Frentes Políticos
Resumen:
La presidenta Claudia Sheinbaum eleva los programas sociales a rango de derechos constitucionales: pensiones, becas, vivienda y más quedan protegidos por decreto. Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, celebra la obligatoriedad presupuestaria que asegura su entrega, y Rosaura Ruiz, titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, aplaude la expansión de la Universidad Rosario Castellanos a nivel nacional.
Transcripción:
1. Derechos garantizados. La presidenta Claudia Sheinbaum eleva los programas sociales a rango de derechos constitucionales: pensiones, becas, vivienda y más quedan protegidos por decreto. Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, celebra la obligatoriedad presupuestaria que asegura su entrega, y Rosaura Ruiz, titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, aplaude la expansión de la Universidad Rosario Castellanos a nivel nacional. Un millón de viviendas para trabajadores y hasta un decreto por la protección animal completan el paquete. Implementarlos ahora es el reto.
2. Cálculo preciso. Samuel García, gobernador de Nuevo León, parece estar moviendo sus fichas con cautela, aunque los hechos violentos, como el ataque a la reportera Victoria García en Montemorelos, exigen respuestas inmediatas. Mantener un perfil bajo mientras el tablero político nacional arde puede ser una estrategia más astuta de lo que parece, pero el desafío está en no dejar que el silencio se confunda con inacción. Ha mantenido un conveniente bajo perfil, aderezado con su enfoque en infraestructura y movilidad, que sigue avanzando, pero el clamor por la seguridad no puede esperar. Es momento de actuar.
3. Dilema. Norma Piña, al mando de la SCJN, reafirma que hasta los homicidas múltiples tienen derecho a la reinserción social. ¿Qué opinará la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos? Mientras Chihuahua lidia con índices delictivos que desbordan las prisiones, la Corte decide que la prisión perpetua es “inhumana”. El caso de Juan Carlos Gámez Bernal, condenado por cuatro asesinatos, será revisado, no sea que se le haya aplicado una pena muy severa por, ya sabe, acabar con varias vidas. ¿Reinserción o premio? El mensaje es poco claro. En México, los derechos de las víctimas parecen ser siempre secundarios, ¿y se sigue protegiendo a asesinos múltiples? ¡Por favor!
4. Justicia turística. A la gobernadora Mara Lezama no le tiembla la mano. En Quintana Roo, 114 taxistas enfrentan la posible revocación de sus concesiones tras atacar a usuarios y conductores de plataformas como Uber. Los sindicatos, que parecen más mafias que gremios, pierden terreno ante un gobierno que promete “todo el peso de la ley”. Los aseguramientos de vehículos y cancelaciones de licencias son la respuesta gubernamental, aquí no hay espacio para el caos. Mientras algunos taxistas confunden justicia con violencia, los turistas y locales se preguntan si el paraíso caribeño lo seguirá siendo. Mara Lezama tiene la respuesta.
5. INE bajo fuego. Francisco García Contreras, juez de distrito en Colima, no se tentó en corazón y denunció penalmente a los 11 consejeros del INE por desacato. Les dictó multas de más de 54 mil pesos y dio 24 horas para que suspendieran el proceso electoral extraordinario de 2025. La amenaza no es menor, según la Ley de Amparo, el castigo podría incluir prisión, multas mayores e inhabilitación. Mientras el INE de Guadalupe Taddei enfrenta estas sanciones, no puede evitarse preguntar: ¿es esto un legítimo llamado al orden o una estrategia más para debilitar a un árbitro electoral ya en la mira de un sinfín de controversias políticas?
2. Cálculo preciso. Samuel García, gobernador de Nuevo León, parece estar moviendo sus fichas con cautela, aunque los hechos violentos, como el ataque a la reportera Victoria García en Montemorelos, exigen respuestas inmediatas. Mantener un perfil bajo mientras el tablero político nacional arde puede ser una estrategia más astuta de lo que parece, pero el desafío está en no dejar que el silencio se confunda con inacción. Ha mantenido un conveniente bajo perfil, aderezado con su enfoque en infraestructura y movilidad, que sigue avanzando, pero el clamor por la seguridad no puede esperar. Es momento de actuar.
3. Dilema. Norma Piña, al mando de la SCJN, reafirma que hasta los homicidas múltiples tienen derecho a la reinserción social. ¿Qué opinará la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos? Mientras Chihuahua lidia con índices delictivos que desbordan las prisiones, la Corte decide que la prisión perpetua es “inhumana”. El caso de Juan Carlos Gámez Bernal, condenado por cuatro asesinatos, será revisado, no sea que se le haya aplicado una pena muy severa por, ya sabe, acabar con varias vidas. ¿Reinserción o premio? El mensaje es poco claro. En México, los derechos de las víctimas parecen ser siempre secundarios, ¿y se sigue protegiendo a asesinos múltiples? ¡Por favor!
4. Justicia turística. A la gobernadora Mara Lezama no le tiembla la mano. En Quintana Roo, 114 taxistas enfrentan la posible revocación de sus concesiones tras atacar a usuarios y conductores de plataformas como Uber. Los sindicatos, que parecen más mafias que gremios, pierden terreno ante un gobierno que promete “todo el peso de la ley”. Los aseguramientos de vehículos y cancelaciones de licencias son la respuesta gubernamental, aquí no hay espacio para el caos. Mientras algunos taxistas confunden justicia con violencia, los turistas y locales se preguntan si el paraíso caribeño lo seguirá siendo. Mara Lezama tiene la respuesta.
5. INE bajo fuego. Francisco García Contreras, juez de distrito en Colima, no se tentó en corazón y denunció penalmente a los 11 consejeros del INE por desacato. Les dictó multas de más de 54 mil pesos y dio 24 horas para que suspendieran el proceso electoral extraordinario de 2025. La amenaza no es menor, según la Ley de Amparo, el castigo podría incluir prisión, multas mayores e inhabilitación. Mientras el INE de Guadalupe Taddei enfrenta estas sanciones, no puede evitarse preguntar: ¿es esto un legítimo llamado al orden o una estrategia más para debilitar a un árbitro electoral ya en la mira de un sinfín de controversias políticas?