Planchan reforma judicial; aprueban jueces sin rostro
Resumen:
Con el voto a favor de Morena, el PT y el Verde, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se busca elegir jueces y magistrados por el voto popular.
Transcripción:
Con el voto a favor de Morena, el PT y el Verde, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se busca elegir jueces y magistrados por el voto popular.
En el debate, la oposición advirtió que se trata de una "venganza" y se estaría ante "la muerte de la justicia imparcial en México", mientras que diputados de Morena rechazaron las acusaciones, calificando a los opositores de "traidores al pueblo" por apoyar al embajador Ken Salazar.
López Obrador desestimó el llamado del embajador estadounidense al diálogo y aseveró que la reforma es un asunto que corresponde sólo a los mexicanos: "Tenemos que poner por delante nuestra soberanía. No podemos someternos, eso está por encima de cualquier tratado."
Al dictamen se incorporó, de último momento, una reserva sobre la figura de "jueces sin rostro", estableciendo que "tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de los juzgadores."
Mil 100 jueces y magistrados pidieron la intervención de la CIDH
Diputados avalan en comisiones reforma judicial
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por mayoría la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se elegirán a jueces y magistrados con el voto popular. Se aprobó por 22 votos a favor de parte de Morena y aliados del PVEM y PT y 17 en contra de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, que aseguraron que el aval al dictamen "representa la muerte de la justicia imparcial en México."
Durante el debate, el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández recordó que previo a la dictaminación hubo decenas de foros y diálogos con expertos, autoridades y ciudadanía, pero "esos diálogos sirvieron sólo para la simulación".
"Los más de 100 cambios que se dice se hicieron al dictamen mantienen en general una propuesta más nociva, más tóxica y más dañina que acabará con la independencia judicial, como lo es precisamente la elección de los ministros, los magistrados y los jueces por voto popular", acusó.
El líder priista Rubén Moreira dijo que lo que debería contener la reforma es minimizar la saturación de juzgados a nivel local, incrementar el personal en los juzgados federales, aumentar los sueldos, así como mejorar el Ministerio Público y los centros periciales.
Denunció que, en lugar de ello, "la reforma permite la intervención de poderes fácticos, entre ellos, el capital y el crimen organizado".
La diputada panista Margarita Valdés señaló que la reforma es un "deseo de venganza" de Morena, y que con ese cambio constitucional habrá despidos masivos e injustificados.
Sin embargo, el diputado de Morena Hamlet García calificó como "falsa" la afirmación de que no se había escuchado al Poder Judicial de la Federación, y aseguró que los derechos laborales serán respetados.
Gerardo Fernández Noroña, del PT, llamó "apátridas" y "traidores a los intereses del pueblo" a los integrantes de la oposición, "porque están a favor de intereses extranjeros y respaldan a Ken Salazar".
De último momento, los legisladores de Morena, PT y PVEM incluyeron la figura de los "jueces sin rostro" para protegerlos de integrantes del crimen organizado. La propuesta del diputado Salvador Caro y de la diputada Lidia García fue avalada y describe que "tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley."
Resumen de la reforma
La reforma plantea modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular y establece que se realizarán dos procesos para elegir a la totalidad de ministros, magistrados y jueces; uno el primer domingo de junio de 2025 y el otro en 2027.
Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes sean electos permanecerán en el cargo por un periodo que durará entre ocho y once años, con términos que vencerán en 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente, ya que el pleno se reduce de 11 a nueve integrantes.
El proyecto prevé la extinción de la Sala Regional Especializada del TEPJF a más tardar en septiembre de 2025. Las dos salas que tiene la SCJN serían eliminadas y solo se realizarían sesiones en el pleno, que deberán ser públicas y transparentes. También se contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y un tope salarial para que nadie gane más que el presidente de México.
Se sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial. La reforma establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para penales; prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Se ordena extinguir los fondos y fideicomisos del Poder Judicial para sumar esos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Condiciona a los actuales ministros que concluyan su cargo por no postularse o no haber sido electos, a recibir un haber de retiro solo si presentan su renuncia antes de la fecha de cierre de la convocatoria, el 31 de agosto de 2025.
Tras su aprobación en lo general, se procedió al debate en lo particular con 330 reservas. Una vez avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen se turna a la Mesa Directiva para que sea el pleno de la 66 Legislatura el encargado de llevarlo a discusión y votación.
En el debate, la oposición advirtió que se trata de una "venganza" y se estaría ante "la muerte de la justicia imparcial en México", mientras que diputados de Morena rechazaron las acusaciones, calificando a los opositores de "traidores al pueblo" por apoyar al embajador Ken Salazar.
López Obrador desestimó el llamado del embajador estadounidense al diálogo y aseveró que la reforma es un asunto que corresponde sólo a los mexicanos: "Tenemos que poner por delante nuestra soberanía. No podemos someternos, eso está por encima de cualquier tratado."
Al dictamen se incorporó, de último momento, una reserva sobre la figura de "jueces sin rostro", estableciendo que "tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de los juzgadores."
Mil 100 jueces y magistrados pidieron la intervención de la CIDH
Diputados avalan en comisiones reforma judicial
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por mayoría la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se elegirán a jueces y magistrados con el voto popular. Se aprobó por 22 votos a favor de parte de Morena y aliados del PVEM y PT y 17 en contra de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, que aseguraron que el aval al dictamen "representa la muerte de la justicia imparcial en México."
Durante el debate, el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández recordó que previo a la dictaminación hubo decenas de foros y diálogos con expertos, autoridades y ciudadanía, pero "esos diálogos sirvieron sólo para la simulación".
"Los más de 100 cambios que se dice se hicieron al dictamen mantienen en general una propuesta más nociva, más tóxica y más dañina que acabará con la independencia judicial, como lo es precisamente la elección de los ministros, los magistrados y los jueces por voto popular", acusó.
El líder priista Rubén Moreira dijo que lo que debería contener la reforma es minimizar la saturación de juzgados a nivel local, incrementar el personal en los juzgados federales, aumentar los sueldos, así como mejorar el Ministerio Público y los centros periciales.
Denunció que, en lugar de ello, "la reforma permite la intervención de poderes fácticos, entre ellos, el capital y el crimen organizado".
La diputada panista Margarita Valdés señaló que la reforma es un "deseo de venganza" de Morena, y que con ese cambio constitucional habrá despidos masivos e injustificados.
Sin embargo, el diputado de Morena Hamlet García calificó como "falsa" la afirmación de que no se había escuchado al Poder Judicial de la Federación, y aseguró que los derechos laborales serán respetados.
Gerardo Fernández Noroña, del PT, llamó "apátridas" y "traidores a los intereses del pueblo" a los integrantes de la oposición, "porque están a favor de intereses extranjeros y respaldan a Ken Salazar".
De último momento, los legisladores de Morena, PT y PVEM incluyeron la figura de los "jueces sin rostro" para protegerlos de integrantes del crimen organizado. La propuesta del diputado Salvador Caro y de la diputada Lidia García fue avalada y describe que "tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley."
Resumen de la reforma
La reforma plantea modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular y establece que se realizarán dos procesos para elegir a la totalidad de ministros, magistrados y jueces; uno el primer domingo de junio de 2025 y el otro en 2027.
Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes sean electos permanecerán en el cargo por un periodo que durará entre ocho y once años, con términos que vencerán en 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente, ya que el pleno se reduce de 11 a nueve integrantes.
El proyecto prevé la extinción de la Sala Regional Especializada del TEPJF a más tardar en septiembre de 2025. Las dos salas que tiene la SCJN serían eliminadas y solo se realizarían sesiones en el pleno, que deberán ser públicas y transparentes. También se contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y un tope salarial para que nadie gane más que el presidente de México.
Se sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial. La reforma establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para penales; prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Se ordena extinguir los fondos y fideicomisos del Poder Judicial para sumar esos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Condiciona a los actuales ministros que concluyan su cargo por no postularse o no haber sido electos, a recibir un haber de retiro solo si presentan su renuncia antes de la fecha de cierre de la convocatoria, el 31 de agosto de 2025.
Tras su aprobación en lo general, se procedió al debate en lo particular con 330 reservas. Una vez avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen se turna a la Mesa Directiva para que sea el pleno de la 66 Legislatura el encargado de llevarlo a discusión y votación.