos casos discutidos anteriormente, algunas personas verán preguntas legítimas sobre el posible nepotismo en la política. Otros verán insinuaciones inapropiadas de que las mujeres solo pueden ocupar puestos de poder a instancias de los hombres. Ambas son parcialmente ciertas. Es probable que la lectura preferida de la situación dependa más de las preferencias ideológicas y partidarias que de los hechos del caso. De hecho, incluso los tribunales han estado divididos. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México hubo un empate de dos-dos en el colegiado de cuatro jueces, que se decidió mediante una regla de procedimiento que le da más peso al "voto de calidad" del magistrado presidente en casos de empate. En el caso Guadiana Mandujano, dos de cinco magistrados votaron en contra de la sentencia, emitiendo voto particular. La reciente sentencia de la Sala Regional revocó la sentencia del tribunal local por unanimidad, pero todavía hay que esperar cómo resuelve Sala Superior en el recurso de reconsideración.
Hoy en México las elecciones se disputan dos veces, una vez en las urnas y una segunda vez en los tribunales. Reglas como la prohibición de violencia de género, las cuotas de paridad de género y los escaños legislativos reservados para grupos minoritarios como las candidaturas LGBTQ+, indígenas y para personas con discapacidad ponen a tribunales electorales al centro de las elecciones. Idealmente, los tribunales habitarían el margen, solo activando sus poderes sancionadores en casos extraordinarios. Ha habido una cantidad sorprendente de litigios con respecto a si las personas son "realmente" mujeres indígenas, LGBTQ+ y transgénero. A diferencia de la regulación del habla, las preguntas sobre identidad LGBTQ, de género e indígena sí tienen una respuesta objetiva, pero el fraude ha sido desenfrenado y la verdad de estos asuntos es difícil de verificar para los tribunales. La persona realmente tiene o no una identidad LGBTQ+, pero si miente ¿cómo lo va a verificar un tribunal? La ley electoral permite que tribunales invaliden elecciones con base en este tipo de consideraciones. Inevitablemente, los candidatos y partidos de todo el espectro político utilizan el derecho como una herramienta más en sus aspiraciones electorales.
Los tribunales electorales mexicanos no tienen salida fácil. Volviendo a la Ciudad de México, la Sala Superior podrá decepcionar a la mayoría del electorado que votó por Rojo de la Vega y sentirá que su preferencia política está siendo suprimida por un tecnicismo. Alternativamente, puede decepcionar al 42 % de los votantes que optó por Monreal y que sentirán que el tribunal no aplica la prohibición de la violencia de género. ¡Es un perder-perder! Pierden los tribunales su legitimidad. Pierde el proceso democrático su integridad. Pierden los votantes.
* Bruno Anaya (@brunoanaya) es investigador interdisciplinario en materia de política, derecho y filosofía. Es doctor en retórica por la Universidad de California, Berkeley. Especialista en filosofía política, su investigación aborda las matices teóricas de la evolución del sistema jurídico mexicano. Contacto: banayaor@gmail.com.
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