Debaten sobre necesidad de reforzar acciones afirmativas en procesos electorales y presupuesto participativo
Resumen:
En el marco de la Jornada por la Defensa de los Derechos Político-Electorales la consejera electoral Sonia Pérez Pérez destacó la necesidad de evaluar si las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) deben fortalecerse para garantizar una mayor inclusión en los próximos procesos electorales y en la Consulta del Presupuesto Participativo.
Transcripción:
En el marco de la Jornada por la Defensa de los Derechos Político-Electorales la consejera electoral Sonia Pérez Pérez destacó la necesidad de evaluar si las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) deben fortalecerse para garantizar una mayor inclusión en los próximos procesos electorales y en la Consulta del Presupuesto Participativo.
Sonia Pérez, quien preside la Comisión Provisional para el Seguimiento de la Participación Política de las Mujeres y los Grupos de Atención Prioritaria, subrayó que, durante el reciente Proceso Electoral 2023-2024, se lograron avances significativos en la implementación de acciones afirmativas. Estas medidas permitieron que los partidos políticos incluyeran en sus candidaturas a personas jóvenes, adultas mayores, de la diversidad sexual, con discapacidad, de pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas, y afromexicanas, además de garantizar la paridad de género.
"Avanzamos juntos Instituto, partidos y ciudadanía en este respeto de los derechos. Ahora debemos analizar si estas acciones son suficientes y cómo podemos seguir progresando para el siguiente proceso electoral", señaló Pérez.
Sin embargo, reconoció que aún persisten resistencias dentro de los partidos políticos para aplicar estas medidas. Según explicó, algunos argumentan que no identifican personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad para postularlas, mientras que otros proponen incorporar demandas de estos colectivos en sus plataformas electorales, pero sin abrirles espacios en las candidaturas.
Otro de los retos mencionados fue la necesidad de garantizar que los actos de campaña sean inclusivos, permitiendo que las candidaturas establezcan un contacto real con los grupos que buscan representar.
En relación con el Presupuesto Participativo, Pérez propuso analizar si una parte de los recursos asignados por las alcaldías para proyectos de la ciudadanía debería reservarse para iniciativas que beneficien a estos grupos prioritarios. Asimismo, enfatizó la importancia de incluir a estas comunidades en las actividades de capacitación y educación política financiadas por los partidos políticos a través del llamado Gasto Programado.
La jornada, organizada por la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reunió a diversas personalidades del ámbito político-electoral, como Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del TEPJF, y Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Durante el evento se discutieron los retos pendientes para garantizar los derechos político-electorales de las personas históricamente discriminadas y se reafirmó el compromiso de avanzar hacia una democracia más inclusiva.
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Sonia Pérez, quien preside la Comisión Provisional para el Seguimiento de la Participación Política de las Mujeres y los Grupos de Atención Prioritaria, subrayó que, durante el reciente Proceso Electoral 2023-2024, se lograron avances significativos en la implementación de acciones afirmativas. Estas medidas permitieron que los partidos políticos incluyeran en sus candidaturas a personas jóvenes, adultas mayores, de la diversidad sexual, con discapacidad, de pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas, y afromexicanas, además de garantizar la paridad de género.
"Avanzamos juntos Instituto, partidos y ciudadanía en este respeto de los derechos. Ahora debemos analizar si estas acciones son suficientes y cómo podemos seguir progresando para el siguiente proceso electoral", señaló Pérez.
Sin embargo, reconoció que aún persisten resistencias dentro de los partidos políticos para aplicar estas medidas. Según explicó, algunos argumentan que no identifican personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad para postularlas, mientras que otros proponen incorporar demandas de estos colectivos en sus plataformas electorales, pero sin abrirles espacios en las candidaturas.
Otro de los retos mencionados fue la necesidad de garantizar que los actos de campaña sean inclusivos, permitiendo que las candidaturas establezcan un contacto real con los grupos que buscan representar.
En relación con el Presupuesto Participativo, Pérez propuso analizar si una parte de los recursos asignados por las alcaldías para proyectos de la ciudadanía debería reservarse para iniciativas que beneficien a estos grupos prioritarios. Asimismo, enfatizó la importancia de incluir a estas comunidades en las actividades de capacitación y educación política financiadas por los partidos políticos a través del llamado Gasto Programado.
La jornada, organizada por la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reunió a diversas personalidades del ámbito político-electoral, como Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del TEPJF, y Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Durante el evento se discutieron los retos pendientes para garantizar los derechos político-electorales de las personas históricamente discriminadas y se reafirmó el compromiso de avanzar hacia una democracia más inclusiva.
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