Elección judicial: las personas juzgadoras no deben ser violentadoras de género
Resumen:
Elección judicial: las personas juzgadoras no deben ser violentadoras de género
Transcripción:
Elección judicial: las personas juzgadoras no deben ser violentadoras de género
La larga lucha de nosotras, las mujeres, por alcanzar una igualdad de derechos frente a los hombres ha sido complicada, de altos riesgos y, a pesar de los avances que el Legislativo ha llevado a cabo principalmente por el impulso de la sociedad civil, no ha terminado de concretarse debido a un fenómeno que ha incrustado en nuestro sistema democrático: la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Los primeros registros para enfrentar la violencia se dieron en 1991, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció 16 días de activismo contra la violencia de género y decretó oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Desde entonces, México, aunque tarde, se incorporó a esta campaña que comienza justamente el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Con ello, se busca visibilizar y sensibilizar sobre la necesidad de acabar con este mal que impide lograr una igualdad sustantiva en las sociedades.
En nuestro país, los impulsos legislativos datan desde la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2006, con reformas en 2011, 2014 y 2020. En esta última, se incluyeron medidas para garantizar el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 constituyó un paso importante para prevenir, sancionar y erradicar este cáncer que afecta a las mujeres y a nuestra democracia. Entre las múltiples reformas realizadas a esta ley destaca la de 2016, en la que se incluyeron medidas para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres; la de 2023, donde se establecieron acciones de protección a las víctimas; y la de 2024, en la que se fortaleció la capacitación de las personas funcionarias públicas.
En 2020, con reformas a seis leyes generales y dos federales en materia de violencia política de género, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una serie de acciones, como la conformación del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género, la atención y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en la materia, y la conformación de un Protocolo de atención para la violencia de género, entre muchas más.
Ese año surge la denominada 3 de 3 contra la violencia, que en 2023 se incorporó a la Constitución como la 8 de 8 contra la violencia de género. Esto le otorgó al INE la facultad de revisar que las personas que se registren como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular no tengan sentencias firmes por violencia de género ni hayan sido declaradas deudoras alimentarias, lo que resulta en que la persona es suspendida en sus derechos políticos y electorales y, en consecuencia, no puede ser registrada a una candidatura para contender por un cargo de elección popular.
Bajo este contexto, el INE, en atención al Decreto publicado el pasado 16 de septiembre por el que fueron reformados diversos artículos de la Constitución, enfrenta el enorme reto de llevar a cabo la elección popular de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Por primera vez en México, se realizará un ejercicio de esta magnitud a lo largo y ancho del país.
Así, frente a esta gran responsabilidad, existe una gran encomienda para la institución que se ha distinguido por ser la casa de la democracia: que las personas que aspiran a ser juzgadoras no sean violentadoras de género.
Para ello, se deberán desarrollar los procedimientos de verificación adecuados para impedir que personas aspirantes con alguno de los ocho supuestos de violencia de género sean registradas como candidatas o candidatos.
Estas medidas son, sin duda, una base firme para ir fortaleciendo la inclusión, visibilidad y participación de las mujeres en la esfera pública, libres de violencia de género.
Consejera electoral del INE
Estas medidas son una base para fortalecer la inclusión y participación de las mujeres.
CARLA HUMPHREY
La larga lucha de nosotras, las mujeres, por alcanzar una igualdad de derechos frente a los hombres ha sido complicada, de altos riesgos y, a pesar de los avances que el Legislativo ha llevado a cabo principalmente por el impulso de la sociedad civil, no ha terminado de concretarse debido a un fenómeno que ha incrustado en nuestro sistema democrático: la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Los primeros registros para enfrentar la violencia se dieron en 1991, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció 16 días de activismo contra la violencia de género y decretó oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Desde entonces, México, aunque tarde, se incorporó a esta campaña que comienza justamente el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Con ello, se busca visibilizar y sensibilizar sobre la necesidad de acabar con este mal que impide lograr una igualdad sustantiva en las sociedades.
En nuestro país, los impulsos legislativos datan desde la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2006, con reformas en 2011, 2014 y 2020. En esta última, se incluyeron medidas para garantizar el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 constituyó un paso importante para prevenir, sancionar y erradicar este cáncer que afecta a las mujeres y a nuestra democracia. Entre las múltiples reformas realizadas a esta ley destaca la de 2016, en la que se incluyeron medidas para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres; la de 2023, donde se establecieron acciones de protección a las víctimas; y la de 2024, en la que se fortaleció la capacitación de las personas funcionarias públicas.
En 2020, con reformas a seis leyes generales y dos federales en materia de violencia política de género, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una serie de acciones, como la conformación del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género, la atención y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en la materia, y la conformación de un Protocolo de atención para la violencia de género, entre muchas más.
Ese año surge la denominada 3 de 3 contra la violencia, que en 2023 se incorporó a la Constitución como la 8 de 8 contra la violencia de género. Esto le otorgó al INE la facultad de revisar que las personas que se registren como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular no tengan sentencias firmes por violencia de género ni hayan sido declaradas deudoras alimentarias, lo que resulta en que la persona es suspendida en sus derechos políticos y electorales y, en consecuencia, no puede ser registrada a una candidatura para contender por un cargo de elección popular.
Bajo este contexto, el INE, en atención al Decreto publicado el pasado 16 de septiembre por el que fueron reformados diversos artículos de la Constitución, enfrenta el enorme reto de llevar a cabo la elección popular de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Por primera vez en México, se realizará un ejercicio de esta magnitud a lo largo y ancho del país.
Así, frente a esta gran responsabilidad, existe una gran encomienda para la institución que se ha distinguido por ser la casa de la democracia: que las personas que aspiran a ser juzgadoras no sean violentadoras de género.
Para ello, se deberán desarrollar los procedimientos de verificación adecuados para impedir que personas aspirantes con alguno de los ocho supuestos de violencia de género sean registradas como candidatas o candidatos.
Estas medidas son, sin duda, una base firme para ir fortaleciendo la inclusión, visibilidad y participación de las mujeres en la esfera pública, libres de violencia de género.
Consejera electoral del INE
Estas medidas son una base para fortalecer la inclusión y participación de las mujeres.
CARLA HUMPHREY