Aún estamos a tiempo
Resumen:
La ciudadanía parece no haber tomado conciencia plena de lo que ocasionará la mayoría absoluta de Morena en ambas Cámaras y las consecuencias que tendrá en la vida nacional las leyes que la acompañan.
Una pléyade de organizaciones de juristas y abogados, sectores de la sociedad civil, incluyendo ministros y exministros de la Suprema Corte de Justicia, se han opuesto a los cambios utilizando argumentos económicos, sociales y laborales, con sesudos análisis tratando de evitar los severos daños que ocasionará la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
Una pléyade de organizaciones de juristas y abogados, sectores de la sociedad civil, incluyendo ministros y exministros de la Suprema Corte de Justicia, se han opuesto a los cambios utilizando argumentos económicos, sociales y laborales, con sesudos análisis tratando de evitar los severos daños que ocasionará la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
Transcripción:
La ciudadanía parece no haber tomado conciencia plena de lo que ocasionará la mayoría absoluta de Morena en ambas Cámaras y las consecuencias que tendrá en la vida nacional las leyes que la acompañan.
Una pléyade de organizaciones de juristas y abogados, sectores de la sociedad civil, incluyendo ministros y exministros de la Suprema Corte de Justicia, se han opuesto a los cambios utilizando argumentos económicos, sociales y laborales, con sesudos análisis tratando de evitar los severos daños que ocasionará la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
Las enmiendas a la Constitución incluyen, entre otros aspectos, remover a todos los miembros del Poder Judicial, jueces y magistrados, reemplazándolos con nuevos cuadros de elección popular, incluso gente notoriamente impreparada y sin experiencia en la materia, lo que ocasionará profundos riesgos significativos para el Estado de derecho y la administración de la justicia en nuestro país, incluyendo el hecho de que se estarían eligiendo jueces a modo, ligados al crimen. Los inversionistas carecerían de los recursos legales, lo que dañaría definitivamente el atractivo de México como país para invertir. Los cambios impuestos afectarían también las negociaciones que están por iniciarse el año próximo en el T-MEC. Las reformas traerán efectos negativos en el flujo de todas las inversiones nacionales y extranjeras, con consecuencias nefastas para nuestra economía.
Los que abrigábamos la esperanza de que la doctora Claudia Sheinbaum aportara elementos de conciliación y moderación en las iniciativas presentadas por López Obrador, podemos estar seguros, por sus declaraciones, que sus fundamentos y propósitos no serán modificados. Al fin de cuentas, los diputados, con tal de darle gusto a su líder, aprobarán todas las modificaciones, quizá sin quitarle una sola coma a la redacción presentada, tal y como le gusta a su líder.
Las modificaciones constitucionales que puedan incluirse en las iniciativas que ahora se discuten tienen el exclusivo objeto de reformar totalmente al Poder Judicial, pero conforme a los principios semisocialistas de López Obrador, aún están pendientes y previstas para crear comités siempre alineados al poder Ejecutivo de la 4T.
Entre sus efectos, se contempla la imposibilidad ciudadana de recurrir al amparo, la eliminación de los organismos autónomos, entre otros, el INE y el Inai, todos dotados de normas siempre obedientes al líder. Se contempla así una vasta reforma total de la red de organismos obedientes. La desarticulación del sistema educativo y el cúmulo de transformaciones en diversas instituciones harán que México se convierta, de un golpe, en un gobierno personalista y dictatorial.
La ironía de la situación es que el Ejecutivo terminará ejerciendo una autoridad total que controlará todos los aspectos de la vida nacional. Es evidente que viviremos en la contradicción de "la democracia" y de una libertad individual y de empresa. En este sentido, el uso de frases como "libertad y respeto a los derechos de todos los ciudadanos" se convertirá en una cruel ironía. Los propósitos de un gobierno así concebido contradicen diametralmente la pretensión de todo sistema democrático donde los ciudadanos tienen voz y voto, y una participación efectiva en todos los ámbitos de la vida nacional.
Son muchos los programas alternativos propuestos desde hace varios años que ofrecen respetar la libertad de acción, orientada siempre en la actividad productiva que la sociedad encomienda a su clase empresarial, que, a su vez, ofrece controles para que no se abuse del sistema en cuestión. Son muchos los programas socioeconómicos que ofrecen ser de libre empresa, pero ceñidos a controles de importación y laborales.
En los países nórdicos tienen una buena política social con amplios servicios que atienden las necesidades de educación, salud, y la vinculación con instituciones y gobierno. Estos sistemas tienen la virtud de ofrecer estabilidad política sin recurrir a sistemas autocráticos, guardando respeto a los sistemas electorales que traducen la voluntad popular en acción. Ello requiere, naturalmente, la elaboración de presupuestos para alimentar los programas sociales, con sistemas fiscales equitativos, bien diseñados, donde el ciudadano cubre los gastos de la administración pública, recibiendo a su vez los beneficios puntuales de los programas sociales.
Aún hay tiempo para superar los defectos y deficiencias de la administración de la 4T que la doctora Sheinbaum hereda, para convertir su gestión presidencial aceptando la empresa privada, asociaciones y cooperativas, buscando siempre el bienestar para nuestro país. La libertad de empresa y el respeto a los derechos universales deben prevalecer ante todo en las decisiones de todos los niveles de gobierno.
Una pléyade de organizaciones de juristas y abogados, sectores de la sociedad civil, incluyendo ministros y exministros de la Suprema Corte de Justicia, se han opuesto a los cambios utilizando argumentos económicos, sociales y laborales, con sesudos análisis tratando de evitar los severos daños que ocasionará la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
Las enmiendas a la Constitución incluyen, entre otros aspectos, remover a todos los miembros del Poder Judicial, jueces y magistrados, reemplazándolos con nuevos cuadros de elección popular, incluso gente notoriamente impreparada y sin experiencia en la materia, lo que ocasionará profundos riesgos significativos para el Estado de derecho y la administración de la justicia en nuestro país, incluyendo el hecho de que se estarían eligiendo jueces a modo, ligados al crimen. Los inversionistas carecerían de los recursos legales, lo que dañaría definitivamente el atractivo de México como país para invertir. Los cambios impuestos afectarían también las negociaciones que están por iniciarse el año próximo en el T-MEC. Las reformas traerán efectos negativos en el flujo de todas las inversiones nacionales y extranjeras, con consecuencias nefastas para nuestra economía.
Los que abrigábamos la esperanza de que la doctora Claudia Sheinbaum aportara elementos de conciliación y moderación en las iniciativas presentadas por López Obrador, podemos estar seguros, por sus declaraciones, que sus fundamentos y propósitos no serán modificados. Al fin de cuentas, los diputados, con tal de darle gusto a su líder, aprobarán todas las modificaciones, quizá sin quitarle una sola coma a la redacción presentada, tal y como le gusta a su líder.
Las modificaciones constitucionales que puedan incluirse en las iniciativas que ahora se discuten tienen el exclusivo objeto de reformar totalmente al Poder Judicial, pero conforme a los principios semisocialistas de López Obrador, aún están pendientes y previstas para crear comités siempre alineados al poder Ejecutivo de la 4T.
Entre sus efectos, se contempla la imposibilidad ciudadana de recurrir al amparo, la eliminación de los organismos autónomos, entre otros, el INE y el Inai, todos dotados de normas siempre obedientes al líder. Se contempla así una vasta reforma total de la red de organismos obedientes. La desarticulación del sistema educativo y el cúmulo de transformaciones en diversas instituciones harán que México se convierta, de un golpe, en un gobierno personalista y dictatorial.
La ironía de la situación es que el Ejecutivo terminará ejerciendo una autoridad total que controlará todos los aspectos de la vida nacional. Es evidente que viviremos en la contradicción de "la democracia" y de una libertad individual y de empresa. En este sentido, el uso de frases como "libertad y respeto a los derechos de todos los ciudadanos" se convertirá en una cruel ironía. Los propósitos de un gobierno así concebido contradicen diametralmente la pretensión de todo sistema democrático donde los ciudadanos tienen voz y voto, y una participación efectiva en todos los ámbitos de la vida nacional.
Son muchos los programas alternativos propuestos desde hace varios años que ofrecen respetar la libertad de acción, orientada siempre en la actividad productiva que la sociedad encomienda a su clase empresarial, que, a su vez, ofrece controles para que no se abuse del sistema en cuestión. Son muchos los programas socioeconómicos que ofrecen ser de libre empresa, pero ceñidos a controles de importación y laborales.
En los países nórdicos tienen una buena política social con amplios servicios que atienden las necesidades de educación, salud, y la vinculación con instituciones y gobierno. Estos sistemas tienen la virtud de ofrecer estabilidad política sin recurrir a sistemas autocráticos, guardando respeto a los sistemas electorales que traducen la voluntad popular en acción. Ello requiere, naturalmente, la elaboración de presupuestos para alimentar los programas sociales, con sistemas fiscales equitativos, bien diseñados, donde el ciudadano cubre los gastos de la administración pública, recibiendo a su vez los beneficios puntuales de los programas sociales.
Aún hay tiempo para superar los defectos y deficiencias de la administración de la 4T que la doctora Sheinbaum hereda, para convertir su gestión presidencial aceptando la empresa privada, asociaciones y cooperativas, buscando siempre el bienestar para nuestro país. La libertad de empresa y el respeto a los derechos universales deben prevalecer ante todo en las decisiones de todos los niveles de gobierno.