Resumen:
Llegó a nuestras manos el proyecto de dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, derivado de la iniciativa de reforma que presentó en julio el diputado Mario Delgado para dar vida al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y suplir a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), conocida más bien como Seguro Popular.
Transcripción:
Llegó a nuestras manos el proyecto de dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, derivado de la iniciativa de reforma que presentó en julio el diputado Mario Delgado para dar vida al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y suplir a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), conocida más bien como Seguro Popular.
Es un documento de 133 páginas, que va mucho más allá de la creación del Insabi, pues incluye infinidad de temas del sector, como aspectos regulatorios que le corresponden a Cofepris, la parte del nuevo compendio de medicamentos que corresponde al Consejo de Salubridad General e incluso algunos relativos a la operación de los Institutos Nacionales de Salud.
Pero uno que llama poderosamente la atención entre los muchísimos elementos que se incluyen en dicho dictamen de decreto, y que se espera que sea discutido en los siguientes días, es el hecho de que, entre las tantas, tan importantes y múltiples tareas y funciones del nuevo Insabi, está el poder operar centros de mezcla de fármacos. Dice literalmente que el Insabi podrá “operar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, centros de mezcla que provean a las unidades médicas a su cargo las mezclas parenterales, nutricionales y medicamentosas que se requieran para la atención de los beneficiarios de los servicios a que se refiere el presente título, así como impulsar que las unidades médicas de las entidades federativas que prestan los referidos servicios constituyan y operen dichos centros”.
Y es llamativo, porque fue un tema de coyuntura a partir de los problemas de desabasto del metotrexato en semanas pasadas, cuando surgió el dato de que la empresa Pisa es la principal operadora de centros de mezcla subrogados de muchos hospitales públicos. Pues ahora, si es que los legisladores aprueban tal cual dicho proyecto de dictamen legislativo, el Insabi como instancia gubernamental será competidor de la jalisciense Pisa. Eso y varios otros elementos referidos en dicho documento provocan una enorme incógnita sobre qué tipo de organismo será el Insabi.
Entre sus objetivos estará no sólo “proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos para la población carente de seguridad social”. También se coordinará “con la Secretaría de Salud (SS) para lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud”. Aquí se podría interpretar que también jugará un papel en la rectoría, lo cual realmente le debe corresponder al Consejo de Salubridad General y a la SS.
Por un lado, sí se montará en la estructura operativa existente del Seguro Popular, pues se conformará con los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente se destinan a la CNPSS. Y en parte sí suplirá al Seguro Popular. Pero por otro lado ya no operará como fondo de financiamiento. Y al mismo tiempo sí seguirá fungiendo como fideicomitente en el fideicomiso creado en el 2003 que dio vida al Seguro Popular. Hay muchas cosas que no quedan claras y ya se tendrán que explicar en torno al Insabi.
Sobre la compra 2020 de medicamentos
La semana pasada Raquel Buenrostro, oficial mayor de Hacienda, dio el banderazo para el arranque del proceso de compra de fármacos y otros insumos de la salud para el próximo año.
La mala es que otra vez les agarrarán las prisas porque, la verdad, debieron haber empezado desde hace meses, pero, con todas las peripecias del desabasto, compras inesperadas y urgentes y todo eso, hasta hoy ya pudieron presentar su plan de la compra consolidada 2020, y ya les dibujó el panorama a las empresas proveedoras.
De lo que se tomó muy a bien en el sector fue que el estudio de mercado sólo contemplará a empresas con registro en México.