Defiende el Senado el derecho del país a reformar su Poder Judicial
Resumen:
Luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) se manifestó en contra de la reforma judicial, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló ayer que es derecho soberano de México modificar su estructura de justicia atendiendo a sus necesidades y sin injerencias externas.
Transcripción:
Luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) se manifestó en contra de la reforma judicial, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló ayer que es derecho soberano de México modificar su estructura de justicia atendiendo a sus necesidades y sin injerencias externas.
En un posicionamiento en el que responde a cada uno de los cuestionamientos de la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, subrayó que en el Congreso se realizará un análisis profundo, objetivo suficiente para asegurar que las reformas legislativas cumplan con estándares internacionales y se garantice que el procedimiento de elección judicial no se politice.
En caso necesario se estará en condiciones procedimentales para realizar las enmiendas normativas necesarias para ello, agregó Monreal Ávila, quien destacó que la vinculación política actual que permea en el nombramiento de los principales órganos del Poder Judicial es lo que justifica trasladar a la voluntad popular expresada en las urnas la potestad para decidir sobre las designaciones de jueces, magistrados y ministros.
La relatora señaló la semana pasada que cualquier proceso de nombramiento judicial debe garantizar la independencia e imparcialidad subjetiva y objetiva de la función judicial, y que en esto no pueden privar criterios políticos. También apuntó que la selección tiene que llevarse a cabo por una autoridad independiente y garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y la ciudadanía.
Ricardo Monreal respondió que la reforma contempla que sea el Senado el que realice la convocatoria al proceso electivo y el Instituto Nacional Electoral (INE) lo organizará. El documento prevé diferentes mecanismos orientados a garantizar la independencia judicial, puntualizó.
Ante el señalamiento de que la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los elegidos busquen complacer a los patrocinadores de sus campañas en lugar de tomar decisiones basada en principios y normas jurídicas, el senador de Morena expuso que el sistema de elección propuesto incluye la posibilidad de incluir mecanismos de control y rendición de cuentas para asegurar que los funcionarios judiciales cumplan con sus responsabilidades de manera objetiva e imparcial.
También resaltó que se propiciará el mayor ahorro posible en la organización y calificación de la elección de juzgadores, a través de la implementación de un solo proceso comicial en el que se elija el mayor número de servidores públicos.
Asimismo, expuso que se garantizarán los derechos laborales de los miembros del Poder Judicial que serán sustituidos. La salida de funcionarios no es ajena al sistema jurídico mexicano, pues ya se hizo en la reforma judicial de 1994 cuando se sustituyó a los integrantes de la Corte.
En un posicionamiento en el que responde a cada uno de los cuestionamientos de la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, subrayó que en el Congreso se realizará un análisis profundo, objetivo suficiente para asegurar que las reformas legislativas cumplan con estándares internacionales y se garantice que el procedimiento de elección judicial no se politice.
En caso necesario se estará en condiciones procedimentales para realizar las enmiendas normativas necesarias para ello, agregó Monreal Ávila, quien destacó que la vinculación política actual que permea en el nombramiento de los principales órganos del Poder Judicial es lo que justifica trasladar a la voluntad popular expresada en las urnas la potestad para decidir sobre las designaciones de jueces, magistrados y ministros.
La relatora señaló la semana pasada que cualquier proceso de nombramiento judicial debe garantizar la independencia e imparcialidad subjetiva y objetiva de la función judicial, y que en esto no pueden privar criterios políticos. También apuntó que la selección tiene que llevarse a cabo por una autoridad independiente y garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y la ciudadanía.
Ricardo Monreal respondió que la reforma contempla que sea el Senado el que realice la convocatoria al proceso electivo y el Instituto Nacional Electoral (INE) lo organizará. El documento prevé diferentes mecanismos orientados a garantizar la independencia judicial, puntualizó.
Ante el señalamiento de que la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los elegidos busquen complacer a los patrocinadores de sus campañas en lugar de tomar decisiones basada en principios y normas jurídicas, el senador de Morena expuso que el sistema de elección propuesto incluye la posibilidad de incluir mecanismos de control y rendición de cuentas para asegurar que los funcionarios judiciales cumplan con sus responsabilidades de manera objetiva e imparcial.
También resaltó que se propiciará el mayor ahorro posible en la organización y calificación de la elección de juzgadores, a través de la implementación de un solo proceso comicial en el que se elija el mayor número de servidores públicos.
Asimismo, expuso que se garantizarán los derechos laborales de los miembros del Poder Judicial que serán sustituidos. La salida de funcionarios no es ajena al sistema jurídico mexicano, pues ya se hizo en la reforma judicial de 1994 cuando se sustituyó a los integrantes de la Corte.