La información y lo presupuestal en el proceso electoral extraordinario 2024-2025
Resumen:
LA INFORMACIÓN LO PRESUPUESTAL EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2024-2025 ENRIQUE SUMUANO / CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN @ENRIQUESUMUANOC.
Transcripción:
Los comités de evaluación de cada Poder de la Unión jugarán un papel trascendental.
La reforma constitucional en materia judicial descansa para su puesta en marcha en dos temas fundamentales: la información y lo presupuestal. Si bien es cierto que en los artículos transitorios se aterriza la reforma en cuanto a tiempos y movimientos, el andamiaje de ello demanda asignaciones adicionales extraordinarias distintas a las previstas en cualquier otro presupuesto previamente autorizado.
La Cámara de Diputados debe garantizar en el presupuesto de egresos para 2025 el dinero suficiente para dotar a las instituciones encargadas del desarrollo del proceso electoral extraordinario 2024-2025 en materia judicial, que les permita contar con los recursos materiales, humanos y financieros, para que la sociedad pueda ejercer su derecho al voto de manera libre, secreta, auténtica e informada.
En esta tarea inédita en nuestro país, existe otro factor de suma importancia para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a votar: la información.
Estos dos factores considero que son trascendentales, pues sin presupuestos adecuados no se podrá garantizar una elección en condiciones auténticas, entendido esto como el contar con una estructura física y operativa que permita dar confianza a la sociedad, que al acudir a las urnas, su voto será efectivamente el que decida a las personas servidoras públicas del Poder Judicial.
Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral debe garantizar el establecimiento de un piso parejo entre los candidatos a cargos judiciales, pues tendrá ante sí la difícil tarea de que los votantes no sólo cuenten con información disponible en su página de internet de cada uno de ellos, si no que, efectivamente, lleguen a conocer a las personas participantes en la elección, de no ser así, quienes se inscriban siendo ya figuras mediáticas de manera natural, tendrán una ventaja inalcanzable, no olvidemos que los funcionarios judiciales, los académicos y litigantes, muy rara vez se encuentran expuestos a los medios de comunicación masiva.
Como ya se dijo en columnas anteriores, los comités de evaluación de cada Poder de la Unión jugarán un papel transcendental para el pueblo de México, al ser quienes evaluarán de primera mano a las personas aspirantes a contender en esta elección extraordinaria; el segundo filtro será el de insaculación; y el tercero la voluntad de quienes acudan a las urnas; la cuestión no es sencilla pues detrás de ello debe garantizarse la equidad y la objetividad de cada una de estas acciones.
Transitar hacia este nuevo modelo del aparato de administración de justicia es una apuesta muy alta para la mayoría que hoy detenta el poder, el riesgo de caer en la tentación de imponer amiguismos o afinidades, y no criterios objetivos, podría descarrilar la posible eficacia de la reforma que impulsaron.
"El Instituto Nacional Electoral debe garantizar el establecimiento de un piso parejo entre los candidatos a cargos judiciales".
La reforma constitucional en materia judicial descansa para su puesta en marcha en dos temas fundamentales: la información y lo presupuestal. Si bien es cierto que en los artículos transitorios se aterriza la reforma en cuanto a tiempos y movimientos, el andamiaje de ello demanda asignaciones adicionales extraordinarias distintas a las previstas en cualquier otro presupuesto previamente autorizado.
La Cámara de Diputados debe garantizar en el presupuesto de egresos para 2025 el dinero suficiente para dotar a las instituciones encargadas del desarrollo del proceso electoral extraordinario 2024-2025 en materia judicial, que les permita contar con los recursos materiales, humanos y financieros, para que la sociedad pueda ejercer su derecho al voto de manera libre, secreta, auténtica e informada.
En esta tarea inédita en nuestro país, existe otro factor de suma importancia para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a votar: la información.
Estos dos factores considero que son trascendentales, pues sin presupuestos adecuados no se podrá garantizar una elección en condiciones auténticas, entendido esto como el contar con una estructura física y operativa que permita dar confianza a la sociedad, que al acudir a las urnas, su voto será efectivamente el que decida a las personas servidoras públicas del Poder Judicial.
Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral debe garantizar el establecimiento de un piso parejo entre los candidatos a cargos judiciales, pues tendrá ante sí la difícil tarea de que los votantes no sólo cuenten con información disponible en su página de internet de cada uno de ellos, si no que, efectivamente, lleguen a conocer a las personas participantes en la elección, de no ser así, quienes se inscriban siendo ya figuras mediáticas de manera natural, tendrán una ventaja inalcanzable, no olvidemos que los funcionarios judiciales, los académicos y litigantes, muy rara vez se encuentran expuestos a los medios de comunicación masiva.
Como ya se dijo en columnas anteriores, los comités de evaluación de cada Poder de la Unión jugarán un papel transcendental para el pueblo de México, al ser quienes evaluarán de primera mano a las personas aspirantes a contender en esta elección extraordinaria; el segundo filtro será el de insaculación; y el tercero la voluntad de quienes acudan a las urnas; la cuestión no es sencilla pues detrás de ello debe garantizarse la equidad y la objetividad de cada una de estas acciones.
Transitar hacia este nuevo modelo del aparato de administración de justicia es una apuesta muy alta para la mayoría que hoy detenta el poder, el riesgo de caer en la tentación de imponer amiguismos o afinidades, y no criterios objetivos, podría descarrilar la posible eficacia de la reforma que impulsaron.
"El Instituto Nacional Electoral debe garantizar el establecimiento de un piso parejo entre los candidatos a cargos judiciales".