Gobierno asignó de forma directa obras a empresas descalificadas
Resumen:
Monto de contratos fue de 4 mil 542 mdp sólo en 2023; expertos: esquema encubre la corrupción
Transcripción:
Monto de contratos fue de 4 mil 542 mdp sólo en 2023; expertos: esquema encubre la corrupción
Un total de 117 proveedores de obra pública descalificados en concursos de licitación del gobierno federal en 2023 fueron contratados por adjudicación directa para la misma obra que perdieron.
Especialistas aseguran que es un modelo de simulación que facilita o encubre la corrupción.
Doce dependencias federales y siete gobiernos estatales asignaron 151 obras por mil 542 millones de pesos, sin contar el IVA.
Entre los beneficiados hay empresas que fueron inhabilitadas o cuyos accionistas son exfuncionarios de áreas de licitaciones. Obras del Parque del Jaguar y del Archivo Agrario, entre otras, se contrataron bajo este esquema.
El gobierno federal entregó obras por adjudicación directa a proveedores que habían sido descalificados en el concurso de licitación; el monto alcanza los 4 mil 542 millones de pesos, sólo en 2023.
Más de un centenar de proveedores descalificados de concursos de licitación pública por no acreditar capacidad técnica, administrativa y económica o por rebasar el techo presupuestal, fueron contratados por adjudicación directa para realizar la misma obra que habían perdido durante el proceso de competencia.
Bajo este esquema, 12 dependencias del gobierno federal y siete gobiernos estatales asignaron 151 obras públicas por un monto de 4 mil 542 millones de pesos sin contar el IVA, en 2023. Son al menos 117 proveedores que no ganaron la licitación inicial, pero sí obtuvieron el contrato de la obra.
Entre los proveedores beneficiados hay una empresa que fue inhabilitada en 2018 por la Secretaría de la Función Pública; otra fue señalada de recibir pagos duplicados y sin justificar por el Órgano Interno de Control del IMSS; y una más fue observada por la Auditoría Superior de la Federación. Tres compañías tienen como accionistas a exservidores públicos del gobierno federal que trabajaban en áreas de licitaciones.
Hay seis empresas que fueron creadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Cuatro de cada 10 contratos adjudicados bajo esta modalidad se firmaron en un plazo de entre uno y diez días a partir de que se declaró desierta la licitación. Hay 27 contratos en los que el monto aumentó al cambiar la forma de contratación.
En cada uno, el incremento fue hasta por 4 millones de pesos.
Con este esquema, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contrató infraestructura hidráulica para el Parque Ecológico del Lago Texcoco, el Acueducto El Salto, en Jalisco; la presa Santa María, en Sinaloa; la presa El Cuchillo, en Nuevo León y el proyecto Agua Saludable para la Laguna, en Durango y Coahuila, entre otras.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por su parte, concentró este mecanismo en obras del Programa de Mejoramiento Urbano. Así benefició a proveedores para construir el Mercado del Bienestar Maya, el Parque del Jaguar, en Quintana Roo; la museografía del Museo del Mamut y de Arqueología, en Estado de México, así como varios contratos para la supervisión de la albañilería del Nuevo Archivo General Agrario, en la Ciudad de México.
Las cinco dependencias federales que más utilizaron este modelo fueron Conagua, Sedatu, IMSS, ISSSTE e INAH. Los gobiernos de Tabasco, Estado de México, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León también contrataron obra con este esquema.
El gobierno utilizó la excepción legal del artículo 42, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que permite contratar por adjudicación directa tras declarar desierta una licitación pública. La ley no menciona la contratación de un proveedor previamente descalificado.
Para este trabajo se revisaron 381 contratos de obra pública en los que se utilizó el artículo antes citado.
Uno por uno se revisaron los procesos de contratación: las bases de las convocatorias, actas de apertura de propuestas técnicas y económicas, fallos, justificación a la excepción y actas de adjudicación, entre otros.
En 40% de los casos revisados para esta investigación, las dependencias contrataron un proveedor que ya había sido desechado en la licitación previa. En 26%, se adjudicó a un proveedor nuevo, y 34% no se encontró suficiente información disponible para revisar el proceso de contratación completo.
Dos expertos anticorrupción entrevistados aseguraron que este es un modelo de simulación.
Se cae un puente.
En diciembre de 2022, cinco vigas de 38 metros de largo que sostenían un puente vehicular en reconstrucción colapsaron sobre la carretera que conecta Mazatlán con Culiacán, Sinaloa.
La obra se desplomó cuando llevaba casi el 80% de avance.
El paso de automóviles y camiones de carga en el puente El Quelite se había dañado un año antes por los efectos del huracán Nora; por eso, con recursos federales, el gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, encargó su reconstrucción a Grobson, S. de R.L., una empresa originaria de Hermosillo, Sonora, con escasa experiencia en obras de esta magnitud y con trabajos de pavimentación de calles y construcción de viviendas de interés social, según los registros públicos que se consultaron para este trabajo.
El retraso de la obra complicó el tránsito entre las dos ciudades más grandes de Sinaloa: Culiacán, la capital del estado, y Mazatlán, la joya turística del noroeste de México.
El colapso del puente no afectó negativamente la trayectoria de la compañía en la contratación pública. Apenas seis meses después del derrumbe, Grobson obtuvo una obra de mayor complejidad.
En junio de 2023, Conagua lanzó una licitación pública para construir los canales de riego de la presa Santa María, en Sinaloa. Al concurso se inscribieron 26 proveedores, pero la Conagua descalificó a todos y declaró desierta la licitación.
Grobson no logró ganar el concurso porque no acreditó la experiencia y especialidad de mínimo cinco años en obras de la misma naturaleza, se lee en los documentos.
Su personal tampoco demostró experiencia en obras similares o preparación técnica con cursos, talleres o diplomados relacionados con la infraestructura hidráulica. De un máximo de 50 puntos, Grobson apenas obtuvo 28.6, no logró el puntaje mínimo.
A pesar de la calificación tan baja, días después de declarar desierta la licitación, la Conagua decidió adjudicar la obra a Grobson de forma directa. En los cinco días que pasaron entre el fallo de la licitación y la adjudicación, la Conagua volvió a evaluar a la compañía y ahora sí su personal contaba con la capacitación y experiencia mínima, lo que le valió un aumento de nueve puntos en su calificación. De esta forma, la constructora sonorense obtuvo el puntaje mínimo y consiguió el contrato de 346.7 millones de pesos.
Lo que no suena lógico.
Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y presidente de la organización civil Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, considera que este esquema refleja una práctica de simulación en el gobierno federal para beneficiar a proveedores directos.
"Resulta poco lógico o poco razonable que el adjudicado sea alguien que participó en la licitación pública desierta, inclusive con una oferta mayor a la que el participante ofreció en la licitación. A mí me parece que esto es una práctica de simulación", advierte.
El experto en fiscalización indica que este esquema se vale de lagunas de la ley para, probablemente, simular licitaciones y encubrir posibles actos de corrupción.
Al respecto, Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, afirma que esto se trata de un proceso irregular.
"Sí hay una simulación; por ningún motivo es normal que un posible proveedor pierda la licitación y luego se le dé por adjudicación directa. Con reglas muy establecidas, en un proceso competitivo perdió; después quitas el proceso competitivo y a uno de tus perdedores le das una adjudicación directa, es una simulación", subraya tajante.
Las observan en el IMSS, el ISSSTE las premia.
El pasado cuestionable de las compañías no es impedimento para que gocen de este mecanismo de adjudicación directa.
En el sismo de 2017, el Hospital General 32, de la Ciudad de México, resultó dañado, y el IMSS le encargó a la empresa Corpomara Constructores, S.A. de C.V., su rehabilitación.
Le dio un plazo de seis meses y le asignó un presupuesto de 159.8 millones de pesos, pero cuando el Órgano Interno de Control (OIC) auditó la obra, halló que el costo se duplicó y su construcción se prolongó por más de un año y medio. Al comenzar la pandemia por Covid-19, el hospital seguía en construcción.
El antecedente no fue impedimento para que entre mayo y junio de 2023, el ISSSTE adjudicara dos nuevos contratos a Corpomara para rehabilitar 11 clínicas en la Ciudad de México y tres hospitales en Veracruz y Michoacán.
Corpomara fue descalificada de las licitaciones porque presentó documentos incompletos o ilegibles.
Las otras diez participantes también fueron eliminadas. El ISSSTE declaró desiertos los concursos, pero en menos de un mes le adjudicó a Corpomara los dos contratos por una suma de 67.6 millones de pesos.
Otro caso. En noviembre de 2017, la Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó un aviso en el que prohibía a dependencias contratar a la empresa Ruiz San Constructores, S.A. de C.V., por un periodo de tres meses, aunque no se expusieron los motivos de la inhabilitación.
En 2023, una vez terminada su inhabilitación, la compañía participó en licitaciones organizadas por el ISSSTE.
En ninguno de ellos, Ruiz San Constructores logró el puntaje mínimo: incumplió con documentos técnicos y económicos, y sus propuestas fueron desechadas durante el concurso. Al final, la licitación se declaró desierta. Sin embargo, entre cinco y 10 días hábiles después del fallo, el ISSSTE le adjudicó de forma directa los cuatro contratos por 15.2 millones de pesos para supervisar trabajos de conservación en estancias infantiles y clínicas en Sinaloa, Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Colima y Baja California.
Se buscó a la Conagua, IMSS, ISSSTE y Sedatu, las dependencias que más utilizaron este modelo para conocer su postura. El IMSS argumentó que sus contrataciones se hicieron conforme a la ley. La Sedatu reconoció 12 de los 13 contratos, pero no dio elementos de argumentación. Hasta el cierre de edición, sólo el IMSS y Sedatu respondieron. También se llamó vía telefónica y se envió un correo a las tres compañías mencionadas.
Por el tamaño de la base de datos de CompraNet no fue posible analizarla en su totalidad. No se descarta que este modelo de presunta simulación se repita en otros años y procesos de compras del gobierno federal.
Un total de 117 proveedores de obra pública descalificados en concursos de licitación del gobierno federal en 2023 fueron contratados por adjudicación directa para la misma obra que perdieron.
Especialistas aseguran que es un modelo de simulación que facilita o encubre la corrupción.
Doce dependencias federales y siete gobiernos estatales asignaron 151 obras por mil 542 millones de pesos, sin contar el IVA.
Entre los beneficiados hay empresas que fueron inhabilitadas o cuyos accionistas son exfuncionarios de áreas de licitaciones. Obras del Parque del Jaguar y del Archivo Agrario, entre otras, se contrataron bajo este esquema.
El gobierno federal entregó obras por adjudicación directa a proveedores que habían sido descalificados en el concurso de licitación; el monto alcanza los 4 mil 542 millones de pesos, sólo en 2023.
Más de un centenar de proveedores descalificados de concursos de licitación pública por no acreditar capacidad técnica, administrativa y económica o por rebasar el techo presupuestal, fueron contratados por adjudicación directa para realizar la misma obra que habían perdido durante el proceso de competencia.
Bajo este esquema, 12 dependencias del gobierno federal y siete gobiernos estatales asignaron 151 obras públicas por un monto de 4 mil 542 millones de pesos sin contar el IVA, en 2023. Son al menos 117 proveedores que no ganaron la licitación inicial, pero sí obtuvieron el contrato de la obra.
Entre los proveedores beneficiados hay una empresa que fue inhabilitada en 2018 por la Secretaría de la Función Pública; otra fue señalada de recibir pagos duplicados y sin justificar por el Órgano Interno de Control del IMSS; y una más fue observada por la Auditoría Superior de la Federación. Tres compañías tienen como accionistas a exservidores públicos del gobierno federal que trabajaban en áreas de licitaciones.
Hay seis empresas que fueron creadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Cuatro de cada 10 contratos adjudicados bajo esta modalidad se firmaron en un plazo de entre uno y diez días a partir de que se declaró desierta la licitación. Hay 27 contratos en los que el monto aumentó al cambiar la forma de contratación.
En cada uno, el incremento fue hasta por 4 millones de pesos.
Con este esquema, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contrató infraestructura hidráulica para el Parque Ecológico del Lago Texcoco, el Acueducto El Salto, en Jalisco; la presa Santa María, en Sinaloa; la presa El Cuchillo, en Nuevo León y el proyecto Agua Saludable para la Laguna, en Durango y Coahuila, entre otras.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por su parte, concentró este mecanismo en obras del Programa de Mejoramiento Urbano. Así benefició a proveedores para construir el Mercado del Bienestar Maya, el Parque del Jaguar, en Quintana Roo; la museografía del Museo del Mamut y de Arqueología, en Estado de México, así como varios contratos para la supervisión de la albañilería del Nuevo Archivo General Agrario, en la Ciudad de México.
Las cinco dependencias federales que más utilizaron este modelo fueron Conagua, Sedatu, IMSS, ISSSTE e INAH. Los gobiernos de Tabasco, Estado de México, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León también contrataron obra con este esquema.
El gobierno utilizó la excepción legal del artículo 42, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que permite contratar por adjudicación directa tras declarar desierta una licitación pública. La ley no menciona la contratación de un proveedor previamente descalificado.
Para este trabajo se revisaron 381 contratos de obra pública en los que se utilizó el artículo antes citado.
Uno por uno se revisaron los procesos de contratación: las bases de las convocatorias, actas de apertura de propuestas técnicas y económicas, fallos, justificación a la excepción y actas de adjudicación, entre otros.
En 40% de los casos revisados para esta investigación, las dependencias contrataron un proveedor que ya había sido desechado en la licitación previa. En 26%, se adjudicó a un proveedor nuevo, y 34% no se encontró suficiente información disponible para revisar el proceso de contratación completo.
Dos expertos anticorrupción entrevistados aseguraron que este es un modelo de simulación.
Se cae un puente.
En diciembre de 2022, cinco vigas de 38 metros de largo que sostenían un puente vehicular en reconstrucción colapsaron sobre la carretera que conecta Mazatlán con Culiacán, Sinaloa.
La obra se desplomó cuando llevaba casi el 80% de avance.
El paso de automóviles y camiones de carga en el puente El Quelite se había dañado un año antes por los efectos del huracán Nora; por eso, con recursos federales, el gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, encargó su reconstrucción a Grobson, S. de R.L., una empresa originaria de Hermosillo, Sonora, con escasa experiencia en obras de esta magnitud y con trabajos de pavimentación de calles y construcción de viviendas de interés social, según los registros públicos que se consultaron para este trabajo.
El retraso de la obra complicó el tránsito entre las dos ciudades más grandes de Sinaloa: Culiacán, la capital del estado, y Mazatlán, la joya turística del noroeste de México.
El colapso del puente no afectó negativamente la trayectoria de la compañía en la contratación pública. Apenas seis meses después del derrumbe, Grobson obtuvo una obra de mayor complejidad.
En junio de 2023, Conagua lanzó una licitación pública para construir los canales de riego de la presa Santa María, en Sinaloa. Al concurso se inscribieron 26 proveedores, pero la Conagua descalificó a todos y declaró desierta la licitación.
Grobson no logró ganar el concurso porque no acreditó la experiencia y especialidad de mínimo cinco años en obras de la misma naturaleza, se lee en los documentos.
Su personal tampoco demostró experiencia en obras similares o preparación técnica con cursos, talleres o diplomados relacionados con la infraestructura hidráulica. De un máximo de 50 puntos, Grobson apenas obtuvo 28.6, no logró el puntaje mínimo.
A pesar de la calificación tan baja, días después de declarar desierta la licitación, la Conagua decidió adjudicar la obra a Grobson de forma directa. En los cinco días que pasaron entre el fallo de la licitación y la adjudicación, la Conagua volvió a evaluar a la compañía y ahora sí su personal contaba con la capacitación y experiencia mínima, lo que le valió un aumento de nueve puntos en su calificación. De esta forma, la constructora sonorense obtuvo el puntaje mínimo y consiguió el contrato de 346.7 millones de pesos.
Lo que no suena lógico.
Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y presidente de la organización civil Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, considera que este esquema refleja una práctica de simulación en el gobierno federal para beneficiar a proveedores directos.
"Resulta poco lógico o poco razonable que el adjudicado sea alguien que participó en la licitación pública desierta, inclusive con una oferta mayor a la que el participante ofreció en la licitación. A mí me parece que esto es una práctica de simulación", advierte.
El experto en fiscalización indica que este esquema se vale de lagunas de la ley para, probablemente, simular licitaciones y encubrir posibles actos de corrupción.
Al respecto, Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, afirma que esto se trata de un proceso irregular.
"Sí hay una simulación; por ningún motivo es normal que un posible proveedor pierda la licitación y luego se le dé por adjudicación directa. Con reglas muy establecidas, en un proceso competitivo perdió; después quitas el proceso competitivo y a uno de tus perdedores le das una adjudicación directa, es una simulación", subraya tajante.
Las observan en el IMSS, el ISSSTE las premia.
El pasado cuestionable de las compañías no es impedimento para que gocen de este mecanismo de adjudicación directa.
En el sismo de 2017, el Hospital General 32, de la Ciudad de México, resultó dañado, y el IMSS le encargó a la empresa Corpomara Constructores, S.A. de C.V., su rehabilitación.
Le dio un plazo de seis meses y le asignó un presupuesto de 159.8 millones de pesos, pero cuando el Órgano Interno de Control (OIC) auditó la obra, halló que el costo se duplicó y su construcción se prolongó por más de un año y medio. Al comenzar la pandemia por Covid-19, el hospital seguía en construcción.
El antecedente no fue impedimento para que entre mayo y junio de 2023, el ISSSTE adjudicara dos nuevos contratos a Corpomara para rehabilitar 11 clínicas en la Ciudad de México y tres hospitales en Veracruz y Michoacán.
Corpomara fue descalificada de las licitaciones porque presentó documentos incompletos o ilegibles.
Las otras diez participantes también fueron eliminadas. El ISSSTE declaró desiertos los concursos, pero en menos de un mes le adjudicó a Corpomara los dos contratos por una suma de 67.6 millones de pesos.
Otro caso. En noviembre de 2017, la Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó un aviso en el que prohibía a dependencias contratar a la empresa Ruiz San Constructores, S.A. de C.V., por un periodo de tres meses, aunque no se expusieron los motivos de la inhabilitación.
En 2023, una vez terminada su inhabilitación, la compañía participó en licitaciones organizadas por el ISSSTE.
En ninguno de ellos, Ruiz San Constructores logró el puntaje mínimo: incumplió con documentos técnicos y económicos, y sus propuestas fueron desechadas durante el concurso. Al final, la licitación se declaró desierta. Sin embargo, entre cinco y 10 días hábiles después del fallo, el ISSSTE le adjudicó de forma directa los cuatro contratos por 15.2 millones de pesos para supervisar trabajos de conservación en estancias infantiles y clínicas en Sinaloa, Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Colima y Baja California.
Se buscó a la Conagua, IMSS, ISSSTE y Sedatu, las dependencias que más utilizaron este modelo para conocer su postura. El IMSS argumentó que sus contrataciones se hicieron conforme a la ley. La Sedatu reconoció 12 de los 13 contratos, pero no dio elementos de argumentación. Hasta el cierre de edición, sólo el IMSS y Sedatu respondieron. También se llamó vía telefónica y se envió un correo a las tres compañías mencionadas.
Por el tamaño de la base de datos de CompraNet no fue posible analizarla en su totalidad. No se descarta que este modelo de presunta simulación se repita en otros años y procesos de compras del gobierno federal.