La elección del Poder Judicial de la Federación: un reto inédito
Resumen:
El INE, como autoridad del Estado, se encuentra obligado a cumplir con el mandato constitucional
Transcripción:
El INE, como autoridad del Estado, se encuentra obligado a cumplir con el mandato constitucional
El 16 de septiembre entró en vigor el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal para establecer los cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que serán electos mediante el voto popular, y con ello inició el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 (PEE).
Así, en junio de 2025 se elegirá a la totalidad de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 2 magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la mitad de las magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito, y la totalidad de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
La organización del PEE conlleva múltiples e inéditos desafíos para el INE. El primer gran reto es que debemos iniciar con los trabajos para la organización del PEE sin contar con la legislación secundaria, cuestión que es responsabilidad del Poder Legislativo. También debemos llevar a cabo la presupuestación de las actividades que deben realizarse en 2025 y realizar un análisis de las actividades que deberemos realizar durante el último trimestre de este año, así como revisar con qué recursos habrán de cubrirse, ya que al no estar prevista esta elección no contamos con recursos para ese fin.
Un reto más es la determinación del Marco Geográfico Electoral para el PEE, pues el marco actual es incompatible para la elección de magistraturas de los Tribunales Colegiados de Circuito y de las y los jueces de distrito. A partir de esto, será posible determinar tanto la logística electoral, como las actividades en materia de capacitación y definir, por ejemplo, el diseño que tendrá la boleta electoral.
No obstante, ya hemos avanzado en la emisión de Acuerdos para cumplir con el mandato constitucional. Por ejemplo, el 19 de septiembre aprobamos modificaciones a nuestro Reglamento de Sesiones del Consejo General, a fin de homologarlo con la reforma constitucional, la cual establece que los partidos políticos no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas con el PEE.
Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido en el segundo artículo transitorio del Decreto, el 23 de septiembre tuvimos una sesión del Consejo General para dar inicio formalmente con la etapa preparatoria del proceso electoral, en la que además se aprobó la creación de una Comisión Temporal que, entre otras cosas, someterá a consideración de éste los Acuerdos necesarios para la ejecución del PEE y dará seguimiento a la debida ejecución de las actividades para lograr dicho fin.
El INE, como autoridad del Estado Mexicano, se encuentra obligado a cumplir con el mandato constitucional y, en tanto se trate de una norma vigente, enfrentará este proceso con el profesionalismo que ha demostrado en estos más de 30 años, sólo así es posible fortalecer el Estado de Derecho.
El primer gran reto es que debemos iniciar con los trabajos para la organización del proceso sin contar con la legislación secundaria.
El 16 de septiembre entró en vigor el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal para establecer los cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que serán electos mediante el voto popular, y con ello inició el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 (PEE).
Así, en junio de 2025 se elegirá a la totalidad de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 2 magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la mitad de las magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito, y la totalidad de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
La organización del PEE conlleva múltiples e inéditos desafíos para el INE. El primer gran reto es que debemos iniciar con los trabajos para la organización del PEE sin contar con la legislación secundaria, cuestión que es responsabilidad del Poder Legislativo. También debemos llevar a cabo la presupuestación de las actividades que deben realizarse en 2025 y realizar un análisis de las actividades que deberemos realizar durante el último trimestre de este año, así como revisar con qué recursos habrán de cubrirse, ya que al no estar prevista esta elección no contamos con recursos para ese fin.
Un reto más es la determinación del Marco Geográfico Electoral para el PEE, pues el marco actual es incompatible para la elección de magistraturas de los Tribunales Colegiados de Circuito y de las y los jueces de distrito. A partir de esto, será posible determinar tanto la logística electoral, como las actividades en materia de capacitación y definir, por ejemplo, el diseño que tendrá la boleta electoral.
No obstante, ya hemos avanzado en la emisión de Acuerdos para cumplir con el mandato constitucional. Por ejemplo, el 19 de septiembre aprobamos modificaciones a nuestro Reglamento de Sesiones del Consejo General, a fin de homologarlo con la reforma constitucional, la cual establece que los partidos políticos no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas con el PEE.
Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido en el segundo artículo transitorio del Decreto, el 23 de septiembre tuvimos una sesión del Consejo General para dar inicio formalmente con la etapa preparatoria del proceso electoral, en la que además se aprobó la creación de una Comisión Temporal que, entre otras cosas, someterá a consideración de éste los Acuerdos necesarios para la ejecución del PEE y dará seguimiento a la debida ejecución de las actividades para lograr dicho fin.
El INE, como autoridad del Estado Mexicano, se encuentra obligado a cumplir con el mandato constitucional y, en tanto se trate de una norma vigente, enfrentará este proceso con el profesionalismo que ha demostrado en estos más de 30 años, sólo así es posible fortalecer el Estado de Derecho.
El primer gran reto es que debemos iniciar con los trabajos para la organización del proceso sin contar con la legislación secundaria.